Carlos Fernández*
En diciembre de 2015, la Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria, creada por el gobierno nacional en febrero de ese mismo año, entregó su informe final con las respectivas recomendaciones de reforma. El informe causó enorme revuelo en los medios empresariales, académicos y laborales, dado el alcance de algunas propuestas, las cuales apuntan a una supuestamente necesaria modernización y reforma estructural del sistema tributario colombiano. El informe está dividido en cinco capítulos: 1) los impuestos directos; 2) los impuestos indirectos; 3) los impuestos territoriales y las regalías; 4) régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro, y 5) la administración tributaria en Colombia. En el presente escrito, se aborda el análisis del primer capítulo. En entregas posteriores, se analizarán los capítulos restantes.
Tributación directa: cambiar todo para que todo siga peor
Los impuestos directos, en particular el impuesto de renta y el CREE (creado este último en la más reciente reforma tributaria) representan cerca del 7% del recaudo tributario total. La intención de la comisión es que dicha participación se mantenga igual, sobre la base de:
A) Modificar la composición del impuesto entre personas jurídicas y naturales. El diagnóstico señala que la mayor parte de la tributación de renta y patrimonio recae sobre las personas jurídicas, existiendo un desbalance en la carga tributaria de las diferentes empresas, dada la multiplicidad de regímenes de exención para las empresas ubicadas en determinados sectores de la actividad económica, exenciones que crecieron desmesuradamente a partir de los gobiernos de Álvaro Uribe. La Comisión propone eliminar los impuestos de renta y CREE para las personas jurídicas y crear un solo impuesto a las utilidades contables empresariales. La simplificación del impuesto sería positiva si, de verdad, se eliminan los privilegios de que gozan diversos sectores de grandes empresarios y si se controla la doble contabilidad que llevan las empresas.
B) Gravar los dividendos en cabeza de personas naturales. Ésta es una discusión de larga data, porque los dueños de empresas alegan que, si se gravan los dividendos personales, se está incurriendo en una doble tributación, con lo cual se caería en la injusticia de gravar dos veces una misma utilidad. La Comisión considera que ello no es así, si se tiene en cuenta el régimen tributario de la empresa generadora del dividendo. La aplicación de este gravamen no distingue, en la propuesta de la Comisión, al pequeño ahorrador, que invierte sus economías en acciones de empresas sobre cuya administración no ejerce ninguna influencia, del inversionista propietario de grandes lotes de las acciones de las empresas que ejerce la administración y la gestión de las mismas, ni del inversionista institucional, que adquiere acciones con el ánimo de lograr rentabilidades de corto plazo mediante actividades especulativas en la bolsa de valores.
C) Eliminar el impuesto a la riqueza (anteriormente, impuesto al patrimonio), tanto para personas naturales y jurídicas. La razón de esta propuesta es su carácter «anti-técnico» pero, sobre todo, porque tiene «repercusiones negativas sobre la inversión y el crecimiento económico». Esta argumentación es falaz porque no tiene en cuenta los procesos de valorización de que es objeto buena parte de la riqueza que acumulan los individuos y las empresas en la sociedad capitalista.
D) Eliminar las contribuciones parafiscales que financian la salud, el ICBF, el SENA y las cajas de compensación familiar. Esta recomendación le da continuidad a lo ya avanzado por los voceros del gran capital en la última reforma tributaria y no es más que el intento de seguir atacando el salario social de los trabajadores, que está representado en la seguridad que dan estas contribuciones para que dichas porciones del salario sean percibidas por ellos.
Tributación directa y situación fiscal
La intención de la Comisión de no afectar el volumen del recaudo mediante la tributación directa sino de simplificar su estructura no es otra cosa que buscar resolver los problemas fiscales que afronta el gobierno nacional, debido a la disminución del precio del petróleo, mediante el expediente de incrementar el recaudo de los impuestos indirectos, que afectan, proporcionalmente, más a los sectores de menores ingresos en vez de generar un auténtico y progresivo sistema tributario en el que los que poseen más tributen más. En próximos artículos, veremos cómo se hace esto.
* Investigador del CEIS.
