Israel aplica en estos momentos medidas de castigo prohibidas por la Convención de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario. Organizaciones sociales piden boicot contra Israel y suspensión de ayuda militar al régimen sionista
Alberto Acevedo
El desafortunado hallazgo, el último día de junio, de los cuerpos sin vida de tres jóvenes israelíes, que habían desaparecido 17 días antes, en un crimen que las autoridades de Tel Aviv no vacilaron en atribuir de forma irresponsable al grupo radical Hamas, ha servido de pretexto para infligir un cruento castigo colectivo a toda la población palestina, especialmente la que reside en la Franja de Gaza y Cisjordania, en una clásica operación de exterminio condenada por la Convención de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.
A partir del momento en que se conoció la noticia, la población palestina ha sido objeto de detenciones arbitrarias, destrucción de viviendas, de edificios ocupados por la población civil y restricciones al derecho de locomoción.
En las últimas semanas se han producido cientos de ataques militares contra Cisjordania, y por lo menos cien incursiones aéreas contra Gaza, en las que han muerto al menos diez personas y otras más han resultado heridas. Unas mil viviendas han sido allanadas y registradas por militares israelíes en territorios ocupados. Los edificios de la administración pública palestina no han escapado a los registros arbitrarios. Tampoco el campus de las universidades de Birzeit, en Ramala, ni el de la Universidad Árabe Estadounidense, en Jenin.
Los ataques sistemáticos contra la población civil han provocado un alzamiento de la población árabe contra los agresores, y en los enfrentamientos han sido detenidas no menos de 500 personas, incluyendo menores de edad. La cifra de menores detenidos en cárceles israelíes sobrepasa los 350 niños.
Estas agresiones han empeorado la ya de por sí trágica situación de la población, sometida a un cerco militar desde hace siete años. En las medidas tomadas esta semana por los ocupantes se imponen mayores restricciones al derecho de locomoción.
Organizaciones sociales palestinas aseguran que la población ha sido sometida a un castigo colectivo, típico de potencias invasoras, figura expresamente prohibida por la Convención de Ginebra y por las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Semejante arrasamiento de un pueblo se ha hecho como retaliación a la muerte de tres jóvenes israelíes, en circunstancias no aclaradas suficientemente por los entes investigadores. La organización radical Hamas, acusada por Israel, no ha reconocido la autoría del hecho, ni hay indicios que la comprometan.
En estas condiciones, la acusación irresponsable del gobierno israelí obedece más bien a un viejo libreto de buscar cualquier pretexto para sabotear los procesos de paz y acercamiento a una negociación que lleve a una solución definitiva y en condiciones de dignidad del problema palestino israelí.
Unas conversaciones bilaterales que este mismo año se adelantaban con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) fueron abruptamente interrumpidas cuando el gobierno de Mahmud Abbas llegó a un acuerdo con el grupo Hamas para la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional, incluidas las regiones de la Franja de Gaza y Cisjordania, precisamente las que ahora han sido blanco de los ataques de la aviación militar israelí.
Boicot
El asesinato de un joven palestino a manos de colonos israelíes, que fue quemado vivo en represalia por la muerte de los muchachos judíos, ha sido un crimen atroz, deliberadamente desestimado por los investigadores de Tel Aviv. Hay pues todo un ambiente de animadversión, de encono, de retaliación y venganza contra el pueblo palestino.
Organizaciones sociales de la más diversa orientación, tanto en Palestina como en el exterior, han expresado que frente al castigo colectivo a que es sometido el pueblo de esta parte del Medio Oriente, los gobiernos del mundo deben declarar el boicot a las empresas y productos elaborados en Israel y la suspensión de cualquier tipo de ayuda militar.
Consideran que todos estos crímenes no serían posibles sin la ayuda económica y militar de muchos gobiernos, especialmente de los Estados Unidos. En el pasado, la política de apartheid (discriminación racial) practicada por el gobierno de Sudáfrica, fue duramente castigada por varios países, que provocaron finalmente la caída del régimen segregacionista. Las organizaciones sociales que adelantan esta iniciativa aseguran que una actitud similar debería ser practicada ahora contra el régimen racista de Israel.
