No se puede entender como un noble gesto de paz el indulto santista. El Gobierno no tiene ningún argumento para no haberlo hecho antes y haber evitado así la muerte en encierro de muchos prisioneros políticos y de guerra
Pedro Nolasco Présiga
Expresidente Nacional de Fensuagro-CUT en el exilio
A finales del año 2015 y comienzos de 2016 un poderoso movimiento de huelgas de hambre, de protesta, denuncia y de desobediencia civil, denunciando las inhumanas condiciones en que se encuentran, la violación de todos sus derechos y el fallecimiento de numerosos prisioneros políticos y de guerra producto de numerosas enfermedades terminales, la ausencia total de tratamiento médico y de suministro de medicamentos, conmovió la sensibilidad del movimiento popular colombiano y concitó la denuncia y la solidaridad internacional.
A finales de Noviembre del año pasado (2015) y en medio del optimismo general por los notorios avances en las conversaciones y acuerdos Gobierno-FARC en la Habana, el presidente Juan Manuel Santos anunció un indulto para 30 guerrilleros de las FARC -prisioneros de guerra- recluidos en cárceles Colombianas. Algunos sectores, incluso de la izquierda colombiana, calificaron el anuncio como un gesto noble de paz y de buena voluntad del presidente Santos.
Aunque es un anuncio realista, nada tiene que ver con la buena voluntad de Santos para aclimatar la paz en el país. Un Juan Manuel que ya oficializadas (aunque en secreto) las conversaciones Gobierno-FARC al preguntarle sus tropas que hacen con el Comandante Alfonso Cano (después de tenerlo rodeado e indefenso) da la orden de asesinarlo, nada tiene de Santo y si mucho de tramposo, guerrerista y sanguinario, no hay que olvidar un solo instante que la paz que busca Santos no es la misma paz que busca y necesita el pueblo colombiano.
En verdad el indulto a los prisioneros de guerra obedece, fundamentalmente, a la fuerte presión de la delegación de paz de las FARC en la Habana, a la denuncia, la lucha, el clamor y la solidaridad en Colombia y a nivel internacional por la libertad para todos los prisioneros políticos, al poderoso movimiento de lucha, de dignidad y de coraje, que los propios prisioneros de guerra, luchadores políticos y sociales han emprendido, convirtiendo las cárceles y prisiones en una verdadera trinchera de lucha que los ha llevado a utilizar las más variadas y arriesgadas iniciativas como la denuncia, las huelgas de hambre, los encadenamientos, los plantones, coserse los labios, en fin, la desobediencia en general para exigir el respeto a sus derechos, su dignidad y su integridad a un estado que ha convertido las prisiones en verdaderos centros de concentración, hacinamiento, aislamiento, tortura, degradación y muerte como formas de escarmiento, castigo y sometimiento contra miles de prisioneros políticos y de guerra.
La dignidad y entereza de los prisioneros políticos y de guerra los ha llevado no solamente a luchar y reivindicar sus derechos particulares ante un estado que niega su existencia («el único prisionero político en Colombia soy yo», decía Turbay Ayala, pasando por todos los presidentes, hasta el Santos de hoy, todos han negado la existencia de prisioneros políticos), sino que además han asumido la denuncia, el combate y la confrontación de la estructura de todo el sistema carcelario en Colombia y su sistema penitenciario como andamiaje de represión, sometimiento, corrupción, putrefacción, de decadencia moral y política en el que se debate el sistema capitalista, asumiendo a la vez, la defensa de los derechos y reivindicaciones de toda la población carcelaria.
No se puede olvidar que en las cárceles colombianas continúan más de 9.000 prisioneros políticos y de guerra a los cuales se les conculcan todos los días sus derechos.
Por eso mismo no se puede entender como un noble gesto de paz el indulto santista. El Gobierno no tiene ningún argumento para no haberlo hecho antes y haber evitado así la muerte en encierro de muchos prisioneros políticos y de guerra, hombres y mujeres que han muerto a causa de enfermedades terminales, porque nunca se les dio tratamiento médico y mucho menos los medicamentos para salvarlos. El estado y sus distintos gobiernos han llevado su odio de clase hasta la muerte de estos prisioneros. Ni si quiera el hecho de que las conversaciones y acuerdos no hubieran avanzado tanto en la habana justificaría al estado y al gobierno colombiano haberlos dejado morir, pues sabido es que los prisioneros de guerra de edad avanzada, inválidos, con enfermedades graves y terminales no podrán regresar a filas y mucho menos volver a combatir, en la práctica son bajas en el movimiento insurgente, y no ofrecen ningún peligro militar para el estado colombiano.
Los jueces y fiscales que llevan los «casos» de los prisioneros de guerra y de los prisioneros políticos han podido también evitar estas muertes dolorosas e innecesarias, han podido conceder la casa por cárcel para numerosos prisioneros con el fin de que tuvieran mejores condiciones en sus deteriorados estados de salud, responder a sus tratamientos médicos y poder ingerir sus medicamentos, han podido revisar los casos de muchos prisioneros que no han sido condenados (que los debe haber) y que deben salir por vencimiento de términos, otros por pena cumplida.
