Desde la tribuna central del Parlamento Europeo, y bajo la dirección y coordinación de la eurodiputada de Die Linke de Alemania Gabriele Zimmer, intervinieron por Colombia Pedro Nolasco Présiga a nombre de Marcha Patriótica Bélgica, y Alejandra Mejía a nombre del MannekenPaz.
Pedro Nolasco Présiga
Corresponsal del Semanario Voz en Bruselas (Bélgica)
El 7 de diciembre en el Parlamento Europeo y con el auspicio del Grupo de Izquierda Europea y Verdes Nórdicos (GUE/NGL) se expresó el rechazo a la ola de asesinatos de dirigentes y afiliados de Marcha Patriótica; lideres agrarios, estudiantiles, de mujeres, defensores de derechos humanos, y al grave deterioro de la situación de derechos humanos que se vive hoy en Colombia. El acto contó con nutrida asistencia de numerosos colombianos que residen en Bélgica, así como de otras nacionalidades y de organizaciones hermanas en la denuncia y la solidaridad con este país sudamericano.
Desde la tribuna central, y bajo la dirección y coordinación de la eurodiputada de Die Linke de Alemania Gabriele Zimmer, intervinieron por Colombia Pedro Nolasco Présiga a nombre de Marcha Patriótica Bélgica, y Alejandra Mejía a nombre del MannekenPaz.
El compañero Pedro Nolasco Présiga denunció los más de 124 asesinatos, las desapariciones, la existencia de miles de presos políticos; entre ellos Húbert Ballesteros, quienes se encuentran en las cárceles en aberrantes condiciones infrahumanas y de violación permanente de todos sus derechos humanos, sociales y políticos.
Igualmente expresó la necesidad urgente de implementar el acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y el desmonte inmediato de los grupos paramilitares. Los eurodiputados Joao Pimenta López, del Partido Comunista Portugués; Tania González de Podemos (España); Helmut Scholz de Die Linke Alemania; Neoklis Sylikiotis de AKEL Chipre; y Marina Albiol de Izquierda Unida España; expresaron la solidaridad con el pueblo colombiano, con Marcha Patriótica y exigieron una mayor implicación de Europa en el proceso de implementación del acuerdo, que vaya más allá del fondo fiduciario, el cual no se puede convertir en la puerta de entrada de las transnacionales europeas. Esta exigencia fue particularmente acentuada por la eurodiputada Marina Albiol.
Al finalizar las intervenciones, Pedro Nolasco Présiga y Alejandra Mejía respondieron numerosas preguntas de algunos eurodiputados y de los asistentes.
Intervención completa de Pedro Nolasco Présiga
Compañeros eurodiputados del Grupo de Izquierda Unida Europea e Izquierda Verde Nórdica:
Como ustedes conocen, el Gobierno colombiano y las FARC-EP han firmado un acuerdo para la terminación del conflicto armado el 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena. Este acuerdo fue posteriormente sometido a refrendación plebiscitaria el 2 de octubre, donde los resultados fueron adversos por un estrecho margen: los votos por el no se impusieron sobre los resultados por el sí.
Sobre esta nueva realidad, el acuerdo fue sometido a renegociación para tener en cuenta las propuestas de modificación presentadas por el no. Luego de varios días de intensas discusiones, las FARC-EP y el Gobierno colombiano anunciaron el 12 de noviembre de 2016 un nuevo acuerdo de paz. Este nuevo acuerdo fue sometido, la semana pasada, a refrendación en el Congreso de la República, siendo aprobado por una amplia mayoría.
Es necesario precisar que la gran mayoría de propuestas presentadas por la coalición del no, han sido aceptadas en el nuevo acuerdo. La propuesta presentada por el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe, sobre “que el acuerdo no tenga carácter definitivo”, evidentemente ha sido rechazada, pues no es más que una estrategia para dilatar el proceso de paz, cuyo objetivo final es romper los acuerdos alcanzados, para continuar sumiendo a los colombianos en la pesadilla de la guerra.
El acuerdo final busca dejar atrás más de 52 años de conflicto político, social y armado entre el Estado colombiano y las FARC-EP, conflicto armado que nos ha dejado como triste herencia la muerte de aproximadamente 250 mil personas entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012; siete millones de desplazados internos, más de ocho millones de hectáreas de tierras despojadas a los campesinos por grupos paramilitares mediante la persecución y las más horrendas masacres y más de 60.630 desaparecidos.
Un conflicto que se ha degradado y que hace mucho tiempo perdió el respeto a la normatividad de la guerra, rompiendo con toda ética y comportamiento racionalmente humano. Un conflicto que a lo largo de su existencia se ha ensañado contra la población más abandonada y desamparada.
Con el acuerdo de paz se abre un nuevo periodo político en Colombia. Y esta nueva etapa se ha logrado gracias a la participación amplia de diversos sectores populares, intelectuales, cívicos, etc., que con opiniones y propuestas de todo tipo incidieron en la mesa de conversaciones durante estos cuatro años de negociación.
