El tema central deberá ser la formalización laboral, que permita mejorar la perspectiva de construir una pensión para los trabajadores hombres y mujeres que ven cada vez más lejana esa posibilidad.
Alfonso Velásquez
Hace unos días el Gobierno a través del Ministro de Trabajo presentó un proyecto de ley de “primer empleo” que en la práctica es una micro-reforma laboral con el argumento de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, sin que ese asunto fuese tratado en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. También anunció que presentará en la siguiente legislatura otra contra-reforma pensional para satisfacer las exigencias de la OCDE y el BID, entre otros organismos internacionales.
El asunto cobra importancia cuando empiezan las negociaciones entre las centrales obreras por un lado, y el gobierno y los empresarios por otro, para acordar el reajuste al salario mínimo. De hecho, el tema central deberá ser la formalización laboral, que permita mejorar la perspectiva de construir una pensión para los trabajadores hombres y mujeres que ven cada vez más lejana esa posibilidad. Según los datos publicados por las AFP y Colpensiones, en agosto del presente año 11.5 millones de trabajadores no cotizaron. Hoy, solo 36 de cada 100 colombianos cotizan para su pensión. Los niveles de desempleo, sub-empleo, contratos basura y evasión de muchas empresas impide que se pueda construir una pensión decente.
Otro tema debe ser la aplicación de este salario. En la encuesta de hogares se presenta una cifra de 1.045.000 personas que trabajan sin salario y los que ahora denominan trabajadores por cuenta propia, que son los informales normalmente, sin ningún tipo de protección social y en ocasiones con ingresos menores al salario mínimo. Se debe obligar a los patronos y al Estado a cumplir el pago de la cuantía que se acuerde o se imponga por decreto.
Otro de los problemas graves es el de la recuperación de los contratos de trabajo de forma directa por el Estado y los patronos, y no a través de la intermediación laboral. Cómo es posible que a los intermediarios se les permita quitarle a las personas de su precario ingreso un porcentaje por administración de esos contratos. Es necesario abocar el tema de las oficinas de empleo temporal, de empresas asociativas de trabajo, las cooperativas de trabajo asociado que persisten, de los mal denominados contratos sindicales que deben ser sacados de la contratación colectiva.
Las “negociaciones” del salario mínimo reciente se han desarrollado en el marco de una inflación decreciente y de un país en un crecimiento relativamente medio en comparación con los países de la región; es posible que al finalizar este año la inflación esté ligeramente por encima de 6% y que el Banco de la República insista en que el año siguiente mermará a porcentajes de años anteriores, con el ejercicio que siempre hacen en la farsa de concertación. Ya uno de los gremios manifestó que el incremento debe obedecer a la inflación (6%) y listo, otros creen que debe partirse de una oferta de incremento inferior para simular una concertación. Tendríamos un incremento de $1.500 pesos diarios, es decir que estaría por los $692.000 mensuales, mientras el costo de la canasta familiar para los ingresos más bajos estará por más del doble.
La formalización y la recuperación de los contratos de trabajo permitiría que los bajísimos índices de sindicalización pudieran superarse y lograr vincular más beneficiarios de los convenios colectivos de trabajo, con todas las garantías de un verdadero contrato. El Estado debe dar ejemplo de ello.
Hay otros temas para abordar de cuestiones ofrecidas y no cumplidas como bajar el porcentaje de cotización para salud de los pensionados de 12 a 4%; los recargos nocturnos y las horas extras en dominicales y festivos; la deuda del Congreso de la República sobre el Estatuto de Trabajo; la disminución de la jornada de trabajo para bajar el desempleo; la igualdad en el pago entre hombres y mujeres; el pago de pensiones para adultos mayores, etc. Son deudas que se tienen que cumplir y que deben ser objeto de discusión en la mesa de concertación, que no es solo para hablar del incremento porcentual del mínimo, así algunos de los jefes de los gremios sigan manifestando que esas exigencias son un “arbolito de navidad”.
