Heidy Sánchez Barreto
El presupuesto de Bogotá para 2026 confirma lo que hemos alertado: la planeación fiscal de la administración de Carlos Fernando Galán reproduce un modelo de ciudad orientado a grandes obras de infraestructura, subsidios a privados y la preservación de los intereses de la clase dominante, mientras profundiza la precarización de los servicios públicos, debilita la inversión social y limita la capacidad de respuesta institucional frente a las necesidades de la ciudad. Por ende, explicaremos las diversas razones por las cuales nuestra ponencia fue negativa ante este nefasto presupuesto, no por desconocer la importancia de este en el cumplimiento de los fines sociales del Estado, sino porque el proyecto evidencia la priorización de ese modelo de ciudad neoliberal al que siempre nos hemos opuesto.
La caída del ICA ($387.662 millones menos) evidencia el deterioro de las MiPymes y la falta de políticas de formalización, en 2025 solo 136.440 personas jurídicas aportaron, menos que en 2024 (145.143) y 2022 (140.854) año post pandemia, pese a que en 2024 existían 441.066 empresas vigentes, de las cuales el 99,2% son MiPymes. A esto se suma el crecimiento del servicio de la deuda, que en 2026 será de $2,6 billones (+27,7%), mientras la inversión solo crece 3,2%. Entre 2026 y 2036 Bogotá pagará $18 billones en intereses y desde 2033 más de $4 billones anuales, comprometiendo la capacidad futura de inversión social.
Desde esta curul hemos insistido en privilegiar lo público, pues la gestión estatal es más eficiente al no destinar recursos a utilidades privadas y permite reinvertir en cobertura y calidad. El propio presupuesto lo demuestra: las empresas industriales y comerciales del Estado (Aguas de Bogotá, Acueducto, La Rolita, entre otras) generan $32,099 billones en ingresos, ejecutan $27,8 billones en gastos y dejan $4,2 billones de disponibilidad. Además, representan el 42,62% del presupuesto general y aportan cerca del 7% mediante excedentes, generando recursos casi equivalentes a los de la Administración central (47,7%). Fortalecer estas entidades haría los servicios más eficientes y con mejores retornos públicos, pero el presupuesto no avanza en esa dirección.
Movilidad
El sector movilidad es el ejemplo más evidente del modelo que prioriza ganancias privadas por encima del bienestar ciudadano. La administración propone aumentar $250 el costo del pasaje en 2026, llevándolo de $3.200 a $3.450, un incremento del 7,8%, muy por encima del IPC proyectado (4,52%). Esta decisión castiga directamente a los habitantes de estratos 1, 2 y 3, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al transporte y dependen del sistema para su movilidad diaria.
El presupuesto contempla $3,2 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), el 37% de la inversión del sector, pero con este monto la administración asegura que es necesario el alza de $250. Lo que omite es que TransMilenio recomendó un aumento de solo $150 (4,6%), casi igual al IPC, lo que permitiría congelar el pasaje en términos reales, siempre que se entregaran más recursos a través del FET. La diferencia entre ambas alternativas es de $98.622 millones, que a nuestra consideración podrían ser asumidos por los concesionarios sin afectar su rentabilidad, no obstante, esta alternativa no se contempló, pues mientras todos tienen que poner de su bolsillo, las ganancias privadas no se tocan.
En infraestructura vial, las cifras son igual de preocupantes. El IDU manejará $2,3 billones, la Secretaría de Movilidad $536.708 millones y la Unidad de Mantenimiento Vial apenas $171.634 millones, a pesar de que 3.617,1 km por carril en Bogotá requieren intervención urgente, la meta para 2026 es intervenir tan solo 422,56 km por carril, apenas el 11,6%. Mientras la ciudad enfrenta 12.940 siniestros graves en 2024, los proyectos pedagógicos y de seguridad vial sufren recortes del 16,12%, 13,21% y 11,27% respectivamente.
Integración Social
La Secretaría de Integración Social administrará $2,5 billones en 2026, pero el presupuesto revela un patrón similar al de otros sectores, aumentos operativos sin mejora real en la atención a poblaciones vulnerables. El programa de transferencias monetarias se reduce en 9,4%, pasando de $681.493 millones a $617.829 millones, pese a que la pobreza monetaria e inseguridad alimentaria aumentan en la ciudad.
