Al desinterés del Gobierno frente a la situación económica y política de la región, se suma la violencia paramilitar, 59 personas han sido asesinadas en los últimos meses
Carolina Tejada
El pasado viernes 28 de julio, se tenía programada la Mesa de Interlocución y Acuerdo, MIA-Catatumbo, con el gobierno nacional. Según los líderes campesinos, nuevamente el gobierno incumple con lo pactado, ahondando en la crisis a la que el ejecutivo ha conducido la mesa de manera dolosa. En algunos comunicados, la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, afirma: “Hasta el día de hoy al campesinado se le ha negado el derecho a su tierra en una zona de Reserva Campesina, el gobierno se niega a financiar el plan de Desarrollo Sostenible de los campesinos, se ha negado a firmar un acuerdo de sustitución de los ingresos derivados del cultivo de la coca y no ha cumplido en materia de derechos humanos y garantías”.
Después del desplante a los líderes del paro del Catatumbo, quienes han elaborado una seria de exigencias producto de la realidad social y política de la región, el gobierno en cabeza de los ministros del Interior y Agricultura, desarrollaron una reunión paralela a la mesa de negociación el viernes 29 en el municipio de Tibú. La reunión contó con la presencia del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar y los alcaldes del Tarra y de Tibú. Los campesinos afirman que de manera reiterada habían exigido de los gobernantes locales una presencia activa en la MIA, pero nunca fue posible.
Violencia paramilitar
En comunicados permanentes, los campesinos vienen haciendo un llamado a las autoridades estatales, pues según comentan con preocupación, en las últimas semanas los grupos paramilitares se vienen fortaleciendo en la región, sin una política de desmonte por parte de la fuerza pública, y en menos de dos meses han asesinado a 59 personas, continúan las amenazas a líderes y el amedrentamiento a las comunidades sin siquiera recibir una respuesta oficial.
Parte de estas preocupaciones deberían ser tratadas en la reunión, que nunca se realizó por el incumplimiento del gobierno. A lo que las organizaciones sociales y campesinas señalan como la confirmación de que “la administración Santos no está pensando en la paz como el concurso amplio de la pluralidad de sectores sociales y populares en las regiones; al parecer, este gobierno quiere hacer la paz sin abrir espacios de participación política a sectores con capacidad para disentir con propuestas, pareciera que el ejecutivo quisiera hacer la paz sin sus verdaderos protagonistas”.
Plantón por espaldarazo al diálogo
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el desplante que los ministros y el gobierno le hacen al campesinado representados en la mesa de la MIA, más de 500 campesinos, hicieron presencia en dicho evento exigiendo un espacio para disentir construyendo paz y reconciliación. Sin embargo, por medio de un comunicado aseguran: “lamentablemente el gobierno cerró nuevamente la puerta del diálogo directo con la gente y prefirió las lisonjas de intermediarios oportunistas que quieren “enmermelarse” con la paz, para la gente del común no hubo espacio, para el diálogo directo no hubo voluntad”.
Contrario a las voluntades para un diálogo, los campesinos fueron rodeados de la policía en cabeza del mismo escuadrón de antidisturbios, a quienes señalan de la responsabilidad de asesinar a varios campesinos, que participaron del pasado paro en la región. La guardia campesina quien estuvo presente en el plantón, cumplió con la protección de los DD.HH.
Paz sin politiquería
Los líderes ven con malos ojos las formas con las cuales el gobierno nacional, en cabeza del ministro Fernando Cristo, viene adelantando las iniciativas de paz con políticos de la región. De acuerdo con la reunión paralela que desarrollaron en Tibú, comentan que “el ministro Cristo cree que la paz es la reconciliación de las clientelas políticas del departamento bajo su tutela; si esto es así, se equivoca, la paz nos pertenece a todos y todas, y si en algún momento deja de ser así, aquello ya no será paz”. Y hacen el llamado al diálogo y a la pronta resolución de las problemáticas, entre otras las de derechos humanos que hoy tienen con mucha preocupación a los habitantes de la región.
