Por: Gustavo Tabares Ramírez
Las propuestas y acciones del gobierno para salir de las dificultades económicas no tienen nada que ver con los acuerdos pactados con las FARC. Tampoco son consistentes con la búsqueda de la equidad, que es uno de los pilares del Plan de Desarrollo del gobierno. Un ejemplo, es la presentación a cuentagotas de la esperada reforma tributaria estructural, que con tecnicismos que deforman la realidad se proclama que mejorará las condiciones de los grupos menos afortunados.
Diagnóstico amañado
Se insiste por parte de los voceros oficiales que la crisis tiene su origen en la caída de los precios de los hidrocarburos. Al gobierno le conviene esta visión unilateral porque toda la responsabilidad dependería de factores externos, que no tendrían ninguna relación con las decisiones de política interna.
Pero las dificultades actuales tienen causas más profundas, relacionadas con no haber sembrado la bonanza petrolera y permitir que la economía experimentara los males de la enfermedad holandesa (apreciación del peso, aumento de las importaciones, destrucción del aparato productivo nacional). En su momento no se aceptó que la economía sufría los síntomas de la enfermedad holandesa, y no se tomaron medidas para evitar la destrucción del aparato productivo industrial y agropecuario. Cuando se inició el proceso de negociación de La Habana, la economía evolucionaba normalmente y se predecía que el producto pasaría a crecer por encima de 6%. Se esperaba que el sistema generara excedentes para financiar el posconflicto y que la distensión mejorara la actividad productiva y el empleo.
Pero las condiciones han cambiado radicalmente. La economía experimentó en el último año y medio un proceso general de deterioro. El producto crece 1,5% y el empleo cerca de cero, los déficits fiscal y en cuenta corriente ascienden a 3,5% del PIB y 6% respectivamente y las tasas de interés superan el 10%. No se trata de un fenómeno coyuntural. Incluso cuando los precios del petróleo estaban altos, el déficit seguía creciendo: entre 2001 y 2015 este déficit pasó de 1,3 a 6,5 % del PIB, y en 2012, cuando los precios del petróleo estaban en sus niveles más altos, ascendió a 3 % del PIB. En otras palabras: aun en el mejor momento de la bonanza petrolera, la economía presentaba una situación frágil; no es cierto, entonces, que los problemas actuales se deban a la caída de los precios del petróleo.
Entre 2012 y este año la deuda pública total se ha incrementado en un 40% y la deuda pública externa entre 2008 y hoy ha crecido en casi un 100%. Esto significa que a la fecha el porcentaje de la deuda pública sea de casi el 60% del PIB. Derivado en parte de lo anterior, el déficit fiscal tan alto y que ejerce una presión muy fuerte sobre el presupuesto de 2017, en el que el servicio de la deuda representa el 25% del total del presupuesto, nos ha llevado a lo que la ANIF ha llamado Juegos de Ponzi, que significa que el mayor endeudamiento se destina a cubrir los intereses del pasado.
Vale la pena reconocer, que las condiciones mundiales han colocado a los países de menor desarrollo en estado de déficit en cuenta corriente y altas tasas de interés que los precipitan en recesión. La receta que dominó la economía mundial, que en parte consiste en un exceso de ahorro sobre la inversión que se manifiesta en tasas de interés cero, entró en crisis en 2008 y no ha podido superarse. Las principales causas del exceso de ahorro mundial se encuentran en la globalización y el crecimiento. El exceso de ahorro en los países desarrollados y que les significa superávit en cuenta corriente, tiene como contraparte déficits comerciales en los países de menor desarrollo. Los cuales encuentran serias restricciones para bajar las tasas de interés y elevar el tipo de cambio, y como todos están en las mismas circunstancias, las devaluaciones resultan inefectivas. En la práctica, no disponen de más medios para corregir los desbalances externos que bajar los salarios y contraer la producción y el empleo.
Este breve diagnóstico revela en forma clara que las fallas del mercado y los desaciertos de la política económica provocaron un retroceso que se manifiesta en condiciones de pobreza e inequidad de dimensiones que no guardan relación con el desarrollo del país.
Visión cortoplacista
Como el problema es estructural, la solución requiere tiempo. Pero se ha dicho que las medidas correctivas tienen que tomarse con urgencia, y que las calificadoras de riesgo no dan espera. En este afán no se están considerando medidas de mediano plazo, que son indispensables para consolidar la “nueva economía”, como ha llamado el gobierno al impulso de la agricultura, la industria y el turismo.
En el desespero por apagar las alarmas que han encendido las calificadoras de riesgo, después de más de un año de expectativa, el gobierno presenta la esperada reforma tributaria estructural. La propuesta aterriza para una carrera contrarreloj, pues el Congreso tendrá escasas siete semanas para tramitarla.
Los prerrequisitos básicos de un buen sistema tributario son, primero, quienes tienen más pagan más, y segundo, no interferir con el funcionamiento regular de la economía. En general se encuentra que los impuestos más progresivos, como el patrimonio y la renta, son los que más afectan el funcionamiento del mercado y reducen el ahorro. Pero en la reforma el gobierno se inclinó a favor de los gravámenes indirectos, que son más inequitativos, interfieren menos en la eficiencia del mercado y generan más recaudos. En las múltiples reformas tributarias que han tenido lugar en el país en los últimos años, ha sido una constante el desmonte de la tributación progresiva y su remplazo por la indirecta y la elevación de la tributación del trabajo con respecto al capital.
El proyecto de reforma tributaria mantiene esta tendencia. Nuevamente el gobierno no quiere molestar a los ricos. El ajuste fiscal se quiere hacer ampliando los productos sujetos al IVA y aumentando este gravamen del 16 a 19%, y buscando recursos entre los peluqueros y los tenderos de barrio, dejando tranquilo al 1 por ciento más rico de la población, que tiene el 20,5 por ciento del ingreso nacional. Se sustituye el impuesto a la riqueza y al ingreso por un impuesto plano a las utilidades de las empresas y la contribución efectiva se reduce de 42 a 32%. Así las cosas, se configura una estructura que sustituye los gravámenes directos (los que tienen más pagan menos), por los indirectos (los que tienen menos pagan más), se elimina la progresividad del patrimonio y del ingreso a las personas jurídicas y se eleva la carga tributaria del trabajo con relación al capital. Y los llamados a la equidad vuelven a quedarse solo en buenas intenciones.
