La administración de Gustavo Petro y Francia Márquez ha reimpulsado la política para la población diversa. Aunque aún falta mucho por recorrer para garantizar el disfrute de los derechos, vamos por el camino correcto
Nixon Padilla
@nixonpadilla
En el debate político colombiano se puede observar claramente, como el desarrollo de las políticas públicas que reconozcan derechos a la población LGBTIQ+, ha estado siempre en la orilla de los sectores progresistas y de izquierdas.
Desde los primeros intentos de legislar sobre el matrimonio igualitario o derechos patrimoniales, ha sido el progresismo, sea de origen liberal o desde las izquierdas, quienes han tomado las banderas de la igualdad y se han jugado su capital político en un contexto hostil para los derechos de las personas LGBTIQ+, como ha sido el Congreso de la República.
Diagnóstico
En las experiencias de gobiernos locales, el movimiento social LGBTIQ+ contó con un aliado en la capital de la República, con la alcaldía de Lucho Garzón (2004-2007). Se contó por primera vez de un respaldo institucional, un instrumento legal y la voluntad política para hablar de una Política Pública LGBTIQ+, que hoy cuenta con una gran infraestructura institucional y respaldo presupuestal. En la Alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015), esta política tomó un gran impulso y se consolidó, al punto de resistir los intentos de desmontarla o de disminuirla en administraciones conservadoras como la de Peñaloza.
En el país se cuenta con más de 40 políticas públicas territoriales, que han sido expedidas por decretos municipales o departamentales y otras tantas por concejos municipales o asambleas departamentales. La política publica LGBTIQ+ de orden nacional solo pudo conocer la luz al final del segundo mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), y de una manera casi que clandestina, en el marco de la histeria homofóbica desatada contra el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno y las FARC-EP.
Es más que justo recordar que la inmensa mayoría de reconocimientos institucionales de derechos y sus desarrollos, han tenido origen en las altas cortes, en especial en la Corte Constitucional, que ha hecho una interpretación progresiva y progresista de la carta magna.
Actores diferenciales del cambio
Un retroceso importante se marcó en el gobierno del Centro Democrático encabezado por Iván Duque (2018-2022). Se utilizó la táctica de mantener una formalidad legal e institucional, que permitiera presentarse en la arena internacional como un presidente de avanzada, pero en lo interno, no solo se ralentizó el desarrollo de la política, sino que entregó la gestión de la recién expedida política pública LGBTIQ+ a los sectores cristianos en el Ministerio del Interior, quienes le quitaron toda posibilidad de desarrollo
Desde la campaña electoral del 2018, era clara la apuesta del hoy presidente Gustavo Petro, por incluir a la población LGBTIQ+ en sus proposiciones programáticas, lo que se consolidó en las elecciones presidenciales del 2022.
Una vez posesionado en el gobierno Gustavo Petro, reimpulsa a través del Ministerio del Interior la política pública LGBTIQ+ y se inicia un proceso de rediseño institucional por intermedio de la Vicepresidencia de la República. Los anuncios del jefe de Estado de crear un viceministerio LGBTIQ+ en el nuevo Ministerio de la Igualdad, proyecta el compromiso político asumido en campaña.
Por otro lado, es evidente como en los procesos legislativos y de reformas, el gobierno Petro y la bancada del Pacto Histórico en el Congreso también han cumplido con lo prometido. En el Plan Nacional de Desarrollo, no solo se vincula a la población LGBTIQ+ de manera transversal, en particular en lo referente a empleo y lucha contra la discriminación en el trabajo, sino que además se reconoce a la población como actores diferenciales del cambio, asignando metas e indicadores importantes para la población.
Es importante señalar como se ha iniciado el fortaleciendo de la infraestructura institucional, con la asignación de referentes de la población LGBTIQ+ en los ministerios e instituciones descentralizadas, que ayuden a una aplicación transversal del Política Pública.
Un caso importante de resaltar es el del Ministerio del Trabajo, dirigido por Gloria Inés Ramírez. En el Grupo Élite de Inspección Laboral por la Equidad de Género, conformado por Mintrabajo, no solo se adicionó un enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género, sino que además se incluyeron voces de mujeres transgénero y abiertamente lésbicas para coadyuvar en ese propósito. De igual manera, en el proceso de regular el trabajo sexual, la vinculación de la población LGBTIQ+ ha sido garantizada. En la reforma laboral se construyeron medidas de protección contra la discriminación y la eliminación de barreras que impiden la vinculación laboral de las personas LGBTI.
Otro caso, ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha colocado al país a favor de instrumentos que garanticen mejores condiciones para el disfrute de los derechos en la población LGBTIQ+ y nos ha sacado de las alianzas conservadoras y antiderechos a las que nos había alineado Duque y el Centro Democrático.
Por el camino correcto
La vinculación a cargos de relevancia y responsabilidad, en distintos escenarios del Gobierno nacional, a personas dirigentes del movimiento LGBTIQ+, ha sido un paso importante para romper, en la práctica, con los estigmas y los prejuicios sobre las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.
El movimiento social LGBTIQ+, tiene en el gobierno de Gustavo Petro, la mayor oportunidad para cristalizar la agenda que ha costado tanto mantener y desarrollar. Aunque aún falta mucho por recorrer para garantizar el disfrute de los derechos conculcados por años de conservadurismo y homofobia, vamos por el camino correcto.
