Las EPS hacen lo que se les da la gana y no hay autoridad que las ponga en cintura. Se burlan de las autoridades, incluyendo de los fallos de tutela. Un real poder de corrupción y de vulneración a la dignidad de las personas. Así será difícil preservar la paz.
Carlos A. Lozano Guillén
Ahora que se habla tanto del posconflicto, mejor del posacuerdo, es necesario aterrizar en el debate sobre las reformas políticas, sociales y económicas, más allá de los acuerdos que se deriven de la firma de la paz estable y duradera en La Habana. Está claro que estos últimos se refieren a las causas del conflicto y a la necesidad de pactar el fin de la confrontación armada de casi seis décadas.
¿Pero qué hacer con la grave crisis política y social que afecta al régimen colombiano? La oligarquía ha sido mezquina con la necesidad de una real apertura política y social, que supere serias ataduras en las libertades, los derechos humanos y en las condiciones de vida del pueblo, sometido a la explotación despiadada de una clase dominante egoísta y que no cede un ápice del poder político y económico. Se requieren cambios democráticos de fondo.
El pasado viernes 29 de abril, los representantes de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que se lucran de la salud pública del pueblo colombiano, comparecieron por la televisión estatal para pedir perdón a los cotizantes y beneficiarios por las carencias del servicio. Así lo ordenó en un fallo de una tutela la Corte Constitucional. ¡Pero qué espectáculo tan grotesco! Solo comparecieron unas pocas EPS (como 36), cuyos representantes no ofrecieron el perdón al que estaban obligados sino que justificaron los abusos y la negación a prestar un servicio fundamental. Ninguno aludió a la necesidad de mejorar. Hablaron con cinismo, se burlaron de los dolientes y de la Corte Constitucional. Como se dice de manera coloquial: “¡Les salimos a deber!” ¡Descarados!
Si algo se requiere en materia de salud pública es un revolcón total. Acabar de raíz y sin tapujos el negocio de los mercaderes de la salud. Hasta ahora las reformas a la nefasta ley 100, aprobada en la efervescencia neoliberal de los años noventa, después de la Constitución de 1991 que institucionalizó el modelo a favor del capital privado y de las transnacionales, han sido superficiales, inclusive la han hecho más perjudicial y cerrada a un cambio real.
Son reformas cosméticas de la ley 100, pero su estructura se conserva intacta, la misma que diseñó el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, ponente del entuerto. Ninguna ha ido al meollo del problema, porque se requiere es derogarla y establecer una disposición que rescate el carácter público de la salud. Los abusos son muchos. Hay nuevas modalidades del paseo de la muerte.
Las EPS hacen lo que se les da la gana y no hay autoridad que las ponga en cintura. Se burlan de las autoridades, incluyendo de los fallos de tutela. Un real poder de corrupción y de vulneración a la dignidad de las personas. Así será difícil preservar la paz.