Los programas para jóvenes en pobreza también sufren recortes, la actividad de inclusión productiva pasa de $6.608 millones a $5.709 millones, una caída del 13,6%. La actividad de acceso a oportunidades sociales pasa de $5.540 millones a $5.111 millones, una reducción del 7,79%. Estas reducciones ocurren mientras la entidad proyecta metas de atención más alta, pero con una reducción presupuestal, reproduciendo un modelo de planeación desconectado de las capacidades reales de ejecución.
La infraestructura social también demuestra retrocesos, el programa de inversión cae 11,93%, y la actividad destinada a obras nuevas sufre un desplome del 66,18%, cancelando proyectos estratégicos por entregar como el Centro Social de Vivienda Transitoria y el Centro Sociosanitario de Bosa. Incluso el programa de bienestar alimentario solo aumenta un 0,25%, mientras la entrega de raciones disminuye un 19% del presupuesto, con el argumento poco realista de una supuesta disminución en los precios de los alimentos, lo que evidentemente va a afectar a la cantidad de beneficiarios de este servicio.
Mientras tanto, el proyecto de Fortalecimiento Institucional crece 13,81%, orientado sobre todo a contratación por prestación de servicios. En Integración Social, como en otros sectores, la constante es clara, más recursos para la burocracia precarizada, menos para derechos.
Mujer y Sistema Distrital de Cuidado
El presupuesto de la Secretaría de la Mujer se reduce en 1,02% y su inversión en 2,80%, pese al aumento de violencias basadas en género y la demanda creciente de servicios de cuidado. El Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU), política clave para reducir las cargas de cuidado de las mujeres, apenas aumenta 1,08%, quedando en $12.559 millones, muy por debajo de las necesidades establecidas por la propia entidad, que había proyectado $14.783 millones.
La reducción afecta directamente la operación del sistema, las duplas psico jurídicas pasarán de 33 a 24, el personal solo podrá contratarse 9 meses y medio y se eliminan insumos básicos de pedagogía y difusión. Además, la administración planea operar 30 Manzanas del Cuidado, pero recorta los recursos necesarios para sostenerlas. Surge así una pregunta inevitable: ¿cómo funcionará el SIDICU sin el talento humano mínimo para operar los servicios?
En violencia basada en género, el panorama es igual de grave. Aunque el 46,7% del presupuesto de la Secretaría se destina al programa “Bogotá avanza en su seguridad”, los proyectos de inversión presentan disminuciones importantes que afectarán la atención territorial, la continuidad del servicio y la estabilidad del personal.
Economía Popular
Pese a que cerca del 40% de la población ocupada de Bogotá (más de 1.800.000 personas) depende de la economía popular, el presupuesto para 2026 reduce los recursos del IPES en cerca del 5%, en un contexto donde la entidad no supera el 40% de cumplimiento de metas a corte de octubre de 2025.
Los recortes son críticos en áreas misionales, por ejemplo, para el programa de fortalecimiento de las unidades de negocio populares hay una reducción del 35%. La inversión en mantenimiento de plazas de mercado se disminuye mientras aumentan los cobros a vivanderos. Sumado, los programas de aprovechamiento del espacio público tienen una reducción de $1.200 millones. Al tiempo, la entidad destina más del 26% de sus recursos a burocracia, compra bienes y servicios. El IPES, diseñado para fortalecer la economía popular, se convierte en una administradora de arriendos y cartera, desplazando su propósito social.
Hábitat y servicios públicos
El sector Hábitat prioriza 12.596 subsidios para adquisición de vivienda nueva, de un total de 15.496, es decir, el 86%. Estos subsidios solo benefician a hogares con ingresos entre 1 y 4 SMMLV, excluyendo de facto a hogares que tienen ingresos de 0 a 1 SMMLV, quienes pasaron de ser el 24% de los beneficiarios en 2024 a apenas el 16% en 2025.
Esta destinación contradice el artículo 91 de la Ley 388, que ordena priorizar a los hogares más pobres, por ello, el mensaje es claro, el presupuesto fortalece el negocio inmobiliario privado, no el derecho a la vivienda popular. Mientras tanto, el presupuesto para la ciudad popular es marginal, apenas 2.600 subsidios de mejoramiento, $50.665 millones para espacio público en áreas de Mejoramiento Integral y apenas $1.049 millones para legalización de asentamientos.
En servicios públicos, la situación es aún más delicada: la UAESP no fortalece a Aguas de Bogotá, pese a que a partir de febrero la ciudad pasa a esquema de libre competencia en aseo, lo que incentivará a operadores privados a concentrarse en zonas rentables, dejando los barrios populares con menor cobertura, y mientras Aguas de Bogotá proyecta una disponibilidad final de más de $18.000 millones, el presupuesto reduce en $8.000 millones destinados a puntos críticos.
