Los colombianos tienen que alzar su voz de protesta y salir a las calles a mostrar inconformismo por la forma como la politiquería y la corrupción están depredando el territorio nacional
Humberto Polo Cabrera
Las noticias sobre las sequías y la escasez de agua en Colombia llevan a recordar en contraste la larga temporada invernal vivida entre 2010 y 2012, la cual afrontó el gobierno Santos en sus inicios de periodo, con grandes anuncios y promesas que solucionarían las inundaciones. Al poco tiempo se olvidaron y fue la naturaleza misma la que evidenció la incapacidad de los gobiernos y la política ambiental para manejar adecuadamente los retos que impone el cambio climático.
Hay que recordar que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos declaró la “emergencia económica, social y ecológica” y la “situación de desastre”, para afrontar la grave emergencia. El estado de excepción fue por 30 días, que podían prolongarse hasta 90 por las lluvias e inundaciones, catalogadas como las peores en los últimos 40 años en Colombia.
En esa época el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su informe emitido el 12 de agosto de 2010 indicó que los damnificados por las lluvias eran 10.303 personas, en total 1.819 familias; 160 familias que representan 800 personas pertenecen a comunidades indígenas; 9 viviendas destruidas; 172 casas afectadas y 165 semidestruidas.
El 75% de la población rural del municipio de Maicao quedó damnificado. Estos datos en lo relacionado con La Guajira, centro de las noticias hoy por la sequía.
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) se pregunta hoy: ¿Cuál es el estado de las obras y medidas que se adoptaron para evitar los desastres por inundaciones en el país y que fueron anunciados por el gobierno Santos? Hay que tener presente que igual que en 2010 el nuevo gobierno del reelecto presidente Santos arranca en esta ocasión en medio de un largo periodo de sequía y escasez de agua, que ya muestra estragos en la población y en la economía del país.
Fracaso anunciado
La crisis que afrontan diversas regiones del país hoy por la severa sequía y el desabastecimiento de agua potable, como consecuencia del llamado Fenómeno de El Niño, al cual se le culpa de todos los desastres ambientales en este país y con el cual se oculta el fracaso de la política ambiental, el mal manejo del recurso hídrico y la grave afectación que ha traído la intensificación de la extracción de recurso naturales como el petróleo, el carbón, el oro, la madera y otros que están acabando páramos, bosques y ecosistemas estratégicos para la conservación y mantenimiento del recurso hídrico; son una muestra del fracaso de la política gubernamental para la sostenibilidad del medio ambiente, el agua y la vida.
La agroindustria y la agricultura intensiva desarrollada sin tecnificación alguna son las otras actividades que se apropian del recurso hídrico de forma ilegal en la mayoría de los casos, sin que las autoridades ambientales regionales actúen en la regulación del uso y mucho menos en la mitigación de los estragos que generan estas actividades sobre el medio ambiente como la desertificación del suelo, la pérdida de la vegetación nativa y la biodiversidad; así como el uso de caudales de agua sin ningún control y sin ninguna contribución para remediar los daños que ocasiona al medio ambiente.
Los colombianos tienen que alzar la voz de protesta y salir a las calles a mostrar inconformismo por la forma como la politiquería y la corrupción están depredando al país, saqueando los recursos naturales sin ninguna consideración, haciendo de los páramos y montañas desiertos para la muerte. Esto no se justifica cuando Colombia cuenta hoy con tres mil mm/año de agua atmosférica, 2.112 Km3/año de agua superficial, 158 mil Km3/año de agua subterránea y 929 mil Km3 de agua oceánica y marina.
La crisis de escasez de agua y sequía es un mal crónico que afrontan los colombianos como consecuencia de la carencia de una política pública ambiental cierta, y no demagógica y mediática como la que está proponiendo el gobierno; cargándole la responsabilidad al pueblo colombiano, eximiendo a las transnacionales petroleras, carboneras y mineras de ella, así como las transnacionales agroindustriales, que son las que están ocasionando los desastres ambientales más severos del país.
La CUT exige al gobierno nacional la construcción de una política pública ambiental de administración de los recursos naturales y el agua, que consulte los verdaderos intereses del pueblo colombiano y no una política para la corrupción y el despojo de la riqueza natural. Teniendo presentes los dos fenómenos naturales que le ha correspondido vivir en carne propia, sería de tontos no tomar las medidas correctivas que a futuro impidan repetir estos desastres con las concebidas consecuencias para la población más vulnerable del país.
