Editorial Pacto en Chicoral 2025
Claudia Flórez Sepúlveda
Secretaria General PCC
El 9 de enero de 1972, el gobierno de Misael Pastrana Borrero, junto con las élites políticas, terratenientes y congresistas de los partidos Liberal y Conservador, ejecutaron uno de los golpes más devastadores contra el campesinado colombiano.
En Chicoral, Tolima, se acordó frenar el proceso de reforma agraria condenando a las comunidades rurales a la pauperización de sus condiciones de vida. Este pacto no solo significó una traición a las luchas campesinas por la tierra, sino que profundizó la brecha de desigualdad y perpetuó las injusticias estructurales que siguen afectando al campo colombiano.
En este contexto, se pactó la contrarreforma de la Ley 135 de 1961, eliminando la posibilidad de expropiar los latifundios improductivos ocupados por las comunidades campesinas. Para ese entonces, el movimiento agrarista ya llevaba años luchando por el acceso a la tierra.
En 1971 se produjo la toma de 316 fincas en 13 departamentos, ocupadas por alrededor de 16 mil familias, y en diciembre de ese mismo año, otras 120 fincas fueron tomadas en siete departamentos más.
La ley vigente permitía que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, adquiriera tierras para las comunidades indígenas, saneara resguardos y constituyera nuevos en terrenos baldíos. Sin embargo, el pacto de Chicoral abortó cualquier posibilidad de avanzar en una verdadera reforma agraria que favoreciera a los campesinos pobres, consolidando en su lugar los intereses de los terratenientes y las élites políticas, manteniendo intacta la concentración de la tierra en pocas manos.
Este pacto también instauró la violencia como herramienta para reprimir las luchas del movimiento campesino. La respuesta del Estado ante la legítima exigencia de acceso a la tierra fueron detenciones masivas y asesinatos selectivos. La represión limitó gravemente las opciones de resistencia para el campesinado, que se vio forzado a defender su vida frente a un gobierno que los consideraba enemigos.
El pacto de Chicoral representó una perspectiva peligrosa al configurar al campesino como un adversario del Estado, debilitando el camino hacia una democracia más inclusiva y profundizando el distanciamiento entre las instituciones y las mayorías rurales. Esta decisión perpetuó las desigualdades sociales y económicas en el campo, dejando una deuda histórica que aún persiste en la sociedad colombiana.
El país desperdició una oportunidad crucial para avanzar en una reforma agraria que atendiera los justos reclamos campesinos, evitando así décadas de conflicto armado y violencia. El conflicto por la tierra, resultado de la concentración de la propiedad agraria, ha sido un factor clave en la exclusión social y económica del campesinado. Una verdadera reforma rural debe transformar la estructura agraria del país, garantizando equidad para las comunidades rurales.
Hoy el país necesita un nuevo pacto de Chicoral. Esta vez, con los campesinos como protagonistas del cambio. Este pacto debe ser construido desde la visión del gobierno del cambio y el movimiento campesino, agrarista y campesinista, comprometidos con la soberanía alimentaria. Esto implica no solo el acceso a la tierra, sino también a los recursos necesarios para producir alimentos de manera sostenible, garantizando la justicia social y el bienestar de las comunidades rurales que durante tanto tiempo han sido excluidas.
El futuro del campo colombiano depende de reconocer la dignidad del campesinado y de darles las herramientas para transformar su realidad.Principio del formulario
¡Por redistribución, democracia y transformación del campo! Final del formulario