El alumbrado público también se castiga con una reducción de $11.000 millones, presionando indirectamente la aprobación del nuevo impuesto al alumbrado que golpearía a clase media y MiPymes.
Sector Ambiente
El sector Ambiente es quizá donde el contraste entre discurso y realidad es más marcado. El alcalde anuncia “bonos verdes” por $2,3 billones, pero estos financiarán principalmente proyectos viales, no ambientales. Las reducciones presupuestales son generalizadas, pues en proyectos de educación ambiental y resiliencia hay disminuciones, 46,67% en IDIGER, 17% en la SDA, 5,73% en el Jardín Botánico. Los recursos para la mejora de la calidad del aire, auditiva y visual en la Secretaría de Ambiente disminuyen en un 32,06%. Para el fortalecimiento del IDIGER habrá una reducción cercana al 50%. A esto se suma el déficit en arbolado urbano, la ausencia de recursos para actualización del censo, la falta de planificación hídrica y la subfinanciación de proyectos estratégicos como la Casa Ecológica de los Animales, que requiere $15.500 millones adicionales según FINDETER. La prioridad no es la resiliencia ambiental, sino la valorización inmobiliaria disfrazada de verde.
Educación y Universidad Distrital
La Secretaría de Educación administrará $7,7 billones, un aumento del 9,15%, pero el presupuesto presenta inconsistencias graves, por ejemplo, el PAE se proyecta para 733.402 estudiantes, aunque la matrícula esperada es 649.462. La infraestructura educativa recibe $174.621 millones, pese a que la meta programada era construir 6 colegios nuevos y 4 restituciones, pero la administración ya mencionó que solo financiará 4 colegios y 2 restituciones.
En cuanto a la Universidad Distrital, el aporte ordinario crece solo 4,52%, equivalente al IPC. La necesidad para implementar la Reforma al Estatuto General es de al menos $5.000 millones adicionales, que no fueron garantizados, es decir, la UD tendrá en 2026 prácticamente el mismo presupuesto real de 2025, pese a mayores responsabilidades y exigencias académicas.
Seguridad y Gobierno Local
La Secretaría de Seguridad es una de las carteras con peor ejecución, en 2024 ejecutó solo 40,4% del presupuesto de inversión. En 2025, a septiembre, apenas 22,4%. Pese a ello, la administración insiste en la incorporación del programa Guardianes del Orden, financiado con $90.000 millones, de los cuales $81.000 millones provienen de endeudamiento, pese a que el piloto ya evidenció acoso laboral, tareas riesgosas sin formación, falta de articulación interinstitucional y precarización laboral.
Se reduce además 11,8% el proyecto de gestión del conocimiento, fundamental para entender el fenómeno criminal. Las alcaldías locales tampoco mejoran, varias localidades mantienen ejecuciones por debajo del 50%; sin embargo, el Sector Gobierno destina $36.000 millones a fortalecimiento, pero sin claridad sobre cómo esto mejorará la ejecución real en los territorios.
Un presupuesto que agrava las desigualdades y profundiza el modelo de la ciudad mercancía
En conclusión, el presupuesto de Bogotá en 2026 consolida un modelo de ciudad donde la inversión pública se subordina a los intereses del capital privado, donde la deuda crece mientras se debilita lo social, y donde los derechos de las personas son sacrificados en nombre de un desarrollo que no mejora su vida cotidiana.
Este presupuesto prioriza operadores privados del SITP antes que los usuarios, reduce la inversión social mientras aumenta la burocracia, recorta servicios para mujeres y desfinancia el SIDICU. Adicionalmente, desprotege la economía popular, subsidia la vivienda pero para los constructores, no para los más vulnerables, mientras que los programas destinados al mejoramiento integral de vivienda y barrios son irrisorios. Sumado, debilita a Aguas de Bogotá en un momento crítico, reduce la inversión ambiental, reproduce desigualdades en educación, endeuda la ciudad sin mejorar la seguridad y profundiza la crisis de ejecución local.
Bogotá necesita un presupuesto que responda a la realidad social, que fortalezca lo público, que reduzca desigualdades y que construya una ciudad para quienes la habitan, no para quienes se lucran de ella. En ese sentido, nuestro llamado es claro: hay que revisar de fondo el presupuesto, corregir las prioridades, frenar el endeudamiento regresivo y garantizar que cada peso público se use para garantizar derechos, no para ampliar ganancias privadas. Solo así podremos avanzar hacia una Bogotá justa, igualitaria y verdaderamente democrática.
