“Tenemos derecho a existir y permanecer, no queremos una tumba de cemento”
Redacción DD.HH.
El pasado sábado 13 de agosto en el Colegio San Bernardino en Bogotá, se desarrolló la visita de verificación de existencia de población indígena, por parte del Ministerio del Interior, en la comunidad Muisca en la localidad de Bosa, en el humedal Chiguazuque, territorio donde se pretende construir el complejo habitacional ‘Plan Parcial Campo Verde’. Dicha verificación es parte de lo ordenado por el Consejo de Estado el pasado 4 de agosto, en el marco de la Consulta Previa Libre e Informada.
El pueblo Muisca lo conforman las comunidades organizadas en las localidades de Bosa y Suba en Bogotá, así como en los municipios de Cota, Sesquilé y Chía, quienes hacen parte de la base social de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Esta comunidad ha venido exigiendo por medios jurídicos y con resistencia pacífica, se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Sobre todo del pueblo originario de Bogotá como lo es el pueblo Muisca. Una de las preocupaciones de esta comunidad, es que se están desarrollando y se pretenden desarrollar otras obras y megaproyectos que terminan afectando directamente a las comunidades muiscas que habitan en esta ciudad.
Jornadas de resistencia
En varias jornadas en el Parque Santander y al frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá y Ministerio del Interior, con música, danza y frutos de la Madre Tierra, le han pedido a la administración del Alcalde Enrique Peñalosa, se respeten los derechos de su comunidad y no se les desconozca, con base en un estudio etnológico del Ministerio del Interior que a través de la dirección de Asuntos Indígenas determinó que en el área de la localidad de Bosa se encontraba ubicado el pueblo indígena Muisca; por su parte la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 2006 emite el Decreto Distrital 521, donde además de reconocer la población indígena Muisca con la dinámica de sus usos, costumbres y sitios sagrados, también establece la titularidad de la tierra.
El segundo fallo del Consejo de Estado
El fallo proferido el 4 de agosto de 2016, se considera de gran relevancia al atender las peticiones de una comunidad que viene luchando por que se le cumpla lo consagrado en el convenio 169 de la OIT, en cuanto a reconocimiento como pueblo originario y por ende que se continúe con la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, la cual si bien este proceso se encuentra en una etapa adelantada, la misma está llena de vacíos que es bueno desarrollar a fin de poder proteger la integridad física y cultural de dicho pueblo. A través de este fallo se busca evitar la desaparición de esta cultura milenaria que lucha y luchará por continuar resistiendo.
Organizaciones como la ONIC vienen respaldando este accionar de las autoridades tradicionales y el Consejo de Mayores del Cabildo Muisca de Bosa, en su inconformidad con las actuaciones y decisiones administrativas de la Alcaldía Mayor.
Ya que mediante oficio de fecha 26 de Julio “ha manifestado la inviabilidad técnica, jurídica y financiera para la implementación del Plan Parcial el Edén el Descanso, todo por la negligencia de una administración distrital que desconoce el derecho fundamental a la consulta previa, desde la misma expedición del Decreto 521 de 2006, al no tener en cuenta la visión y posición de la comunidad sobre el manejo que le querían dar a estas tierras heredadas ancestralmente y conservadas por los comuneros”, así lo indicaron las autoridades del Cabildo de Bosa en comunicado público.
Que Peñalosa responda
Quienes a su vez, recalcaron que “por este desconocimiento y negligencia es que el Cabildo Indígena Muisca de Bosa exige que la administración distrital responda por los daños culturales, patrimoniales, organizativos y económicos a que fue expuesta durante estos 10 años y hoy desencadenaron toda una problemática compleja en la comunidad y en la zona, en detrimento no sólo del territorio sino de las condiciones de vida de la comunidad”.
En este se ha invitado a la ciudadanía, a que rodee a la comunidad Muisca, y a acompañar todas las acciones que sean necesarias en defensa del territorio, porque como lo ratifican las autoridades “tenemos derecho a existir y permanecer, no queremos una tumba de cemento”.
