Un relato testimonial que expresa todo el impacto que produjo la toma por parte del M-19 y la posterior retoma del ejército colombiano
Carlos Perdomo Cueter
Al recordar esos trágicos hechos me viene a la memoria el comentario que, tal vez, una o dos semanas antes, en reunión informal en la cafetería de la universidad, hiciera un contertulio sobre el frustrado Diálogo Nacional que el gobierno había acordado con el movimiento guerrillero: “Se viene una acción que será la prueba de fuego para Belisario”. Fue un comentario inadvertido, nadie pidió explicación. Pero ese “intrascendente” comentario, desde el instante en que escuché la noticia de la toma guerrillera, permanece vivo en mi memoria.
Es miércoles seis de noviembre, 1985, a las 11:40 a.m., el comando del M-19 “Iván Marino Ospina”, se tomó el Palacio de Justicia donde funciona la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, quedando más de un centenar de rehenes, entre ellos magistrados, empleados judiciales, abogados y civiles que diligenciaban casos en dichos tribunales.
El comando insurgente, conformado por cuarenta combatientes, hombres y mujeres, bajo el mando de Luis Otero Cifuentes, Andrés Almaráles y Alfonso Jaquin, ingresó a la sede judicial por el sótano. La toma del Palacio, conocida también como el Holocausto del Palacio, fue consecuencia de la ruptura del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982 – 1986) y el movimiento guerrillero M-19.
Proceso de paz fallido
En un proceso de más de un año, donde participaron personalidades como Gabriel García Márquez, Alfonso López Michelsen, Enrique Santos Calderón, Bernardo Ramírez, Horacio Serpa Uribe y Otto Morales Benítez, entre otros, el presidente Betancur decide reunirse con Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, miembros del M-19, en Madrid, España.
En ese diálogo se dio un principio de acuerdo significativo de cese al fuego y Diálogo Nacional. Es posible que Belisario Betancur inicialmente haya estado comprometido con la anhelada paz, pues decretó la amnistía, creó la comisión de paz, presidida por Otto Morales Benítez, viajó secretamente a reunirse con guerrilleros en España. La sociedad civil estaba entusiasmada con dicho proceso, la guerrilla tenía aceptación popular, pero, al parecer, el presidente no tuvo músculo político ni el arrojo para imponer su política de paz a las élites del país.
La verdad es que el cese al fuego y el Diálogo Nacional fueron saboteados por políticos como el entonces ministro de gobierno Jaime Castro y los militares. El Diálogo Nacional era lo adecuado, sin embargo, esto no funcionó.
El día de la firma, 24 de agosto de 1984, Carlos Pizarro Leongómez sufre un atentado en Florencia, Cauca, cuando se dirigía a firmar el cese al fuego en Corinto Cauca; días antes, el 10 de agosto del mismo año, asesinaron al médico excongresista y miembro de ese movimiento guerrillero, Carlos Toledo Plata. La última acción violenta de parte de los enemigos del proceso fue el atentado contra Antonio Navarro Wolff, 23 de mayo de 1985 en Cali. Esta ruptura fue la causa de la toma al Palacio de Justicia por el movimiento insurgente.
La noticia y el país
Por la magnitud de la acción, la noticia mantuvo en suspenso a toda Colombia. Mi campo de relaciones sociales, académicas, incluso lúdicas, era la universidad del Atlántico. Ahí recibí la noticia. Salí hacía donde vivía en Barrio Abajo, un inquilinato, donde compartía habitación con un compañero.
Al llegar, a eso de las dos de la tarde, encontré a un grupo de inquilinos que, presenciaban por televisión, lo que sería el inicio de la retoma del Palacio de Justicia por parte de los militares. Era evidente el dominio y las decisiones asumida por estos contra la acción insurrecta.
El sector acordonado, militares y policías apostados estratégicamente, helicópteros sobrevolando la edificación y tanques de guerra en posición para ingresar a la sede del alto tribunal; la escena presagiaba la proximidad de la tragedia. Luego llegué hasta la habitación para intentar un análisis con mi compañero Segundo Salas, respecto al curso de los acontecimientos.
Ahí, en el cuarto compartido, encontré a Segundo, pegado a un pequeño transistor en forma de botella que su madre le había enviado de Caracas. El transistor se prendía girando la tapa de la “botella” y las emisoras se sintonizaban girando la base de la misma. Sintonizamos RCN y escuchamos a un desesperado Juan Gossaín, quien con su gangosa voz, narraba cuanto estaba aconteciendo. Escuchamos al fogoso Alfonso Jaquin manifestando las razones de la toma. “Se trataba de hacerle un juicio político a Belisario Betancur Cuartas, presidente de la República, por su inconsecuencia, según el grupo guerrillero, con el proceso de paz.
“Ruego y suplico”
En el libro testimonial Las Guerras de la Paz, de Olga Behar, el comandante guerrillero Álvaro Fayad Delgado confiesa: “… lo acusamos de traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo del cese al fuego y Diálogo Nacional, el 24 de agosto de 1984.”
