Hasta ahora, el Congreso de la República ha aprobado el monto del presupuesto para 2026, para lo cual llevó a cabo un acuerdo entre las comisiones económicas de Senado y Cámara y el Gobierno nacional
Carlos Fernández
La discusión en el Congreso de la República del proyecto de presupuesto para el año 2026 presenta variantes con relación al poco debate que se dio cuando el Gobierno presentó su proyecto de presupuesto para 2025 y el proyecto de ley de financiamiento por 12 billones que le faltaban.
Como se sabe, el gobierno tuvo que emitir por decreto el presupuesto, y ha venido trabajando en medio de una persistente disminución de los ingresos tributarios respecto a lo programado.
El debate en marcha
El gobierno había presentado un proyecto por 556,9 billones de pesos, con una desfinanciación de 26,3 billones. El acuerdo se basó en que se rebajara la cifra total en 10 billones, quedando el monto del presupuesto en 546,3 billones.
Ahora viene la discusión del articulado de la ley de presupuesto, que trae su distribución por sectores y programas. De cuáles gastos se recortarán los 10 billones mencionados va a ser, con seguridad, motivo de intenso forcejeo, toda vez que, como lo hemos expresado en notas anteriores, la inflexibilidad de los gastos llega al 90%, lo que implica que van a ser los nuevos programas propuestos por el primer gobierno progresista del país los que pagarán los platos rotos.
Al mencionado acuerdo se llegó una vez el Gobierno presentó su proyecto de ley de financiamiento, que también tendrá que ser “peluqueado”, pues el monto desfinanciado quedó en 16,3 billones de pesos y, en este proyecto, las medidas tributarias propuestas buscaban recaudar 26,3 billones el año entrante.
Contenido del proyecto
Con cierta mala fe, los comentaristas se refieren a este proyecto como de reforma tributaria, si bien la legislación diferencia el concepto de reforma del de financiamiento. Pero es evidente que una ley de financiamiento tiene que referirse al sistema tributario e implica medidas que aumenten tributos o reduzcan exenciones y prebendas.
En ese sentido, el proyecto de ley de financiamiento apunta, en general, a darle continuidad a la reforma tributaria aprobada mediante la ley 2277 de 2022. Las principales medidas propuestas se refieren a:
Primero. Reducción del gasto tributario definido como «la pérdida de ingresos fiscales en la que el Estado incurre y que constituye desviaciones frente al sistema tributario de referencia…debido a la existencia de deducciones, exenciones, tarifas reducidas y otros tratamientos especiales incorporados en la legislación tributaria». Apunta a eliminar o reducir beneficios tributarios en el IVA que se aplica a los juegos de suerte y azar, a los vehículos híbridos, a los combustibles líquidos (gasolina y ACPM), a los servicios turísticos prestados a extranjeros y otros.
Segundo. Modificación de tarifas en el impuesto de renta de personas naturales y jurídicas, en impuesto al patrimonio, en ganancias ocasionales y en impuestos al consumo.
Tercero. Elevación de impuestos a la extracción de combustibles fósiles, a la exportación de petróleo, carbón y sus derivados, al consumo de bebidas alcohólicas.
Y cuarto. Mejoramiento del recaudo, control y procedimientos del sistema tributario.
En el caso de los gravámenes a los combustibles fósiles, el proyecto apunta no sólo a una elevación del recaudo sino, muy particularmente, a darle sustento material a la transición energética en los términos de los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París.
En la exposición de motivos del proyecto de ley de financiamiento se presenta un balance de los posibles efectos de las medidas propuestas, sobre la inflación y el ingreso de las personas. Dicho análisis no esconde el hecho de que algunas medidas harán que la inflación aumente por encima de su comportamiento inercial, aunque en unas cantidades no muy elevadas.
También se verán afectados los ingresos de sectores pobres de la población al elevarse los impuestos a las bebidas alcohólicas y el tabaco, pero esto apunta a un mejoramiento de la salud de dicha población y a una disminución en los costos de la prestación de servicios de salud. En términos macroeconómicos, se plantea un mejoramiento de la actividad económica dentro del proceso de transición energética que se profundizaría con los impuestos ambientales.
Las perspectivas fiscales
El país no atraviesa por un buen momento fiscal. La necesidad de leyes de financiamiento, tanto la de 2025 como la de 2026, es una prueba de ello. Está por verse hasta qué punto la economía del país está en capacidad de asumir las medidas que disminuyen los gastos tributarios o los impuestos relacionados con el consumo de sustancias nocivas para la salud, o un posible descenso en el turismo internacional por la aplicación de IVA a los servicios en este sector.
La inflexibilidad del gasto público y la perspectiva de unos recaudos que, con el actual sistema tributario, no se ve muy promisoria imponen una transformación a fondo de los mecanismos de adquisición de ingresos por parte del Estado y de asignación de los recursos al gasto.
En la exposición de motivos de este proyecto de ley, se reafirma el compromiso del Gobierno nacional de realizar una reforma estructural del sistema tributario, mediante un Pacto Fiscal que cubra al conjunto de los sectores sociales del país y que construya un consenso para realizar tal reforma.
¿Hay condiciones?
Si bien se advierte una intención de negociar la aprobación del presupuesto para 2026 y, consecuencialmente, de hacer lo propio con la ley de financiamiento, esto no es garantía de que existan condiciones para construir dicho Pacto.
La pugnacidad del enfrentamiento político, de cara a las elecciones del año entrante, obliga a las fuerzas que se reclaman del cambio a redoblar esfuerzos para lograr no sólo continuar en la presidencia con el proyecto político sino para crear las mayorías legislativas necesarias para continuar y, sobre todo, ahondar las reformas y los cambios estructurales que el país requiere, manteniendo en el horizonte la perspectiva de un país con amplia democracia, con justicia social y económica y con la mira puesta en la creación de una sociedad donde no prevalezcan los intereses de los dueños del capital.
Con cierta mala fe, los comentaristas se refieren a este Proyecto como de reforma tributaria.
