Atropello contra sociólogo Miguel Ángel Beltrán en Panamá
La semana pasada autoridades de Panamá impidieron la entrada a ese país al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien se dirigía al Congreso Latinoamericano de Estudiantes de la Oclae en Nicaragua, por invitación de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Hay que aclarar que el académico no está dentro de las bases de datos de Interpol. El gobierno de Colombia remite la información de la destitución por parte de la Procuraduría, como si fuera un insumo judicial para los órdenes internacionales, lo cual muestra cómo el Estado colombiano está por encima de la legalidad nacional e internacional y cómo los convenios antiterroristas también se mueven dentro de esta misma ilegalidad.
Usaban ilegalmente información de las víctimas del conflicto
Por el uso ilegal de información de la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas del conflicto armado, ocho personas fueron aseguradas por el Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías.
Según la investigación desarrollada por la Fiscalía, en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas operaba un grupo de personas en el que participaban algunos empleados públicos, quienes obtenían, suministraban, compraban y vendían la base de datos de dicha unidad.
Se estableció que en otras ocasiones estas personas pedían ser incluidas en el programa para lograr los beneficios o buscaban fraudulentamente se les incluyera en el mismo sin tener derecho a ello. Se constató también que las víctimas eran suplantadas con el fin de conocer las medidas pactadas, el monto de dinero que les fue consignado y el lugar donde se pagaría el mismo.
En operativos conjuntos adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación y el Gaula Militar de Antioquia fueron capturadas ocho personas en Medellín y los municipios de Bello y Chigorodó.
Entre los aprehendidos figuran Juan Camilo Gómez Hernández, empleado de la Alcaldía de Medellín; Javier Manco Moreno, Argiro de Jesús Muñoz, Jonhatan David Castrillón, Cristian Camilo Niño Benítez, funcionario de la Unidad de Atención a Víctimas; Gladis Cecilia Gaviria Zapata, Ismael de Jesús Gaviria Arboleda, ex funcionario de la Alcaldía de Medellín y Hernán Enrique Alemán Correa, actual personero de Chigorodó (Antioquia).
Los investigados no se allanaron a los cargos que les imputó la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático. A Alemán Correa además se le imputó el delito de peculado por uso.
Niño Benítez fue cobijado con medida de aseguramiento en su domicilio, por problemas de salud, mientras que a los demás procesados se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Triunfó la solidaridad
El pasado 19 de agosto, funcionarios de la oficina de capturas del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) dieron cumplimiento a la orden de traslado al lugar de residencia, emitida por el Juzgado 7 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, en favor de la defensora de derechos humanos Liliany Patricia Obando Villota.
Esta medida se produce tras seis días de huelga de hambre y 15 de detención en los calabozos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Bogotá. La defensora de derechos humanos agradeció las cartas y otros gestos de solidaridad de la comunidad nacional e internacional de derechos humanos, que dirigieron múltiples comunicaciones a las diferentes instancias judiciales, penitenciarias y órganos de control y han ejercido un acompañamiento permanente a su proceso.
