El 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, ha sido un referente de la lucha histórica por el derecho a una vida libre de violencias, la dignificación y contra la mercantilización de la vida; luchas que se condensan en los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres, CEDAW, que entró en vigencia en septiembre de 1981.
También, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer suscrita en Belem Do Para Brasil el 9 de junio de 1994, adoptada en Colombia en la Ley 248 el 29 de diciembre de 1995. Igualmente, la Ley 1257 de 2008 contra todas las formas de violencia contra las mujeres y la 1761 de 2015, Rosa Elvira Cely, contra el feminicidio.
Éstas, lideradas por nuestra exministra Gloria Inés Ramírez Ríos, conquistas en derechos sexuales y reproductivos, participación política y un sistema nacional del cuidado, entre otras reivindicaciones que permitan una vida plena. Logros fruto de la persistencia de los movimientos de mujeres que hicieron posible que nuestros derechos tuvieran una centralidad en la agenda del Gobierno del Cambio.
En la perspectiva que estamos trabajando, la continuidad de un gobierno popular y progresista, es necesario reposicionar la agenda de las mujeres en clave de eliminar las grandes desigualdades sociales, el cierre de brechas sociales, culturales, laborales y de género, continuar avanzando en nuevas conquistas y asumir nuevos retos para enfrentar el sistema capitalista y sus políticas reaccionarias.
Verbo y gracia de lo anterior, la gestación asistida o subrogación de vientres, que hace parte de los desarrollos científicos que podrían serlo, pero el capitalismo ha prostituido convirtiéndolo en un negocio lucrativo a nivel global.
En Colombia, la subrogación de vientres no está prohibida pero tampoco regulada por la ley, permitiendo que el neoliberalismo, es decir, el libre mercado llegue a campear en ella, haciendo que nuestro país sea uno de los destinos del “turismo reproductivo”, ya que se trata de un “negocio” con ganancias exorbitantes. Todo lo cual socava la dignidad de las mujeres más pobres.
Son diversos los proyectos de ley que se han presentado al Congreso de la República, todos infructuosos. Desde provenientes de la derecha más recalcitrante, hasta del Gobierno nacional a través del exministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, y de Salud, Carolina Corcho, quienes presentaron el Proyecto de Ley Estatutaria 345 de 2023 a la Cámara, con el objetivo de regular la gestación asistida. Iniciativas del Gobierno que propendían llenar el vacío legal, orientándose por una regulación con fines altruistas y sin que medie la mercantilización de la vida y la dignidad de las mujeres.
La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-127 de 2024 pone en cuestión el vacío legal en la gestación subrogada, específicamente en lo relativo a la filiación, registro civil y nacionalidad de los niños nacidos bajo esta modalidad. La Alta Corte conminó al Congreso para que legisle, y al Gobierno para que con urgencia regule la gestación subrogada, destacando la vulneración de los derechos de los menores y el alto riesgo de explotación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que el actual vacío permite.
Desde los movimientos feministas y de mujeres, desde nuestra experiencia, práctica política, aportes y acumulados históricos, tenemos la palabra y nos movilizamos en defensa de la dignidad de las mujeres y contra la mercantilización de la vida.
