Sigue la movilización: Diálogo agrario abierto

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Foto Juan Carlos Hurtado

Se acuerda iniciar un intercambio directo entre la MIA y el gobierno nacional. La protesta no se agota

Hernán Camacho

Los voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Nacional de Interlocución y Acuerdo, MIA, firmaron el pasado domingo un acuerdo con la Vicepresidencia de la República y los gobernadores de Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Meta, Tolima y Huila para iniciar un diálogo directo que dé respuestas al pliego de peticiones radicado por los campesinos y finalizar así el paro agrario nacional, que aún no se ha levantado.

Los veintiún días de paro, concentraciones y movilizaciones dejaron un balance político más que satisfactorio para las organizaciones sociales, agrarias y populares participantes. Hacer evidente la realidad del campo colombiano y la necesidad de entregarle una solución de fondo al problema estructural de la tierra, su tenencia, la ausencia de política pública de desarrollo integral del agro para la inmensa mayoría de campesinos, y los leoninos tratados de libre comercio son algunos de los temas con los cuales se solidarizaron los colombianos y acompañaron las peticiones campesinas.

La tozudez oficial

No obstante, las cifras del paro en materia de garantías para la protesta, dista mucho del concepto de democracia en cualquier país. Según las oficinas de derechos humanos acompañantes en el paro, el saldo es lamentable: 660 casos de violaciones de derechos humanos, 485 heridos fruto de las arremetidas violentas de la fuerza pública contra las concentraciones campesinas, 12 campesinos asesinados en medio de los enfrentamientos con la Policía Nacional o el Ejército, referenciando de manera grave lo sucedido en el departamento de Cauca y Tolima. Detenciones fueron 262 entre ellas la del vicepresidente de Fensuagro, y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Huber Ballesteros en lo que han denominado una retaliación oficial contra Marcha Patriótica y los campesinos organizados de Colombia.

“No se puede entender cómo la protesta campesina para reclamar los mínimos derechos de subsistencia deja semejantes números. El tratamiento a la protesta en Colombia es militar y eso debe ser un cobro político para el gobierno de Juan Manuel Santos, que habla de paz pero actúa como en la guerra”, manifestaron algunos de los voceros campesinos que acompañaron las discusiones en Popayán.

Las peticiones en firme

Se despejan las concentraciones pero no se levanta el paro, dijeron los voceros de la MIA, que están a la espera de abordar de manera seria con el gobierno los seis puntos del pliego: implementar medidas para la crisis del agro colombiano, garantizar el acceso a la propiedad, reconocer la territorialidad campesina, garantías de participación campesina y pequeños mineros en la política minera, garantizar para el ejercicio político del campesinado, inversión en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Al margen del “Pacto Nacional Agrario”, propuesto por el ejecutivo en donde se está invitando a los sectores agro industriales cercanos al presidente Santos, a pactar políticas públicas en ausencia de los marginados de esas políticas, los campesinos protagonistas del paro preparan la Cumbre Nacional Agraria.

La MIA, ha invitado a buena parte del sector agrario ligado a los 17 departamentos participantes en la protesta a conformar una Cumbre que le entregue soluciones estructurales a la crisis del campo acudiendo a los conocimientos sociales y populares de esos sectores marginados de Colombia.

“No participaremos en el denominado Pacto Nacional Agrario, por no reflejar los interes es del campesinado. No conocemos los objetivos del Pacto, no tenemos claridad de lo que se pretende con ello. La cumbre si tiene un objetivo claro para el campesinado colombiano” dijo Andrés Gil, vocero de la MIA.

Ausencia política

Para muchos observadores del tema agrario el tratamiento dado al paro por parte del gobierno nacional, siembra dudas en su voluntad política de transformar las realidades de los campos colombianos. De hecho, Eberto Díaz, dirigente agrario y presidente de Fensuagro, criticó el nombramiento del nuevo ministro de agricultura Rubén Lizarralde: “El gobierno vuelve a equivocarse nombrando a un gerente de agro negocios. Ese ministro es contrario a toda posibilidad de solución a la crisis del campo, a la crisis indígena, a la crisis del pueblo afro, a la crisis de pequeños y medianos productores del país”.

La materialización, el cumplimiento y las garantías del diálogo son la exigencia del acuerdo de desbloqueo y levantamiento de concentraciones campesinas en 17 departamentos del país. El llamado a encontrar de manera eficaz la solución al pliego de peticiones o de lo contrario la MIA vuelve a las carreteras a exigir sus derechos.