Tras su aprobación en primer debate, la Ley Integral Trans enfrenta retos políticos y culturales. Representantes y activistas explican por qué este proyecto es clave para garantizar derechos fundamentales y combatir la violencia sistémica
Redacción Revolución en Rosa
La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate la Ley Integral Trans (LIT), un proyecto que busca garantizar derechos básicos como salud, trabajo y protección contra la violencia para la población trans. Entre sus principales disposiciones destacan la prohibición de terapias de conversión, el acceso a hormonas y cirugías seguras para evitar procedimientos clandestinos, la creación de cupos laborales para romper ciclos de exclusión, la tipificación penal de crímenes por identidad de género y la protección de infancias trans con acompañamiento familiar.
El representante Gabriel Becerra, ponente del proyecto, explicó que esta iniciativa surgió de organizaciones sociales y cuenta con respaldo multipartidista: “no es una ley para unos pocos, sino para construir un país sin discriminación”. Sin embargo, enfrenta fuerte oposición de sectores conservadores que alegan que “impone privilegios”.
La urgencia de la ley en cifras
Con 43 asesinatos de personas LGBT+ registrados en 2025 (la mayoría mujeres trans), la necesidad de esta protección legal es innegable. Aby Hernández, abogada y activista trans, relata la crudeza de la exclusión: “En municipios rurales no hay endocrinólogos. Las infancias son expulsadas de sus hogares y terminan en cárceles o migrando forzadamente”. Según ella, aunque la Constitución reconoce derechos, en la práctica son ignorados, lo que convierte a esta ley en una especie de Constitución política trans.
Los retos: entre mitos y realidades
El principal obstáculo es la desinformación. “Se usan mentiras sobre niños para generar miedo”, denuncia Becerra, refiriéndose a argumentos sobre “adoctrinamiento” o “vulneración de libertades individuales”. El representante aclara: “La objeción de conciencia está en la Constitución, pero no puede usarse para negar derechos”.
Aby añade testimonios dolorosos: “Nos criminalizan. Si una trans se defiende de un cliente violento, la acusan de secuestro. Las condenas para nosotras son el doble de largas”, evidenciando cómo la exclusión laboral empuja a muchas a la economía informal o ilícita.
El camino que viene
El proyecto ahora enfrenta su prueba de fuego en la plenaria de la Cámara. Gabriel advierte: “El Senado es más conservador. Necesitamos pedagogía para derrotar la desinformación”. Hernández, desde su experiencia en territorios, es contundente: “Será ley, aunque debamos presentarla 100 veces”.
Ambos coinciden en que el apoyo ciudadano es clave. “Invito a leer el texto actual, no el inicial lleno de mitos”, resalta el representante. Aby urge a romper la indiferencia: “No pedimos privilegios, sino vivir. Somos hijas de Colombia, pagamos impuestos, merecemos dignidad”.
Mientras el Congreso debate, las cifras de violencia siguen creciendo. Esta ley no es solo un marco jurídico: es una deuda histórica con quienes hoy sobreviven al margen.
