Sobrecarga laboral en el ICBF

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El sindicato tuvo que salir a las calles para que fueran atendidas sus exigencias por parte de la administración. Foto cortesía

Las manifestaciones lograron unas mesas de diálogo para encontrar soluciones a una vieja problemática, aunque el conflicto de fondo continúa

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

Fue necesario un cese de actividades desde el 27 de abril hasta el 4 de mayo, para que la administración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se sentara a la mesa a buscar soluciones a una vieja problemática de la planta laboral.

Las manifestaciones de los miles de trabajadores en todo el país, en las que hubo marchas, mítines y toma de vías, colapsaron la atención del Instituto en un 95%. No obstante, la administración de la entidad se sentó a negociar hasta que estas se suspendieron.

El llamado a paro se dio por un antiguo conflicto al que diferentes direcciones del ICBF le han tomado del pelo o han dilatado sus soluciones, y está relacionado con el déficit en la planta de personal y las malas condiciones en las que deben laborar muchos de los funcionarios y empleados de esta entidad. Situación que se agravó con la Ley 2126 de 2021 que le quitó competencias a las Comisarías de Familia y se las pasó a las Defensorías del ICBF, aunque sin aumentar la planta de personal.

El qué y el cómo del ICBF

En primer lugar, hay que tener en cuenta que como lo dice su página web: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia (…) llegando a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes regionales y 215 centros zonales en todo el país”.

Y, en segundo lugar, es necesario tener en cuenta que para el cumplimiento de sus objetivos el ICBF tiene más de 11.400 trabajadores de planta: provisionalidad y carrera administrativa. Además, hay más de 700 contratistas que realizan labores misionales y tienen relaciones de subordinación.

“Tienen contrato realidad porque cuentan con contrato de prestación de servicios y tienen que cumplir horarios. Esa fue la manera como se impuso la administración en este paro, presionándolos a ellos para que realizaran nuestras funciones mientras nosotros estábamos en las manifestaciones”, explicó a VOZ Jorge Andrés Cano, vicepresidente de la subdirectiva Antioquia de Sintrabienestar, sindicato con más de cuatro mil afiliados.

El dirigente sindical manifestó que entre los orígenes de la problemática están los malos manejos de los dineros de los niños y del funcionamiento de la institución, que afecta el bienestar de los trabajadores: “Se afectan derechos como contar con un espacio adecuado para trabajar”.

Los profesionales

Los profesionales del ICBF son principalmente abogados especializados en derecho de familia y penal; también hay sicólogos, ingenieros de sistemas, sociólogos y trabajadores sociales.

“Hay unos equipos interdisciplinarios llamados biopsicosociales, compuestos en su mayoría por nutricionista, sicólogo, trabajador social y abogado defensor de familia. Aparte, hay apoyos con sociólogos, pedagogos, personal administrativo y técnicos. Con lo poco que tenemos intentamos brindar cobertura en todo el país”, comentó Andrés Cano.

Y es justamente este uno de los temas que originó la protesta: la falta de solución a que el 90% de los equipos están incompletos y algunos profesionales deben atender más de dos equipos: “La carencia principal es a nivel de nutricionistas, lo cual es grave porque trabajamos con población vulnerable, estratos 0, 1, 2 y 3 que de pronto carecen de garantías alimentarias”, señaló Cano.

Otro de los puntos de la problemática es que desde hace tres o cuatro años hay 940 vacantes de pensionados, retirados o fallecidos, que eran de carrera administrativa, y que no han sido reemplazados ni se sacan sus plazas a concurso: “Eso no tiene lógica. Necesitamos trabajadores y el ICBF no ejecuta esos cargos. Adicional a eso hay un estudio de cargas, realizado por el mismo instituto durante la pandemia, cuando el país estaba encerrado, que evidenció la necesidad de cuatro mil trabajadores más en la planta para cubrir la demanda.

“Necesitamos esos puestos. En realidad, creo que lo que faltan son unos ocho mil trabajadores para cubrir las necesidades de la población. Pero desafortunadamente por las malas ejecuciones o por la falta de buenas administraciones no lo han solicitado. El Estado ahora nos quiere acallar esas denuncias, pero no escuchan las necesidades de los centros zonales, de los regionales”, señaló el dirigente sindical de Antioquia.

Manifestación de trabajadores frente a la sede nacional del ICBF. Foto cortesía

El presupuesto

Ahora bien, desde las administraciones se ha argumentado que hay un problema de falta de presupuesto. En ese sentido, la semana pasada la directora del ICBF Lina Arbeláez dijo que el Gobierno nacional asignó a esa entidad una adición de 220 mil millones de pesos al presupuesto para 2022.

Arbeláez expresó: “El Gobierno Nacional reconoce que la inversión en la niñez es fundamental para el desarrollo del país y por ello, como muestra de su compromiso en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el DAPRE con el ICBF, se logró un incremento del 2.8% en el presupuesto del instituto que nos permitirá seguir garantizando los derechos, la dignidad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país”.

Para el dirigente sindical esos son paños de agua tibia si se tiene en cuenta la magnitud del problema, porque no se le puede echar la culpa solo al Gobierno, “la administración también lo está haciendo mal. Solamente en Antioquia el año pasado devolvieron casi 12 mil millones de pesos que no se ejecutaron y que estaban destinados a la primera infancia. ¿Será que aquí los niños no necesitan más ayuda a nivel alimentario? Vemos que la gente pasa necesidades en las casas y se devuelve el dinero”.

Esa fue la acumulación de problemas que produjeron que los funcionarios y empleados estuvieran en paro, no obstante: “La administración nos dijo que el Gobierno no les permitía negociar con quienes estuvieran en cese de actividades. Se sentaron, pero no le dieron el tinte de negociación y pusieron como condición suspender el paro. Se establecieron unas mesas de trabajo para tratar de encontrar algunas soluciones”

Primer acuerdo

Los trabajadores aceptaron y uno de los primeros acuerdos fue cubrir 340 cargos de las 940 vacantes. Asimismo, en mesas de trabajo se decidirá cómo ejecutar los otros 600 y, entre otras discusiones, se analizará la nueva normatividad que le da al ICBF responsabilidades de las Comisarías de Familia; lo cual, ante la falta de personal, colapsa la capacidad del Instituto y produce más sobrecarga laboral.

Sin embargo, en palabras de Andrés Cano sobre las condiciones laborales para los actuales funcionarios y empleados, no se ha conseguido nada en los diálogos, “porque la respuesta es que no hay dinero, y al presupuesto que se tenía para eso no se le ha dado el manejo adecuado. No contamos con sillas ergonómicas, con computadores adecuados, no contamos con buen operador de internet y en los sitios donde hay forma de contratarlo, no se contrata. En ese punto no se consiguió nada”.

Aun así, el dirigente sindical indicó que sí sirvió haber salido a las calles porque inmediatamente mandaron a hacer el estudio para cubrir las vacantes. Y aunque hay negociaciones en mesas y de estas puedan surgir algunas soluciones, los problemas de fondo en esta institución continúan.

“Llegue el gobierno que llegue, desde el mundo sindical nos tocará dar la lucha para que nos arreglen esos problemas. Esperamos que el nuevo gobierno logre entender que la gente cuando sale a la calle es por sus necesidades, y que sea capaz de garantizarnos los derechos de un sistema que es la insignia de las familias de Colombia”, concluyó el vicepresidente de la subdirectiva Antioquia de Sintrabienestar, Andrés Cano.