miércoles, abril 17, 2024
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Se lograron acuerdos entre la ZRC de Losada – Guayabero y la Brigada Móvil No. 9

El coronel Baquero se comprometió a entregar una circular a todas sus tropas exigiendo que salieran de la comunidad y no volvieran a ocupar bienes comunitarios.

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

El sábado 11 de julio de 2014 en San Juan de Losada, región de la Macarena, zona localizada entre Meta y Caquetá, y luego de más de siete meses de ocupación de las zonas comunales de esta inspección por parte de la Brigada Nº 9 del Ejército Nacional, la comunidad decidió establecer una mesa permanente de verificación, con el objetivo de hacerle seguimiento a la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte de ONG internacionales, defensores de derechos humanos, representantes del gobierno local, las Juntas de Acción Comunal (JAC) y de la Asociación Campesina y Ambiental del Losada-Guayabero, Ascal-G.

En dichas acciones populares participaron diversas organizaciones sociales y campesinas de toda la región de la Macarena y el Caquetá, con el propósito de exigirle a los miembros del ejército respeto por las normas del DIH. Lo anterior en razón a la instalación de bases militares y campamentos por parte de los miembros del ejército de las áreas comunales.

Para los habitantes de esta inspección, que se proyecta como nuevo municipio del país, ya era bastante con que la tropa militar frecuentara los patios de sus casas y un innumerable porcentaje de arbitrariedades y flagrantes violaciones al DIH, tales como agresión física y estigmatización contra los campesinos organizados en Ascal-G.

Además de pernoctar en el casco urbano, lo que convierte en objetivo militar a la comunidad, esta tropa ha cometido otras infracciones: disparos de fusil a las viviendas, empadronamiento de los habitantes, acusaciones infundadas contra los campesinos, acoso a menores, robo de los animales, corte de las cercas de los potreros de ganado bovino, destrucción premeditada de la maquinaria que con esfuerzo la comunidad consiguió para reparar la carretera, ya que en este rincón del país, tanto las carreteras como el suministro de los servicios públicos y la construcción de centros de salud y educación, son autogestionados por sus gentes, ya que históricamente la única presencia real del Estado en los diferentes gobiernos es la presencia militar.

​Sin embargo la población de San Juan de Losada realizó una invitación formal a los mandos del ejército para que participaran de la asamblea general en el marco de la mesa permanente de verificación, el 26 de julio, para exponer las molestias, buscando llegar a un acuerdo entre la comunidad y el ejército. A esta reunión asistieron el mayor Miranda y el sargento Torres, miembros de la Brigada Móvil Nº 9, presidentes de las JAC y miembros de la comunidad.

Durante la reunión campesinos expusieron su inconformidad por el accionar del Ejército Nacional en la zona, evidenciando cada una de las infracciones cometidas por el mismo. Sin embargo, la respuesta del mayor Miranda fue que iba a continuar con las acciones y que, por el contrario, incrementaría los retenes y empadronamientos ya que «los bandidos de las FARC están entre la población civil».​

A pesar de estas acusaciones y respuestas por parte de los mandos de la tropa en el lugar, el campesinado, respaldado por defensores de DDHH, del DIH y ONG internacionales, exigió hablar con el coronel Baquero, del Batallón Cazadores en San Vicente del Caguán, para exponer el accionar de sus tropas y llegar a acuerdos sobre el DIH con la población, a lo cual el mayor Miranda aceptó y logró gestionar el encuentro para el 27 de julio.​

Durante la reunión con el coronel Baquero, presidentes de las JAC, miembros de Ascal-G, una representante de los estudiantes y un profesor, el personero municipal, miembros de la Fundación Caguán Vive, del comité jurídico de la alcaldía de San Vicente y defensores de DDHH y del DIH denunciaron este accionar y su preocupación por los desmanes de la tropa en contra de la población civil, a lo que el coronel Baquero se comprometió a entregar una circular a todas sus tropas exigiendo que salieran de la comunidad y no volvieran a ocupar bienes comunitarios.

Así mismo, respetar el DIH, con el propósito de reducir al mínimo dichas infracciones. De esta circular se enviará copia a todas las comunidades para evitar futuros desmanes de los militares para con la población civil.

Además asumió el compromiso de investigar varias irregularidades en la tropa, como el caso de acoso a una menor de edad que tuvo que privarse de su derecho fundamental a la educación, ya que en el camino por el cual debía transitar diariamente, varios soldados le requisaban sus pertenencias, su uniforme y la acosaban verbalmente; esta lamentable actitud es recurrente con varios menores en la zona, quienes son rotulados como miembros de las filas de las FARC. Así mismo se hará un programa de radio en la emisora del Ejército Nacional con el fin de visibilizar los compromisos a los que llegó la comisión e indicar que la mesa permanente de verificación se reunirá nuevamente el día 27 de septiembre, esta vez con la presencia del coronel Baquero.

Tras estos dos días de verificación, la población de la Zona de Reserva Campesina de Losada Guayabero vio por primera vez una actitud favorable por parte del Ejército Nacional y espera que se sostenga en el tiempo en búsqueda de la tranquilidad que identifica esta bella región del oriente colombiano.

​Fotografías cortesía de Anzorc / Agencia Prensa Rural​

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