A pesar que los intentos de una jurisdicción especial para dirimir los conflictos de la ruralidad llevan casi 100 años y el acuerdo de paz la exige, aun sectores articulados a la gran propiedad la siguen torpedeando
René Ayala
El acuerdo final de paz firmado del 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP plantea la reforma rural integral como eje para avanzar a fondo en la implementación tanto del acuerdo en su dimensión central, que precisa la superación del conflicto atado a la tenencia de la tierra, y la reforma agraria como mecanismo para incluir al campesinado históricamente violentado del derecho de acceder a la propiedad.
Se trata de la jurisdicción agraria (JA), una deuda histórica con el campesinado empobrecido y usurpado, que busca superar el origen de la violencia histórica creando un órgano especializado en asuntos agrarios y de tierras dentro del sistema de justicia. Aunque esto parece obvio, los intentos de establecer esta jurisdicción se han frustrado desde las reformas liberales de los años 30 del siglo pasado.
Los inicios
La ley 200 de 1936 o ley de tierras, incorporó jueces de tierras para regular la gran propiedad y facultar a la justicia en favor de los labriegos por medio de acciones de protección a la posesión. Sin embargo, este modelo se enfrentó a dificultades para resolver los litigios generados por la reforma agraria y fue suprimido en 1943, devolviendo estas funciones a jueces civiles que no estaban especializados en el conflicto agrario y que, además, operaban bajo un modelo jurídico favorable a los intereses de los terratenientes.
Luego de los fracasos de la reforma agraria, en 1973 la ley estableció una sala agraria en la corte suprema de justicia, pero el gobierno de Misael Pastrana, en consonancia con su posición contrarreforma y como colofón del pacto de Chicoral que enterró la reforma agraria, nunca la implemento.
“A pesar de obstáculos impuestos por gobiernos que sabotearon la reforma agraria y que quisieron hacer trizas la paz, el gobierno del cambio impulsa la jurisdicción agraria e implementación de este punto nodal del acuerdo de paz”
Hay un nuevo intento en 1989 basado en la ley 30 de 1987 que crea herramientas para resolver los conflictos de naturaleza agraria. Sin embargo, solo se implementaron 3 juzgados de los 115 previstos y 2 salas agrarias de 23. Este esfuerzo fue bloqueado en 1996 por ley estatutaria de la justicia, que suspendió los jueces agrarios mientras el Consejo superior de la judicatura estableciera en el plazo de 2 años mecanismos para regularla, cosa que jamás cumplió dejando acéfala la ruralidad de un modelo de justicia. Este hecho, además de la derogación final del marco jurídico de la idea de la jurisdicción agraria en la reforma de la rama judicial de 2009, agudiza el conflicto y la guerra en los territorios.
Una jurisdicción postergada
Los intentos de justicia agraria especializada impulsados en 1936, 1961 y 1989 fueron finalmente abortados y se puede trazar una línea de tiempo que relaciona estos sucesos con la profundización de los conflictos agrarios y la violencia. Solo con el acuerdo final de paz se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una legislación especial y se establecen mecanismos en la justicia transicional para la reparación de victimas y restitución de tierras despojadas.
Este largo periodo de omisión estatal evidencia negligencia en la construcción de una institucionalidad para resolver los conflictos agrarios sin que fuera contaminada y determinada por los gobiernos de turno y la gran propiedad. Ese abandono intencional permitió que las autoridades actuaran con indiferencia frente a la protección de los derechos del campesinado perpetuando una estructura agraria desigual y alimentando un conflicto de más de 70 años.
Luces y sombras
A pesar de los obstáculos impuestos por gobiernos que sabotearon la reforma agraria y que quisieron hacer trizas el acuerdo de paz, el gobierno del cambio ha tomado la batuta de impulsar la jurisdicción agraria e implementar este punto nodal del acuerdo de paz. La exviceministra de asuntos rurales, Martha Carvajalino, destaca los esfuerzos del gobierno en avanzar hacia la implementación de la jurisdicción: “Con el acto legislativo 03 de 2023, el gobierno incorporó a la constitución el reconocimiento de una jurisdicción agraria y rural, esto significa que tendremos jueces especializados que resolverán conflictos agrarios con independencia”.
Sin embargo, el camino sigue siendo complicado. La exviceministra señaló: “Este acto legislativo por solicitud de las altas cortes consideró que los tribunales de cierre deberían ser el consejo de estado, la corte suprema y el consejo superior de la judicatura, lo que ha derivado en polémica sobre la potestad de los jueces rurales para zanjar las controversias. Con posteridad a la sanción corresponde al congreso legislar sobre la estructura, funcionamiento y competencia de la jurisdicción para entrar en funcionamiento”.
“El gobierno presentó el proyecto de ley estatutaria y de ley ordinaria que crea el procedimiento agrario y recoge principios que dan autonomía y especialidad al derecho agrario. Estos principios incluyen protección en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria, indivisibilidad de la unidad agrícola familiar para impedir procesos de acumulación y concentración sobre la tierra, y el principio constitucional de la función social y ecológica de la propiedad. También incorpora el enfoque de género y justicia transicional, y establece procedimientos flexibles para garantizar el acceso de los campesinos como sujetos de especial protección constitucional a la justicia. Mientras el proyecto de ley estatutaria avanza, lamentablemente el proyecto ordinario no ha sido debatido por el congreso y ha sido suspendido a solicitud de la corte”, concluyó Carvajalino.
La preocupación de la exviceministra refleja la historia tensiones y desengaños frente a la jurisdicción que ponga tatequieto al modelo de inequidad y exclusión en el campo, pero también destaca las acciones del gobierno del cambio que vuelven a despertar en el campesinado la esperanza de que por fin la justicia, no la que castiga sino la que redime, llegará para los de ruana.
