Mover, sacar y reubicar las bases militares y puestos de policía que hoy ocupan bienes civiles en los lugares mencionados y muchos otros que no son tan visibles es una tarea urgente y sería un mensaje real de compromiso con la paz desde el Estado hacia las comunidades.
Zabier Hernández
Las casas, las iglesias, las canchas, los parques, los hospitales, las escuelas, los acueductos, las estaciones eléctricas, son catalogadas como bienes civiles, el derecho internacional humanitario los protege y les da la prelación en el marco del conflicto. Uno de los principios del DIH es la distinción entre personas civiles y combatientes, pero también entre bienes de las personas civiles y bienes de carácter militar. La población civil nunca debe ser atacada ni sus bienes, ocupados, saqueados o destruidos.
En tiempos de diálogos y perspectivas de un postacuerdo, Nariño sigue siendo víctima de la violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública. Son muchas las bases militares y estaciones de policía que en varios municipios y corregimientos siguen ocupando bienes civiles y públicos.
Este no es un tema de poca monta ni secundario. La firma de la paz debe tener un impacto benéfico en la vida de la gente común, de la población no combatiente, de la población civil. Aunque por efectos del cese unilateral del fuego de las FARC-EP, en Nariño han disminuido en un 90% la afectación por confrontaciones y hechos de guerra, la utilización y la ocupación indebida de los bienes civiles por parte de la fuerza pública policía y ejército, en nuestro departamento parece aumentar, generando un grave peligro sobre la vida y los bienes civiles.
Barbacoas, Tumaco, Corregimiento de Ospina Pérez, Santa Bárbara Iscuandé, Corregimiento de Esmeraldas en el Rosario, Chilbí en Tumaco, corregimiento y la victoria en Ipiales, son algunos de los municipios y corregimientos en donde la fuerza pública en Nariño ocupa actualmente bienes civiles siendo los caso más graves los siguientes:
Santa Bárbara Iscuandé donde el ejército y la policía ocupan las instalaciones del acueducto municipal, con sus tropas e instalaciones militares rodean la iglesia del pueblo, y la planta de generación de energía eléctrica y la antena de comunicaciones del municipio.
Corregimiento de Chilbí municipio de Tumaco, donde el puesto de control de la policía está pegado al colegio donde estudian unos 150 niños, niñas y jóvenes del sector y que ya en varias ocasiones por ataques de la guerrilla han sido afectados tanto física como psicológicamente.
Barbacoas, donde el ejército tiene tomado las instalaciones de la Caja Agraria y gran parte el parque del casco urbano del municipio.
Corregimiento de Ospina Pérez municipio de Ricaurte, donde no solo están tomados varios bienes civiles, sino que el puesto de control dela policía está pegado a la escuela. Este puesto policial además afecta bienes culturales como la entrada a la iglesia del señor de los milagros de Ospina. El 10 de agosto de 2012, Carlos Benavidez, presidente de la junta de Acción Comunal de Ospina Pérez expreso “cómo es posible que después de tantas quejas y solicitudes frente al conflicto, nadie les haga caso. Son más de diez años que vivimos con esa incertidumbre, que noche tras noche y a cualquier hora del día, empiezan los combates y la gente tenga que salir a buscar donde refugiarse, un lugar seguro ya que sus casa son fabricadas en madera y no ven protección alguna; y también los estudiantes, donde en varias ocasiones, han caído petardos dentro del área de la institución. Por todo esto, hacemos el llamado a los organismos competentes, para que pongan los ojos ante esta situación” aun hoy en medio de los diálogos de paz, nada ha cambiado el puesto de policía sigue allí afectando a la población civil y en especial a niños, niñas y jóvenes estudiantes.
Corregimiento de Esmeraldas municipio del Rosario, donde la policía está en medio de las casa de civiles y dominando un pequeño parque del corregimiento. Es uno de los puestos de policías mas atacados en la historia del conflicto en Nariño y ha sido tanta la afectación a al población y los bienes civiles que hoy la comunidad está reclamando una reparación colectiva.
Corregimiento de La Victoria municipio de Ipiales, donde por mucho tiempo se dieron combates en medio de la población civil. El puesto de policía se encuentra en medio de las casas de civiles con puestos de avanzadas en varias cuadras siempre ubicados al lado de al casas de civiles.
Esto sin mencionar que por muchos años la policía en Leiva ocupó las instalaciones de la casa de la cultura y el parque de este municipio.
La ocupación no es solo tomarse unas instalaciones civiles y ubicar allí las tropas, sino, también invadir el espacio y el ambiente de los civiles, afectar su cultura y su vida cotidiana y los bienes religiosos de la población. Es una violación al DIH que genera una afectación compleja, ya que la ocupación no viene sola, trae consigo el control territorial, el asedio de la tropa a los líderes de la comunidad, la afectación psicológica, la obstaculización a la libre movilidad de la comunidad y la utilización de los medios de subsistencia de la comunidad (sembrados, fuentes de agua por ejemplo). La protección de los bienes culturales durante los conflictos armados se basa en el principio de que los daños ocasionados a los bienes culturales de cualquier pueblo constituyen, según la Convención de La Haya de 1954, “un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad”.
La ocupación de bienes civiles, es uno de los aspectos más sensibles para las comunidades y sin embargo es unos de los aspectos menos atendidos por los gobiernos y las autoridades. Nariño ha sido y está muy afectado por esta práctica violatoria del DIH, en especial por parte de la Fuerza Pública del Estado, aunque el mismo DIH, obliga a la guerrilla a observar cuidado y prudencia al atacar un objetivo militar que está en medio de la población civil no combatiente. “Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil”.
Esta situación que lleva por lo menos una década de solicitudes, movilizaciones pacíficas, reuniones institucionales, exigencias de líderes, lideresas, profesores, curas y defensores de derechos humanos, debe ser uno de los problemas que debe ser atendido por los nuevos mandatarios municipales, del departamento, del gobierno nacional y de la mesa de diálogos en la Habana.
Mover, sacar y reubicar las bases militares y puestos de policía que hoy ocupan bienes civiles en los lugares mencionados y muchos otros que no son tan visibles es una tarea urgente y sería un mensaje real de compromiso con la paz desde el Estado hacia las comunidades.
Para profundizar en este tema y el DIH, puede consultar Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977 en:
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