La pérdida del plebiscito el 2 de octubre realmente causó el efecto contrario al normalmente esperado, pues despertó la mente adormecida de muchos colombianos, que nos movilizamos a lo largo y ancho de la patria y en el mundo entero para defender el acuerdo de paz. La idea de paz en la mente de la inmensa mayoría de los colombianos, especialmente de los jóvenes, no permite ningún espacio a una nueva guerra. Esta ha sido una gran victoria sobre los más de 70 años de violencia y cuatro de negociación.
Por eso quisiéramos creer que esta vez sí podemos construir un país en paz y con justicia social, allí donde las dos últimas generaciones, por decir lo menos, no sabemos lo que es vivir un solo día de paz.
Como es sabido por ustedes, el acuerdo de paz está integrado por los siguientes puntos: 1. Desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Drogas ilícitas; 4. Garantías de seguridad y lucha contra el paramilitarismo; 5. Acuerdo sobre víctimas y Justicia Especial para la Paz. 6. Comisión de la Verdad.
Con la refrendación del acuerdo final los días 29 y 30 de noviembre en el Congreso de la República, se pasó al siguiente paso que fue la instalación por parte del Gobierno y las FARC-EP de las comisiones de seguimiento, verificación e implementación de los acuerdos el 2 de diciembre de 2016.
Pero la gran preocupación y alarma general es que, mientras se adelanta el proceso de paz, se continúa asesinando a dirigentes sociales, agrarios y populares, defensores de derechos humanos, que en su gran mayoría son integrantes de la Marcha Patriótica, lo que ha llenado de razones a esta organización para denunciar el comienzo de un genocidio político parecido al que se dio contra la Unión Patriótica.
En varias oportunidades, voceros de Marcha Patriótica han estado en el Parlamento Europeo denunciando estos dolorosos hechos. El 18 de septiembre de 2012, seis meses después de la fundación de MP, la ex senadora Piedad Córdoba, en este edificio, denunció la persecución y pidió a los eurodiputados que intercedieran ante el Gobierno colombiano con el objeto de parar las amenazas y ofrecer las garantías para la existencia y funcionamiento político de la Marcha Patriótica.
El 1 de abril de 2014, una delegación de la Marcha Patriótica encabezada por David Flórez e integrada por dirigentes agrarios, fue recibida por la comisión de derechos humanos del Parlamento Europeo. En esta oportunidad se denunció el asesinato, hasta ese momento, de 48 líderes de MP, la estigmatización, amenazas, montajes judiciales y la muerte política mediante argucias jurídicas de integrantes del movimiento. Igualmente exigió la libertad del dirigente agrario de la CUT y de MP Húbert Ballesteros, quien aún sigue injustamente detenido.
Denunciamos hoy que, desde la fundación de MP el 21 de abril de 2012, se han asesinado más de 124 miembros, dos compañeros han sido desaparecidos forzadamente y tres han recibido atentados con arma de fuego contra su vida. Cien miembros están vinculados en procesos judiciales en los que se les acusa del delito de rebelión. Tan solo en 2016 se ha presentado el asesinato de 18 compañeros. Igualmente se han presentado 25 atentados, 13 casos de tortura, 93 personas heridas en el marco de procesos de movilización, y cuatro casos de violencia sexual.
La impunidad reinante es del 99%. Hoy solo se han emitido dos sentencias condenatorias, lo que indica que hay una Fiscalía muy diligente para perseguir, procesar, detener y juzgar a los miembros de la Marcha Patriótica, pero «muy lenta» para investigar y condenar a quienes cometen los asesinatos y desapariciones contra esta organización. Los últimos casos de asesinatos y atentados, entre el 19 y 20 de noviembre de 2016, se dieron en zonas de conflicto altamente militarizadas y donde ya circulaban panfletos estigmatizando y amenazando a los líderes sociales.
Por ello uno de los aspectos centrales del acuerdo de paz es su implementación inmediata, que permita en primer lugar poner en funcionamiento los mecanismos para el desmonte definitivo de los grupos paramilitares y podamos alcanzar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Indudablemente el Parlamento Europeo puede ayudar en todo este proceso, sirviendo de veedor internacional en las diferentes comisiones para la implementación del acuerdo, pidiendo que se instale la comisión de la verdad y exigiendo al Gobierno colombiano brindar todas las garantías de seguridad, no solamente a la Marcha Patriótica sino a los demás partidos de izquierda, defensores de derechos humanos, excombatientes de las FARC-EP- y a su nuevo movimiento político con el cual se reintegrarán a la vida civil y política.
¡No más asesinatos de dirigentes sociales y políticos en Colombia ante los ojos del mundo!
¡No más impunidad!
Muchas gracias.
Diciembre 7 de 2016
Fotos: Nolasco Présiga y Hernando Figueroa
