Una preocupación nos asalta y está ligada con el déficit fiscal, que siempre se convierte en excusa para decretar reducciones en los egresos del Estado; y el otro problema se relaciona con el impacto real de las transferencias, libres de la corrupción.
Nelson Fajardo
En entregas anteriores hicimos un recorrido por la descripción de un Plan, que consta de 781 páginas y es muy denso para que la gente pueda entenderlo con facilidad. Igualmente, hicimos un alto en la inversión y constatamos que será del 28,8% del PIB en 2014 y del 30,5% en 2018. De esa observación, es claro que el llamado Plan Nacional de Desarrollo no está pensado para sacar la nación de sus dificultades, ni tampoco incluye, si de planificación se trata, los recursos requeridos a diez años para alcanzar una paz estable, duradera y verdadera.
Ahora bien, si se busca el progreso y superar las rémoras de un pasado plagado de herencias premodernas, se debe procurar el buen vivir de sus ciudadanos; esto se muestra en el grado de inversión en lo social. Según el Plan, la pobreza rural pasará de 42,8% en 2014 a 36,0% en 2018, logro que sugiere un desarrollo integral rural incluyente; es decir: reconocer la cultura, la economía campesina y los nichos de desarrollo que no están ligados necesariamente con la gran producción agraria de exportación y la minería a gran escala.
Ahora bien, esa reducción de la pobreza rural, acompañada de un desarrollo rural integral, pasa por tratar el problema de la tenencia concentrada de la tierra, el control sobre el crédito, y el monopolio sobre ciencia, técnica y tecnología. En este último aspecto, los tres pilares del Plan, paz, equidad y educación, están movidos por cinco estrategias transversales; ellas son infraestructura y competitividad estratégica; movilidad social; transformación del campo y crecimiento verde; consolidación del estado social de derecho; y el buen gobierno; estrategias que deben mover la economía hacia el crecimiento, el desarrollo y el progreso.
Desde las dimensiones territorial y espacial, el gobierno Santos propone en las bases del Plan una inversión sobre el Presupuesto General de la Nación, que beneficiará, supuestamente, las siguientes regiones: el Caribe (próspero y sin pobreza), Pacífico (equidad, integración y aprovechamiento sostenible de mercados), Centro-oriente (conectividad para la integración), Centro sur (desarrollo del campo y conservación ambiental), Llanos (medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano) y Eje Cafetero (talento humano innovador en territorios incluyentes).
A partir de la distribución por estrategias transversales y fuentes del PND, entre 2014 y 2018, corresponden para movilidad social las siguientes cifras:
El 48,2% de los recursos invertidos en las estrategias transversales irán a la inversión social, a través de la movilidad social, que de 94 billones 648 mil millones de pesos en 2015, pasará a 380 billones 650 mil millones de pesos en 2018. Las fuentes de esos recursos estarán distribuidas porcentualmente, de tal forma que el volumen global de recursos dedicados a la movilidad social es del 42,80% sobre el total general.
Dicho porcentaje llevado al 100% conlleva una distribución porcentual entre las fuentes, que colocan en primer lugar los recursos procedentes de una fuente tan importante como el Sistema General de Participación, cuyo promedio de participación, durante los años, sería de 34,40% sobre el total dedicado a la movilidad social. El segundo renglón corresponde a las privadas, con una participación porcentual promedio de 22,50%; sigue el sector central con 20,50% y en penúltimo lugar está el Sistema General de Regalía con 3%.
Si bien las entidades territoriales tienen una participación promedio del 20% en el total de recursos destinados a la movilidad social, es bueno aclarar que las fuentes son privadas y con una alta participación porcentual promedio; tal como sucede con fuentes privadas, que induce a ver la posibilidad de un endeudamiento mayor.
En síntesis, la inversión, a través de la movilidad social y sus componentes, ligada al mejoramiento de la educación y una propuesta de equidad más amplia que la de las bases del Plan, sería más impactante para la transición que podemos estar viviendo hacia la paz con justicia social. En esa dirección, juegan también los dos sistemas generales, tanto de participación como de regalías, pues ellos son soportes fundamentales para la inversión social.
Una preocupación nos asalta y está ligada con el déficit fiscal, que siempre se convierte en excusa para decretar reducciones en los egresos del Estado; y el otro problema se relaciona con el impacto real de las transferencias, libres de la corrupción, que tienen en salud el ejemplo más protuberante. Podemos afirmar que la inversión social del Plan es insuficiente y no se reduce a los tres pilares; sino que va más allá, abarca pilares como distribución del poder y la riqueza, aspecto clave para la equidad, unos cálculos en una sección especial de los recursos posibles para el proceso de paz, después de la puesta en marcha de los acuerdos, y asumir el tema de la educación a partir de reconocer su estado de crisis.
