Otra lideresa asesinada en Medellín
La Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Medellín denunció el asesinato de la lideresa, Diana Marcela Morales Arenas, delegada de la Mesa Municipal de Participación y por el Municipio de Angostura al Comité Territorial de Justicia Transicional. Según los primeros datos, el pasado 22 de octubre el cuerpo de la mujer fue encontrado en zona rural de la vereda Batea Seca, del municipio de Angostura, Norte de Antioquia, con signos de haber sido degollado. La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales para que lleven a cabo todas las acciones de prevención y protección de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos y representantes de víctimas del país y exigió de la Fiscalía General de la Nación, la investigación inmediata de los hechos, y resultados oportunos en aras de impedir la impunidad y garantizar la aplicación de justicia.
Por la libertad y el derecho a la protesta social
Con la intención de generar un espacio de discusión entre jóvenes y líderes sociales de diferentes localidades de Bogotá sobre temas como la militarización de los territorios y la limitación de las libertades, y de identificar patrones que criminalizan los derechos a libertad de expresión, pensamiento, asociación y protesta social, durante los días 25 y 26 de octubre se realizó en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación el Encuentro Distrital por la libertad y el derecho a la protesta social. Esta actividad es la antesala a un encuentro nacional de víctimas de detención arbitraria, persecución judicial, criminalización de la protesta social y brutalidad policial, que tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre en Bogotá.
Caso grafitero
La Fiscalía solicitó al Juzgado Segundo Penal municipal de Bogotá que rechace la petición de nulidad del proceso hecha por la defensa del patrullero de la Policía Nacional Wílmer Antonio Alarcón en el caso de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra. De acuerdo con el ente acusador, se han respetado el debido proceso, las garantías procesales y todos los derechos fundamentales, toda vez que ya fue dirimido el conflicto de competencias en el que se estableció que es un operador de la justicia ordinaria y no la justicia penal militar la que debe llevar el caso. La defensa insiste en que sea la justicia penal militar la que adelante el proceso. La Fiscalía explicó que uno de los procesos se refiere al presunto homicidio de Becerra a manos de un uniformado y otro se trata del acuerdo posterior entre los agentes de Policía para alterar la escena del crimen y darle la apariencia de un enfrentamiento. Estos son dos hechos diferentes que generan trámites procesales distintos.
