Gloria Inés Ramírez
La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley ordinaria que contiene una nueva reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que ahora pasa a tramitarse en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, tal como ocurrió con la ley estatutaria aprobada por la bancada de la Unidad Nacional del presidente Santos, el proyecto de ley ordinaria no cambia sino que acentúa la mercantilización de la salud, fundamentada en la separación del financiamiento, el aseguramiento, la administración y la prestación de servicios, que fue acuñada como estrategia para estimular la privatización progresiva de los hospitales y servicios de salud pública, del Seguro Social y de sus instrumentos de gestión, y como método para facilitar la apropiación privada de recursos públicos.
La ley estatutaria atenta contra el derecho fundamental a la salud, ya que, lo reduce a la prestación de servicios y tecnologías, lo que implica un paquete limitado de beneficios con exclusiones ambiguas y desconoce el principio de integralidad y la conexidad con otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El acceso a la tutela queda condicionado a la acción de nulidad, porque en los casos de los pacientes que requieran algún servicio o tecnología que haya quedado excluido del Plan de Beneficios, deberán acudir a otros medios administrativos, como una reposición ante el Ministerio de Salud o una acción de nulidad ante los jueces administrativos. Por lo tanto, sólo podrán interponer la acción de tutela frente al fallo que profiera el juez administrativo.
Todo esto significa otra pesada carga para los pacientes, pues el acceso a especialistas, procedimientos y tratamientos se regirá por la capacidad de atención del agente del mercado. La autonomía de los médicos y demás profesionales de la salud también quedará limitada a la “racionalidad y la evidencia científica”, de manera que si un profesional formula o realiza algún procedimiento sin la suficiente evidencia científica podrá ir a la cárcel por violación de la ley estatutaria.
También mantiene la llamada integración vertical en los niveles básicos de atención, lo que significa que las EPS, hoy Gestoras del Servicio de Salud, quedaran con la posibilidad de limitar el acceso a los servicios especializados y seguirán obteniendo ganancias en todos los niveles de atención, a pesar de las desastrosas experiencias que hay al respecto. Asimismo, crea un nuevo plan de servicios denominado Mi-Plan con exclusiones que atentan contra la atención integral, pone en grave riesgo la existencia de la red pública hospitalaria y permite que continúe el paseo de la muerte por cuenta de la “guerra del centavo” entre los mercaderes de la salud.
A pesar de los esfuerzos que realizamos con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente con las que conforman la Alianza Nacional por la Salud, en la elaboración del Proyecto de ley 233 de 2013, refrendado por varios congresistas, que proponía un nuevo modelo de salud descentralizado, la iniciativa fue negada por la bancada gubernamental y se quedaron por fuera de esta reforma aspectos sustanciales, como la superación de las barreras de acceso, la implementación de un sistema de salud pública renovado y de atención primaria en salud integral, la eliminación de la intermediación, los requerimientos de los pueblos indígenas en materia de salud, la descentralización de los recursos y la inclusión de principios favorables a los usuarios, como el pro hómine, es decir, la prevalencia del ser humano por encima de cualquier otra consideración.
Como opositores que hemos sido de la propuesta gubernamental, invitamos a continuar la lucha hasta derrotar la reforma neoliberal que impulsa el gobierno para que recuperemos la salud como un derecho humano fundamental que debe ser plenamente reconocido para todas y todos los colombianos. La movilización permanente de todos los sectores de la sociedad es la vía que debemos seguir impulsando.