También se escuchó, al caer la tarde, la angustiosa voz de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, clamando por el “Alto al Fuego”, manifestando que “sus vidas estaban en peligro”. Pero esa no fue la única voz que suplicó “alto al fuego y diálogo con los alzados en armas”, hubo otras como la de la consejera de estado Aydee Anzola Linares, quien, en su condición de rehén, abrumadoramente suplicaba: “Ruego y suplico a todo el pueblo colombiano que les pida a las autoridades militares, al senado, al presidente de la República, a la cámara, que oigan a los señores del M-19, que oigan a los del M…”
Esa misma tarde 6 de noviembre los guerrilleros como demostración de concertación liberaron un nutrido grupo de rehenes entre quienes se encontraban Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente de la república, y Clara Forero de Castro, esposa del ministro de gobierno. El comandante Otero Cifuentes, bajo cuya responsabilidad se dio la toma, en diálogo con Colprensa pedía cese al fuego y sugería que el gobierno delegara unos emisarios para que se dialogara. No hubo respuesta,nohubo señal de generosidad, ni siquiera se dio un ultimátum por parte del gobierno ni los militares, no hubo voluntad de salvar las vidas de los y las magistradas.
Comenzó la retoma
Es más, los militares arreciaron sus acciones, los tanques de guerra ingresaron al edificio, los soldados se tomaron el tercer piso, los rockets y las descargas de fusiles convirtieron en hoguera el archivo y la biblioteca, de donde salió una espesa columna de humo que oscureció más la noche.
Todos permanecíamos sintonizados por radio y televisión; repentinamente, esa noche, sin explicación previa se suspendió la trasmisión. Se trató de una orden impuesta por la entonces ministra de comunicaciones, Nohemí Sanín, esa fue la manera de la mencionada señora de desinformar e imponerle a los medios, un espectáculo futbolístico entre Millonarios y el Unión Magdalena. Así nos lo revela revista Semana: “La ministra de comunicaciones Nohemí Sanín llamó a Yamid Amat, a Juan Guillermo Ríos y a otros periodistas para pedirles interrumpir sus programas pues afectaban los operativos de rescate. Les advirtió que de lo contrario les quitaba la señal.”
Al otro día, 7 de noviembre, las comunicaciones de radio, televisión y prensa escrita, se reanudaron. La sociedad civil es informada de la masacre. A las dos de la tarde se escucharon las últimas explosiones de rockets y dinamita necesarios para tomarse el cuarto piso donde se concentraban civiles, magistrados y guerrilleros. “primero se escucharon una serie de estruendosas explosiones que hicieron estremecer todos los edificios de la plaza de Bolívar y el sector céntrico de la capital colombiana. Fueron explosiones tan violentas que rompieron vidrios, hicieron caer varias cornisas y le tumbaron de la boca el sándwich que comía un fotógrafo de El Tiempo.”
Salieron vivos, los asesinaron o desaparecieron
Los rehenes salieron con los brazos en alto, las manos en la nuca, cojeando, despeinados. Fueron conducidos hacia la Casa del Florero, utilizada por los militares como centro de operaciones.
Pegados nuevamente al pequeño transistor en forma de botella, escuchamos de nuevo la voz de Juan Gossaín: “Ese que sale es Almaráles, Andrés Almaráles, va herido”. Efectivamente, Almaráles, como otros, salió vivo, posteriormente lo llevaron muerto al Palacio de Justicia. Según relató el informante del ejército Ricardo Gómez a la Fiscalía, “Andrés Almaráles salió vivo y fue llevado al Charry Solano herido en una pierna, simplemente. Fue asesinado y regresado a Palacio con el fin de que apareciera como muerto en combate.”
Está demostrado que varios guerrilleros y civiles, incluyendo magistrados, salieron vivos y posteriormente entregados muertos, otros aún siguen desaparecidos.
Nadie respondió
Concluida la retoma con un saldo de un centenar de muertos, el siete de noviembre en horas de la noche, por radio y televisión, Belisario se dirigió a los colombianos manifestando que “asumía toda la responsabilidad”.
Aquí, unas líneas de su discurso publicado por el diario El Heraldo: “Esa inmensa responsabilidad la asume el presidente de la república que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la república y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar.”
En su alocución el presidente exoneró de responsabilidad a los militares. Desde luego, Betancur debía responder política y penalmente, lo cual no ocurrió a pesar de que tuvo una vida longeva. Junto a él también estuvieron comprometidos, el general Miguel Vega Uribe, ministro de defensa; el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII; el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería; el general Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército Nacional, y el general Víctor Delgado Mallarino, director general de la policía, entre otros.
Durante los primeros tres años de su gobierno el presidente Belisario Betancur mantuvo diálogo con todos los movimientos alzados en armas. Sin embargo, cuando se presentó la “acción que sería la prueba de fuego”, no lo hizo. No fue capaz.
