Jaime Caycedo Turriago
La gran marcha por la paz, la democracia y la defensa de lo público ha marcado un punto de giro del compromiso político con el proceso de diálogo que se cumple en La Habana. Ha mostrado que crece un respaldo social de masas a la vía de una solución política en contraposición a la solución militar promovida por la derecha y el militarismo. Ha mostrado que la izquierda y el movimiento popular pueden ganar la calle en unidad para crear nuevos hechos que construyen matrices de debate con base en la movilización.
Ha mostrado que las contradicciones en el seno del poder existen, no le cambian su naturaleza, pero pueden ser aprovechadas por las fuerzas populares para ampliar el campo de la lucha por la paz, no de cualquier paz, sino de la paz con justicia social. Ha mostrado que la polarización construida por el guerrerismo contra quienes luchan por la paz empieza a deshacerse en el aire, poniendo al desnudo a quienes boicotean el proceso de diálogo en lamentable ayuntamiento con quienes lo menosprecian.
En síntesis, el 9 de abril ha significado el inicio de un compromiso popular con lo que representa la lucha por la paz. Pero este paso sustantivo no logra aún contener el curso de una política en contravía de la justicia social, como la que impulsa Juan Manuel Santos. El empeño en imponer la ley estatutaria del fuero militar, la contrarreforma pensional, la reforma a la salud en crisis y, más recientemente, la anunciada política económica de choque, indica que el ciego curso clasista sigue guiando la conducta del Establecimiento, junto con la guerra en medio del diálogo. El reto del movimiento popular es confrontar toda la política regresiva frente a la justicia social.
Mientras el señor Santos se sumaba a la marcha en algunos actos protocolarios, su ministro de Defensa y el director de la Policía acusaban a la Marcha Patriótica de estar financiada por la insurgencia. Nuevas contradicciones se manifiestan: el Procurador se pronuncia contra el diálogo, incluso contra el llamado marco jurídico para la paz, en controversia con el Fiscal General quien reconoce que el diálogo “es una negociación y no un sometimiento”.
¿Qué puede seguir ahora? Ante todo, el movimiento popular no puede quedarse quieto, expectante. Hay que unir las luchas reivindicativas legítimas y justas con la lucha por la paz. El reto es muy fuerte pero ineludible.
Pero, además, hay dos aspectos de la situación que exigen la mayor atención de la Ruta Social Común por la Paz: 1) sembrar las constituyentes populares de base y sectoriales como espacios de propuesta y de movilización por la paz con justicia social; 2) la unidad de la izquierda comprometida con el frente amplio por la paz que no da espera y que no es un asunto exclusivamente electoral sino un espacio de coordinación, de convergencias y de iniciativas del factor consciente sin cuya presencia la paz justa y democrática corre el riesgo de no alcanzar sus objetivos.
Dos aspectos diferentes y complementarios ligados a la construcción de la paz y la reconciliación desde los derechos del pueblo y su intervención decisoria e independiente en este proceso.
