Carlos A. Lozano Guillén
El V Congreso de la Unión Patriótica, realizado el pasado fin de semana en Bogotá, con la participación de cerca de un millar y medio de delegados de todos los rincones del país, junto con el acuerdo parcial sobre el segundo punto de la agenda de la Mesa de La Habana, el de la “Participación Política”, es el rasgo más importante del proceso político en el mes de noviembre y de los más significativos del año 2013.
Algunos se preguntan: ¿Por qué fue posible? ¿Será que hay un cambio en la situación política, favorable a la participación de la izquierda? ¿Desaparecieron las causas del genocidio de la Unión Patriótica? ¿Cuenta la UP con las garantías suficientes para la acción política, en particular la participación electoral? El debate está planteado.
En realidad, lo único nuevo es que están en marcha los diálogos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, que en medio de adversidades, presiones de los guerreristas y militaristas, y las vacilaciones del Gobierno Nacional, avanza con los acuerdos parciales en dos puntos de la agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Lo demás es igual. Santos, lo mismo que su predecesor y mentor, “de cuyo nombre no quiero acordarme”, ha cercenado más la democracia, casi inexistente. Las causas del genocidio de la Unión Patriótica están intactas, para nada han desaparecido. Lo ha dicho con precisión la candidata presidencial, proclamada en el V Congreso de la Unión Patriótica, Aída Abella: “No existen garantías; las exigimos. Y si no las hay nos tocará adelantar la campaña presidencial en el exterior, denunciando que no existen las condiciones para hacerla en el país”.
Sobre este tema tiene que haber claridad. La devolución de la personería jurídica y la realización del V Congreso de la Unión Patriótica que implica su retorno a la palestra política no es una dádiva del Estado dominante, responsable del genocidio y de la asfixia democrática en Colombia. Tampoco es un gesto pluralista y de tolerancia del gobierno de Santos, empecinado en su reelección para continuar con las políticas neoliberales y de represión a la movilización popular que demanda soluciones sociales.
Este nuevo “momento político” es posible porque en la Mesa de La Habana, las FARC-EP colocaron el tema de las garantías políticas y el fortalecimiento de la democracia en el debate, que requiere aplicación inmediata. También, porque los “sobrevivientes” del genocidio, el Partido Comunista, la Corporación Reiniciar y la Coordinadora de Víctimas, se empeñaron en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación y el derecho a la acción política. Son las razones por las cuales reverdece la esperanza.
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