El anuncio del regreso de la fumigación con glifosato puso a todo el país en alerta sobre su prohibición, la política de drogas y la intromisión de los Estados Unidos
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
Tras conocerse los cuatro contratos para la adquisición del plaguicida químico de uso agrícola, con ingrediente activo de glifosato, el debate en Colombia se intensificó. Las discusiones giran en torno a la prohibición o regulación de la hoja de coca y el papel que tienen los Estados Unidos en toda estas decisiones políticas.
David Curtidor es cofundador de Coca Nasa ─iniciativa legal que reguló en Colombia el comercio de la planta de la coca─ y exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes. VOZ habló con él para conocer la respuesta de las comunidades campesinas y étnicas frente al escándalo del glifosato.
Frente al anuncio del empleo nuevamente del glifosato en Colombia. ¿Cómo reaccionan ante esta noticia?
Nuestra reacción se da desde dos espacios. En primer lugar, en lo jurídico, desde el 2017, la Corte Constitucional se pronunció por el tema de Nóvita, Chocó, apela al principio de precaución. En su fallo, la Corte explica que, ante el riesgo de alterar las cadenas tróficas de un ecosistema, no se debe hacer. Además, señaló que no hay un plan de manejo ambiental y no se conocen los verdaderos riesgos de la sustancia.
En segundo lugar, el entorno de la discusión es el político actual que hay. Gustavo Petro llegó a la presidencia con el apoyo de los cultivadores y campesinos, porque no estaba alineado al negocio del narcotráfico, sino que llegó con un programa de sustitución de economía, no de cultivos.
Sin embargo, el ejercicio del Gobierno lleva al pragmatismo y debo decir, con bastante pesar, que hay un pacto para que no haya un quebrantamiento profundo sobre la política antidrogas que venía haciendo Colombia en gobiernos anteriores.
Por tal razón, nosotros criticamos que el Gobierno nacional tuvo una oportunidad cuando los Estados Unidos anunciaron que detenían el trabajo de USAID en muchos países, pero se limitó y no aprovechó para una renegociación sobre la política de drogas.
La intromisión de los ‘gringos’
Sobre las políticas de drogas de los Estados Unidos, ¿se busca hacer algo parecido acá?
Aquí se nos hizo creer que las políticas de drogas implementadas por los Estados Unidos eran las normas internacionales. Esta idea está muy lejos de la realidad.
Cuando Colombia firmó las convenciones contra las drogas en 1961, 1988, 1993, etcétera, en ninguna de esas convenciones se dice que nada de lo que se haya escrito puede pasar por encima de las normas colombianas y, en particular, la Constitución Política.
En Colombia, desde la Sentencia C-221 de la Corte Constitucional, es legal el consumo de sustancias psicoactivas con una dosis estipulada. Aquí no hay que legalizar nada, aquí hay que regular.
¿Cuál es, entonces, la disputa?
La disputa por la regulación está entre si el Estado, que es el que tiene el monopolio, lo hace o si participan actores privados.
Tuve la responsabilidad de dirigir la entidad que administra el monopolio de las sustancias de uso controlado, el Fondo Nacional de Estupefacientes. En las convenciones internacionales sobre la regulación de las drogas, todos los países acordaron que dicho control recaería exclusivamente en los Estados y no en manos particulares.
Aquí se está intentando quitar al Estado el monopolio sobre las sustancias, con el fin de transferir ese control a particulares, que buscan apropiarse del mercado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se activó un programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre. ¿Este tiene las mismas consecuencias en la salud de las personas que cuando era aéreo?
Posiblemente sí. El glifosato es una sustancia peligrosa, se sabe de sus daños, pero no cuáles exactamente, esto lo dijo el Consejo de Estado, por eso, se debe hacer un plan de manejo ambiental.
Por tal razón, la discusión no debe centrarse en si la aplicación se hace por el aire o por tierra, sino en la sustancia misma. Insisto en que estamos a punto de que salga la descertificación de los Estados Unidos. A mi juicio, respetuosamente, el presidente debe tomar las riendas y adoptar una postura un poco más contundente en términos de negociar con el gobierno estadounidense.
Soluciones y la transformación de las economías
Se menciona que si se utiliza el glifosato, estará previsto bajo el supuesto de una aceptación voluntaria del campesino. ¿Ya hay un contacto entre las comunidades y los movimientos?
Claro que no. La situación política no ha cambiado. Por más que sea Gustavo Petro, no van a permitirle hacer una cosa tan nefasta. Además, desde el punto de vista jurídico, la fumigación ─ya sea aérea o terrestre─ requiere un plan de manejo ambiental, lo cual implica realizar una consulta previa con las comunidades campesinas y étnicas. Ese proceso es complejo, y lo más probable es que la respuesta de esas poblaciones sea un rotundo no.
Entonces, ¿cuál debe ser la alternativa?
El Gobierno debe nacionalizar la política de drogas, es decir, no puede seguir pensando con cabeza ajena un problema que ya teóricamente se resolvió en el Plan de Gobierno. Los colombianos, cocaleros de base y las comunidades votamos por un cambio en la política de drogas, un cambio de paradigma.
La erradicación violenta, bien sea por mecanismos de aspersión o de cualquiera otro método, se ha convertido en un instrumento para mantener altos los precios de la hoja coca y, con ello, mantener el negocio. Es un argumento perverso, pero si se deja fumigar, como ha pasado, lo que se hace es una proliferación de los cultivos y, cuando pasa, entonces entra en la ley de la oferta y la demanda, y para mantener el precio atractivo, se recurre nuevamente a la fumigación de los cultivos. Es un ciclo perverso.
Por eso, se debe seguir con la propuesta de la transformación de las economías locales, tal como lo hicimos nosotros con Coca Nasa.
Llamamos al Gobierno para que cumpla el capítulo cuarto del Acuerdo de Paz. Esa es la única salida: la industrialización del campo colombiano, que impulse la transformación y el acompañamiento de las economías locales, garantizando que las ganancias sean para los y las campesinas.
