Planteamientos presentados por los ponentes en el II Seminario sobre delito político y situación de los presos políticos en Colombia
Renata Cabrales
El viernes 16 de octubre se llevó a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el II Seminario sobre delito político y situación de los presos políticos en Colombia, con la participación de especialistas en el tema como la socióloga Liliany Obando de la Red Inspp (moderadora) y ex prisionera política; Jaime Caycedo Turriago, secretario general del Partido Comunista Colombiano; y el senador de la República Alberto Castilla.
Castilla en su intervención convocó al movimiento social a exigir garantías de participación con el fin de propender por la construcción de la paz en un marco democrático más amplio, ya que es el mismo gobierno que profundiza la persecución y penalización al movimiento social y estudiantil debe garantizar su participación política y le debe reconocer como sujeto con unas posiciones distintas. Afirma que “se busca perseguir al sujeto y desarticular el movimiento social que es fundamental en la construcción de una paz verdadera (…) El movimiento social debe ganarse las garantías para la construcción de esa paz, la cohesión pasa por la unidad (…) Que los 20 0 30 años que se necesitan para la construcción de la paz cuenten con un movimiento organizado”.
Manifiesta además que ya se ha construido mucho desde el movimiento como para aceptar el hecho de que el Estado “judicialice a quienes plantean una forma distinta de construir paz”.
Por otra parte, los prisioneros de La Picota, entre ellos el profesor Miguel Ángel Beltrán, envían un saludo a los participantes del seminario y denuncian que sus derechos en la cárcel son constantemente vulnerados debido a diferentes factores como el mal estado de los alimentos que deja como consecuencia la subalimentación, el hacinamiento que entorpece el sistema de visitas, los malos tratos debido a su condición de prisioneros políticos, y la negación al derecho a la salud, que viene a ser como una forma de tortura. Advierten que el derecho a la rebelión se debe respetar y esto no debe ser tipificado como delito político.
Asimismo, manifiestan que la Justicia actual es como un aparato más de guerra, que los sanciona con condenas elevadas que vienen a ser lo mismo que una cadena perpetua.
Del mismo modo, en su intervención, Ramiro Orjuela, abogado en el caso de Simón Trinidad, advierte cómo este miembro de las FARC, que ha sido extraditado de manera injusta, ha recibido tratos crueles e inhumanos en la cárcel gringa y que al permanecer encadenado e incomunicado es víctima de torturas, lo cual constituye una violación a los derechos humanos.
Finalmente, Liliany Obando, quien fue condenada a 70 meses de prisión por “rebelión” y acusada de ser la mujer de Raúl Reyes debido a una supuesta información encontrada en el computador del comandante guerrillero de las FARC asesinado en Ecuador en 2008, denuncia las violencias de las que son víctimas las prisioneras y advierte que debido a que las mujeres son la minoría de la población prisionera, “no existe una política especial en el tratamiento penitenciario con perspectiva de género”, por lo cual no se reconoce el hecho de que, al ser distintos los hombres de las mujeres, estas ameritan un tratamiento distinto. De esta forma se amplía la brecha diferencial entre ambos sexos.
Advierte, además, que cuando una mujer es madre cabeza de hogar y es privada de la libertad, su situación se extiende hacia la familia, resultando los hijos bastante afectados por la situación, pero el Estado no tiene en cuenta esta terrible realidad.
Para la construcción de una verdadera paz democrática con justicia social, no estamos todos, faltan los prisioneros políticos.
