Las más recientes decisiones judiciales en Colombia y otros países de América Latina, plantean el reto de reflexionar y sistematizar la experiencia sobre la cuestión del fenómeno jurídico, en el contexto de la lucha de clases y su tensión con la legalidad burguesa
Pietro Lora Alarcón
En los últimos meses varios tribunales y el Consejo Nacional Electoral, CNE, han proferido fallos trascendentales y determinantes para los rumbos de la acción política. El 1º de agosto, la magistrada Sandra Liliana Heredia, decidiendo corajudamente, condenó en primera instancia al expresidente Uribe a 12 años de prisión, inhabilitándolo para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 100 meses.
La condena al expresidente Uribe
Uribe es el primer expresidente condenado en la historia nacional. La magistrada justificó la necesidad de la prisión para evitar la percepción negativa de que las personas pueden continuar en libertad pese a una condena, reproduciéndose en la sociedad colombiana la idea errada de que la igualdad ante la ley no existe. Sin embargo, el 18 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia determinó la excarcelación de Uribe. Es decir, podrá recorrer en libertad, sin que esta decisión cambie que jurídicamente está condenado.
Por otro lado, el mismo día, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, como órgano competente en la justicia de transición resultante del Acuerdo de Paz del 2016, emitió sentencia por 135 falsos positivos en el Caribe colombiano, condenando a 12 comparecientes miembros de la fuerza pública.
Un día antes, el miércoles 17, el Consejo Nacional Electoral, que no es un órgano que haga parte del poder judicial, y que es conformado por 9 miembros elegidos por el Congreso e indicados por los partidos, formalizó su decisión de excluir a Colombia Humana y a Progresistas del Pacto Histórico, ocasionado una grave lesión a los derechos de participación política.
No se niega que los derechos fundamentales puedan tener restricciones, pero estas solamente tienen sentido cuando objetivamente ocasionen riesgos a derechos de otros. En el caso decidido por el CNE, se podría pensar en restricciones cuando una agrupación política atente contra la democracia, la seguridad nacional o la paz. Sin duda, no es el caso del Pacto Histórico.
Abordar decisiones de jueces, tribunales y consejos, que tienen la capacidad de ampliar, reducir o eliminar derechos, en una perspectiva orientada por la efectividad de los intereses del pueblo, es algo desafiante porque, a diferencia de los llamados poderes ejecutivo y legislativo, donde el debate es franco y abierto, históricamente el liberalismo ha difundido la visión de que el poder judicial debe permanecer separado del pueblo, en una aparente burbuja de neutralidad, amparada por un saber especializado y para pocos. El derecho es concebido como un conjunto de normas fetichizadas, ajenas al desarrollo de la lucha entre clases.
Un poco de historia
Nada más distante de la realidad, especialmente cuando partimos de un enfoque científico y crítico. Marx, en 1843, en su Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel y, después, Engels y Kautsky en ‘El Socialismo Jurídico”, en 1886, desnudaron la naturaleza real de las normas, inaugurando estudios perfeccionados por juristas como Pachukanis y Stucka sobre las libertades ficticias en la sociedad capitalista.
La cuestión central, en el diseño del fenómeno jurídico en la sociedad de clases, consiste en que la lucha debe ser “legalizada”, es decir, las formas de lucha de la clase subordinada solamente son admitidas, si observan los límites impuestos por las normas establecidas por la clase dominante.
Prácticamente desde el surgimiento del estado liberal constitucionalizado, en el siglo XVIII, la clase obrera y sus aliados emprendieron la lucha por quebrar la hegemonía burguesa en el parlamento y el ejecutivo. El poder judicial permaneció blindado, inexpugnable, pero decisivo para punir auxiliado por las fuerzas armadas y de policía.
La continuidad de la lucha popular permitió extrapolar los límites de la legalidad impuesta. En la movilización callejera, combinando resistencia e insurrección, se construyó la historia de los derechos fundamentales, a pesar de la imposición de duras penalidades a la clase obrera.
Colombia sigue en la lucha por los derechos políticos
En Colombia, la lucha política gira alrededor de la consolidación del instrumento que permita no sólo afirmar la unidad de la izquierda, sino convocar a la organización popular, para una dinámica movilizadora sistemática y sustentable en sentido transformador estratégico.
Esa condición actual, agudiza la disputa en las entrañas y ramificaciones del Estado, incluso en las instancias de decisión. En el caso del poder judicial o del CNE, que constituyen niveles de existencia institucional, sus miembros no son impermeables a las relaciones de clase, porque el ámbito jurídico no funciona en el vacío. Las decisiones configuran expresiones, en varios ámbitos, del momento que atraviesan tales relaciones.
La extrema derecha y sus manipulaciones
No es de hoy, que la extrema derecha intenta o manipula decisiones, para que ningún actor judicial interprete favoreciendo intereses populares. Aunque, como confirma la magistrada Sandra, exista también una filosofía de lo justo, que mantiene vivos derechos y garantías. Desde luego, analizadas caso a caso, la Corte Suprema y la propia decisión de la JEP, condensan también escenarios de lucha.
El CNE aplicó la regla: ¡bienvenidos a la fiesta de la democracia formal, porque la real depende de respetar límites! El problema es que el CNE para aplicarla tuvo que sacrificar la substancia de los derechos políticos y de la propia democracia para entonces conseguir legalizar la fragmentación que tanto le interesa a la derecha.
La derecha y el CNE saben que el Pacto Histórico es ya la primera fuerza política del país. Que es, legítimamente, aunque no lo reconozca la legalidad del CNE, un partido-movimiento-instrumento de acción popular. Y saben que no la tienen clara en el 2026 porque el gobierno, al que no han querido dejar gobernar, gobierna, y peor, con éxito.
