Mientras se publican informes sobre el robo sistemático de las EPS al sistema, el Senado no avanza en la discusión de la reforma, única manera de controlar los recursos y garantizar el derecho
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025, fueron realizadas por la Contraloría General de la República a la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS.
Entre los hallazgos, el ente de control fiscal informó haber encontrado un “Incremento desmesurado de anticipos (dinero entregado por adelantado a prestadores de servicios de salud) en Nueva EPS: a junio de 2025, los pendientes por legalizar suman $15,27 billones, $6,6 billones más que en 2024. Este crecimiento afecta la liquidez institucional y eleva el riesgo de un posible detrimento patrimonial.
“A marzo de 2025, las cuentas por pagar en Nueva EPS alcanzan $21,37 billones, lo que pone en riesgo su sostenibilidad financiera y la del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que cubre cerca del 22% de la población afiliada. Además, se registran $10,5 billones en anticipos pendientes por legalizar y $8,7 billones en facturas por procesar”, resumió la Contraloría en mensajes de Equis.
Reacciones oficiales
El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en la misma red social reaccionó: “Durante años se ocultó una verdad dolorosa: la salud fue saqueada. No con un decreto, sino con engaños y silencios. Se desviaron recursos mientras millones de colombianos seguían esperando atención. Hoy sabemos que 12 millones de facturas fueron escondidas para maquillar la realidad de la NUEVA EPS. No fue descuido, fue un desfalco contra el Estado y contra la salud de la gente. Este Gobierno decidió hablar claro, intervenir y enfrentar a quienes convirtieron la salud en un botín”.
Asimismo, ante los medios de comunicación, Jaramillo expresó que las EPS no pudieron demostrar qué hicieron con 6,8 billones de pesos en 2020, ni con 3,8 en 2021 y, tampoco se sabe dónde están $1,8 billones de los recursos públicos, de 2022. Como si fuera poco, que si a esto se suman los dineros que hacen falta de otros años, dan casi $16 billones perdidos por los cuales estas empresas no dan razón.
Con base en esto, afirmó que el propósito del Gobierno es que a hospitales y clínicas les llegue directamente el dinero para que den el servicio.
Por la tangente
Los partidos políticos del Establecimiento, con sus gremios económicos y grandes medios de comunicación, también reaccionaron y, como si no tuvieran responsabilidad en la creación y el sostenimiento del sistema, culparon al Gobierno de la crisis argumentando que es por desfinanciamiento y por las intervenciones a las EPS.
El periodista Jorge Espinosa, de Caracol Radio, citando el informe de la Contraloría dijo para culpar al Gobierno, que en los últimos 27 meses -antes y durante la intervención-, el pasivo había aumentado 198%… “solo en el Plan de Beneficios en Salud se registró un incremento del 208,2%”. A lo que apostó dos hipótesis: la deficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, o ineficiencia en el control del gasto.
El comunicador fue secundado por Bruce Mac Master, presidente de la ANDI: “La situación de la nueva EPS, especialmente después de su intervención, así como la situación de todas las otras intervenciones, requerirá de un gran escrutinio público, y de los entes de control”.
Agregó que el Gobierno se ha empeñado en quebrar el sistema y que una de sus posibles explicaciones es concebir la salud como una herramienta electoral, y de acumulación de recursos y de poder.
Propuestas de solución
A su turno, Petro calificó las palabras de Mac Master como falsedades retóricas y evidenció que los administradores de la Nueva EPS de 2018 a 2022 eran los mismos, que la deuda es tan grande que la intervención no la solucionaría y que buscan que el Gobierno pague la deuda de los empresarios: “Cambiar el régimen es fundamental y el Congreso agota el tiempo de manera muy miserable”.
Con base en las cifras de la Contraloría, el presidente Gustavo Petro expresó que el desastre es el modelo en el que empresas manejan dineros públicos sin control: “Sistema de EPS intermediaria de recursos financieros con aseguramiento, no sirve. Nunca sirvió”.
En ese sentido, hizo énfasis en el proyecto de reforma a la salud, que no avanza su discusión en el Senado, para que los recursos se giren directamente a las IPS. “Es algo que ya se hace en las EPS intervenidas, aunque falta mucho, pues hay una deuda de la Nueva EPS de $5 billones a clínicas y hospitales”.
Dilaciones en el Senado
Lo paradójico es que mientras el debate se da entre congresistas, miembros del Ejecutivo, empresarios y periodistas en los mass media y en las redes sociales, los encargados de discutir y aprobar la reforma a la salud no han comenzado a hacerlo.
Así lo corrobora Omar de Jesús Restrepo Correa, senador e integrante de la Comisión Séptima por el Partido Comunes, quien asegura que el proyecto lleva varios meses estancado en ese espacio legislativo, donde no se le ha dado el primer debate.
Quienes apoyan la reforma a la salud presentaron ponencia positiva, pero quienes se oponen, no han presentado alguna.
Según el senador, hay senadores de partidos como el Conservador, Colombia Justa Libres, Mira y el Centro Democrático que se oponen, tienen objeciones y han presentado proposiciones. También han pedido escuchar a los ministros de Hacienda y Salud para tener claridades acerca de las fuentes de financiamiento del nuevo modelo, audiencias en las que el Gobierno ha aclarado de dónde saldrán los recursos.
Luego de estas, han asegurado tener reparos y piden tiempo para presentar ponencias, sin que hasta el momento lo hayan hecho.
Por ahora, mientras el tiempo corre, miles de personas mueren por falta de atención o medicamentos, millones continúan sin atención y las EPS amasan fortunas con el dinero de los colombianos; el Senado no aprueba una reforma que pueda hacer un cambio drástico en el modelo de salud, uno sin intermediarios financieros y que garantice la salud como derecho universal para todos y todas las colombianas.
