Editorial 3289
La salud fue saqueada con estafas y silencios. Por años las EPS, que son las intermediarias financieras del sistema, desviaron billonarios recursos públicos, desfalcaron al Estado y negaron al pueblo colombiano el derecho fundamental a la salud.
El reciente informe preliminar de la Contraloría General de la República sobre la Nueva EPS, dejó en evidencia esta conclusión, y confirmó las denuncias hechas por los movimientos sociales que en las últimas décadas han luchado por un cambio estructural en el sector.
Los hallazgos y advertencias que hace el máximo órgano de control fiscal sobre la situación administrativa y financiera de la Nueva EPS son relevantes, no solo porque se trata de la empresa con más afiliados en el país, cerca de 11 millones de personas, sino también porque es una de las entidades promotoras de salud intervenidas por el Gobierno Nacional.
Precisamente sobre este último punto es donde existen diferencias. Mientras la oposición del centro y la derecha, así como los principales medios corporativos de comunicación, insisten falsamente en que la actual crisis de la Nueva EPS obedece a una mala gestión después de la intervención, el Gobierno nacional argumenta que no fue cómplice del saqueo y actuó oportunamente.
En abril de 2024 el ejecutivo decidió intervenir a la Nueva EPS. Esta acción permitió detectar un accionar criminal de ocultamiento y acumulación de billonarios pasivos que no estaban debidamente reconocidos en los estados financieros presentados.
Puntualmente se ha denunciado que se encontraron cinco billones de pesos en anticipos sin justificación, casi doce millones de facturas que estaban ocultas, extrañas contrataciones bajo la modalidad de uniones temporales, y un mecanismo de manipulación en las utilidades. En otras palabras, se detectó que los balances estaban maquillados y no reflejaban la realidad financiera de la entidad.
Es así como la intervención del Gobierno chocó ante una “bola de nieve”, con deficiencias estructurales en la gestión contable, sin mecanismos de seguimiento y control que pudiera ubicar las fugas financieras. Además, este ocultamiento de información, imposibilitó una planeación ordenada de la entidad y una acertada toma de decisiones.
El caso de la Nueva EPS dejó al desnudo la crisis estructural. No solo se trata de los 11 millones de personas que han estado en riesgo, para lograr acceder oportuna y eficazmente al servicio de salud, sino también de las dificultades financieras que tienen las clínicas, hospitales y proveedores ante las billonarias deudas de las EPS, convirtiéndose en otras víctimas de la estafa.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía apuntan a los antiguos directivos de la Nueva EPS que salieron con la intervención, especialmente en contra de José Fernando Cardona Uribe, presidente ejecutivo entre 2009 y 2024. La pregunta es: ¿Fueron la junta directiva más ingenua de la historia o por el contrario son cómplices del saqueo? Si bien no es difícil sacar conclusiones, esperamos que la justicia determine las responsabilidades penales y exponga la verdad en este escandaloso episodio de corrupción.
Finalmente, en la batalla por la democracia seguimos respaldando el proyecto presentado por el Gobierno nacional, las organizaciones y el pueblo trabajador del sector. Sin lugar a dudas, la necesaria reforma a la salud es el mejor antídoto para enfrentar la crisis. Y esa lucha por justicia social debe persistir, ya sea en el Senado, en las calles y en las urnas.