¿Cómo se puede creer en la voluntad de paz de un gobierno que ad portas de un acuerdo final y de la desmovilización de las FARC como movimiento armado sigue macartizando a la oposición revolucionaria y deteniendo sus dirigentes en medio de una permanente represión y falta de garantías para la actividad política, la lucha social y la defensa de los derechos humanos?
¿Cómo se puede creer en la voluntad de paz de un gobierno que en vez de liberar a los prisioneros políticos y de guerra sigue persiguiendo a los luchadores populares, deteniéndolos y llevándolos a prisión con acusaciones de apoyar y auxiliar a las FARC, mientras anuncia con bombos y platillos que el acuerdo final con dicha organización guerrillera para su desmovilización como movimiento armado tendrá lugar en Marzo, o de todas maneras este año, y cuando se supone que todos los procesos y personas encartadas como prisioneros políticos y de guerra, como auxiliares y/o colaboradoras, ciertas o no, deben ser exoneradas de estos delitos, extinguidos sus procesos y borradas sus huellas e historias de todos los archivos judiciales, del sistema penitenciario en Colombia, y dejados en libertad?
El 22 de Diciembre de 2015 fueron detenidos en San José de Apartadó (Antioquia) los dirigentes de la UP, Luis Arley Cartagena y Laura Cataño Serna.
Laura Cataño fue recluida en el pabellón de mujeres del centro carcelario el pedregal de Medellín, tiene 55 años de edad, padece una afección cardiaca crónica por la cual ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente y se le han prescrito medicamentos de por vida, sin los cuales su salud y su vida corren grave peligro. Desde el momento de su detención Laura Cataño no ha podido ingerir los medicamentos porque no ha sido posible conseguir la autorización del centro carcelario para llevárselos a la prisión.
Aparte de esta situación ya de por si grave, producto de su enfermedad, Laura está sometida a una dieta especial en su alimentación diaria que tampoco puede cumplir en su centro carcelario.
Arley Cartagena fue recluido en la cárcel nacional de bellavista en la Ciudad de Medellín desde el día 28 de Diciembre de 2.015. Antes de su detención Arley Cartagena venía padeciendo un posible cuadro patológico de tuberculosis y tenía programado un examen médico para confirmar o descartar el diagnostico. Arley Cartagena se encuentra en el área de sanidad en el centro carcelario, en una celda, durmiendo en el suelo, sin que hasta el momento se la haya ofrecido asistencia médica. El abandono y desatención en que se encuentra este prisionero político ponen en grave riesgo su vida y la de los demás internos, pues de diagnosticársele tuberculosis, el riesgo de una epidemia debido al alto grado de contagio de esta enfermedad es inminente.
Y en las cárceles colombianas continúan injustamente en prisión Húbert Ballesteros, dirigente nacional de la Marcha Patriótica, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro-CUT, Pero también muchos otros hombres y mujeres dirigentes y afiliados de Fensuagro, quienes se encuentran desde hace varios años purgando largas e injustas condenas por el único delito de luchar por una verdadera y profunda reforma agraria y por los derechos humanos de los campesinos y del pueblo colombiano, el defensor de derechos humanos, David Rabelo Crespo, dirigente nacional del Partido Comunista Colombiano, quien se encuentra desde hace varios años injustamente encarcelado.
En prisión se encuentra, igualmente, el defensor de derechos humanos, profesor y destacado académico, Miguel Ángel Beltrán, contra quien el estado colombiano, la justicia y la procuraduría, se han ensañado buscando quebrantar su heroica resistencia y su lucha por los profundos cambios que necesita el pueblo colombiano.
Solo hace pocos días la luchadora y defensora de derechos humanos, Liliany Patricia Obando, logró con su abogado, y la solidaridad nacional e internacional, salir definitivamente libre de prisión y de la temible, injusta y clasista telaraña jurídica en la que la enredó la justicia (injusticia) colombiana.
En las cárceles norteamericanas continúan purgando injustas penas producto de la posición entreguista, rodillona y vende patria del estado colombiano y sus gobiernos de turno, el comandante guerrillero Simón Trinidad, y la comandante Sonia, Lo obvio, necesario y realista es que el estado colombiano, su presidente Juan Manuel Santos tramite su libertad y su regreso a la Habana, antes de la firma del acuerdo final.
La izquierda en Colombia (y es lamentable que no toda la izquierda esté comprometida con esta noble causa), Fensuagro, el movimiento popular, con el apoyo, la denuncia y la solidaridad internacional, deben buscar de manera urgente una reunión con el presidente Santos, con el fiscal general de la nación, con el ministro de justicia, y con otras instancias de la justicia en Colombia, apoyándose en la ONU y en otras instancias internacionales, para exigir la inmediata libertad, antes del acuerdo final en la Habana, de todos los prisioneros políticos y de guerra, de todos los luchadores sociales, hombres y mujeres, y el regreso inmediato de Simón Trinidad y Sonia.
