El pasado 2 de septiembre, en el sector de la bocana entre los ríos Gulpe y Guiza, en Tumaco (Nariño), miembros del Batallón de Alta Montaña Nº 54 del Ejército Nacional ametrallaron una lancha de pasajeros. Anoraldo Cortés, quien la conducía, cayó al agua, y sólo cinco días después, el 7 de septiembre, fue encontrado su cuerpo sin vida, con varios impactos de proyectil de arma de fuego.
Cortés era integrante de la Asociación de Juntas Comunales de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), que a su vez hace parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y del movimiento político y social Marcha Patriótica.
La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, que denuncia el hecho, responsabiliza al Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, así como al brigadier general Mario Augusto Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, y al coronel Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la Vigésima Tercera Brigada, por las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas contra la población civil.
