La UP exige garantías para el ejercicio político
Ante el evidente aumento de agresiones contra la Unión Patriótica, reflejado en los atentados a Hugo Sánchez, candidato en Los Palmitos, Sucre y a Diddier Quinayás hijo de Ricardo Quinayás, candidato en Sucre, Cauca, así como las detenciones de Marino Grueso, candidato en Guapi, Cauca y Juan Francisco López, candidato en Barrancabermeja, Santander, la Dirección Nacional del partido, solicitó al alto Gobierno, que actúe eficaz y oportunamente para garantizar la no repetición de la historia de violencia y señalamientos.
Entre los compromisos adquiridos por el Gobierno y representantes de otras instituciones del Estado, sobresale la necesidad de fortalecer los esquemas de protección de las candidaturas de la UP en zonas de alto riesgo y, de contribuir a superar la estigmatización en contra de sobrevivientes y nuevas generaciones militantes del partido, por parte de autoridades civiles, militares y medios de comunicación. De manera especial, la UP reiteró la urgencia de una reunión con Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, para evaluar los procesos de judicialización en curso contra algunos de sus integrantes y participantes en el actual proceso electoral, y el estado actual de investigaciones relacionadas con el genocidio.
Por otro lado, las partes acordaron una reunión en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el fin de dar a conocer la posición y las propuestas de la UP sobre los temas de verdad, justicia, reparación y no repetición en el contexto del futuro acuerdo de paz. “Sin la reparación de los derechos políticos de la UP y sin garantías de no repetición será muy difícil una verdadera reconciliación”, aseguraron voceros del Partido.
La UP espera que estas solicitudes se cumplan y no se queden en formalidades y promesas.
El diálogo tuvo lugar este martes 15 de septiembre en el marco del Comité de Garantías Electorales para la Unión Patriótica, presidido por Carmen Inés Vásquez, viceministra del Interior y Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección. También estuvieron representantes del Partido, de la Unidad de Víctimas, de los ministerios de Justicia y Hacienda, de la Fiscalía, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Alto Comisionado para la Paz y la Policía Nacional.
