Reparación para afectados por Hidroituango

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Río Cauca. Foto Bibiana Ramírez.

La Gobernación de Antioquia crea una mesa de diálogo para el análisis y búsqueda de soluciones de conflictos generados por la construcción de megaproyectos minero-energéticos en todo el departamento, antiguos y actuales. Es el resultado de la organización social y la lucha

Bibiana Ramírez – Agencia Prensa Rural

Después de siete años de lucha y resistencia en el cañón del río Cauca, los barequeros y campesinos de esa región del norte de Antioquia, acompañados por el Movimiento Ríos Vivos, han logrado que la Gobernación de este departamento genere un decreto (1606) con el objetivo de dar atención a las demandas históricas de los afectados por Hidroituango.

Dentro del decreto se plantea la creación de una mesa de diálogo para el análisis y búsqueda de soluciones de conflictos generados por la construcción de megaproyectos minero-energéticos en todo el departamento, antiguos y actuales.

El documento emitido por la Gobernación dice que el fin es “analizar las situaciones vinculadas a los efectos de los megaproyectos minero-energéticos en temas sociales, ambientales y económicos, entre otros. Realizar seguimiento a las quejas o denuncias presentadas a las autoridades competentes, sobre afectaciones e impactos ocasionados con los megaproyectos minero-energéticos”.

Todo surgió después de la jornada del 14 de marzo de este año, donde se conmemoraba el día internacional de acción contra represas y por los ríos, el agua y la vida, celebrada anualmente por las comunidades afectadas por represas alrededor del mundo y en el marco de la VI jornada nacional en defensa de los territorios, convocada por el Movimiento Ríos Vivos Colombia. A Medellín llegaron alrededor de 500 personas provenientes del cañón del río Cauca y estuvieron frente a la Gobernación realizando actos culturales, explicando a la gente de la ciudad cómo es su vida en el cañón, cómo sacan el oro y los pescados.

Al día siguiente de la jornada, Ríos Vivos Antioquia se reunió con el gobernador Luis Pérez, y llegaron al acuerdo de construir el decreto. “Para el Movimiento dicho acuerdo es una señal positiva de la actual Gobernación por atender de fondo los conflictos generados por el proyecto Hidroituango, contrario al gobernador de la ‘Antioquia la más educada’, quien se rehusó a sostener un diálogo directo con las comunidades afectadas por dicho proyecto”.

Para el Movimiento este decreto es el resultado de la organización social y la lucha continua, “de la persistencia por buscar, por la vía democrática, solucionar los problemas que aquejan al territorio”.

Afectaciones por la hidroeléctrica

A la fecha EPM ha informado a algunos medios locales que llegaron al 50% de construcción de las obras y avanzan de acuerdo al cronograma. “Si no hay contingencias graves, se cumplirá la meta de entregar la primera turbina funcionando al final de 2018”.

Sin embargo hasta ahora el proyecto ha recibido doce medidas de suspensión, más de cien tutelas, acciones populares y demandas. En la parte física avanzan y la parte social no es atendida sino, por el contrario, violentada.

El cálculo que tiene el Movimiento es que el megaproyecto “pudo afectar a 20 mil personas, incluidos los que todavía no saben que son afectados, sobre todo en la cuenca baja del río”.

Una de las mayores afectaciones de la hidroeléctrica con la comunidad cañonera es que han deteriorado el medio de subsistencia, porque dependen del río, sacan oro, pescan, viven en sus playas y tienen sus huertas allí. Muchos han sido desalojados a la fuerza, con Esmad a bordo; otros han sido amenazados. Las licencias ambientales no han sido cumplidas.

Ríos Vivos está haciendo una lista de priorización de las urgencias a resolver con este decreto. “Destacamos el gran impacto que ha tenido la obra sobre la salud de niños y ancianos con las explosiones, todo el humo y polvo que deriva, así mismo la contaminación del río, dificultades para la alimentación, participación social, el incremento en la violación de derechos humanos, esperamos que se pueda avanzar en este espacio y en la cumbre agraria”, dice Isabel Cristina Zuleta, líder del Movimiento.

Primeros pasos del decreto

El 14 de mayo era el plazo para que las organizaciones sociales, afectadas por megaproyectos, presentaran unos requisitos que dieran cuenta de su interés por superar la situación, la real afectación que han vivido las comunidades.

Ese mismo día se realizó un proceso democrático en los diferentes municipios donde Hidroituango tiene influencia. La Gobernación convocó a los alcaldes para que lideraran un proceso de elección de voceros municipales de los afectados.

“Se destacó la participación en Caucasia donde se inscribieron cerca de treinta organizaciones sociales, lo que expresa gran afectación en ese municipio, pero también sólo algunas de ellas cumplieron con los requisitos”, dice Isabel Cristina. Allí fue elegida una mesa municipal, donde el alcalde decidió que era necesaria una mesa permanente por las afectaciones de Hidroituango.

Después de este paso democrático, lo que sigue es una reunión para terminar de establecer las reglas del juego. “El movimiento viene redactando una propuesta de reglamentación del decreto”. Ahí mismo se concretaría una fecha de instalación de la mesa departamental. El papel de los alcaldes será el de impulsar, desde las administraciones municipales, una real articulación con la Gobernación de Antioquia.

El movimiento Ríos Vivos Colombia ya había generado un decreto en similares condiciones para el departamento del Huila, en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo. “En ese decreto se avanzó más porque se advierte que no se puede continuar con proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Magdalena. En éste alcanzamos a poner los proyectos que estén generando conflictos, los actuales y los pasados y no alcanzamos a avanzar a los proyectos futuros y las limitantes que se necesitan para que no avancen ni se destruya el territorio”, afirma Isabel Cristina Zuleta.

Miles de personas que han crecido al lado del río Cauca tendrán que rehacer su vida en otro lado, quedarse con el recuerdo de lo que antes fue. El decreto creado es una luz y por lo menos la dignidad no será perdida completamente. Pero el daño a la cultura y costumbres barequeras no tiene vuelta atrás.

“Me va a doler en el alma cuando vea que derriban el puente pescadero. Recuerdo que a los seis años mi papá nos traía y yo me sentaba en el puente a ver el río y le preguntaba que de dónde venía y para dónde iba. Ahora me siento de nuevo en el puente y veo el río con tanta furia que le digo que más furia tienen los que lo van a condenar a muerte”, cuenta María Eugenia mientras mira al vacío, desde el puente.