Al debate contra Álvaro Uribe le siguen haciendo zancadilla, pero sigue firme. El Centro Democrático teme importantes revelaciones
Simón Palacio
A todo tipo de argumentos jurídicos apela el uribismo para detener el debate de control político que alista el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez por cuestionamientos que lo relacionan con el paramilitarismo desde antes de ejercer como gobernador de Antioquia.
Como nunca antes en la historia del Senado de la República, en plenaria se censuró un debate. En la primera semana del pasado mes de agosto, cuando por mayoría se le dijo no a la realización del debate de control político contra las actuaciones del ahora senador Uribe. En aquella oportunidad la propuesta fue derrotada por 50 votos, la mitad del Senado.
Eso sirvió para medir el equilibrio de poderes entre lo que representa el uribismo y las demás fuerzas políticas en ese recinto. Esa decisión fue el primer pulso político para la paz, pues, sin duda, quienes votaron en contra de la realización del debate, no solo mostraron su lealtad y afinidad a Uribe, sino también, a su tesis de no permitir una solución política al conflicto.
Luego, la discusión se trasladó a la Comisión Segunda constitucional en donde se aprobó el debate y se programó para el 18 de septiembre su realización. Otro intento desesperado por detener el debate llevó a que abogados del Centro Democrático presentaran una recusación contra el parlamentario Cepeda, con el fin de detenerlo nuevamente aduciendo que son ilegales los testimonios de desmovilizados de las autodefensas en donde se asegura que los caminos del paramilitarismo en Colombia apuntan al ex presidente Álvaro Uribe y su familia.
La recusación llegó acompañada de una serie de improperios en la plenaria de la Cámara de Representantes en cabeza de Álvaro Hernán Prada, señalando a Cepeda de cobarde por “no ser capaz de reclamarle a un grupo terrorista que le ponga el nombre de su padre a uno de los frentes. Cobarde es esconderse en una Comisión de Derechos Humanos para tratar de ir a las cárceles a presionar o a buscar vínculos de supuestos paramilitares con el ex presidente Álvaro Uribe”.
No obstante, el debate recibió el respaldo de la bancada polista: “La comisión de ética ha debido rechazar la recusación de plano. Primero porque esa comisión está conformada mayoritariamente por senadores que no permitieron el debate en la plenaria, y segundo la decisión sobre el debate nada tiene que ver con la ética, según señala la ley del Congreso”, dijeron los voceros del Polo Democrático en Senado y Cámara, Jorge Robledo y Alirio Uribe.
La recusación ante la Comisión de Ética del Senado finalmente fue resuelta pero generó una nueva polémica por cuanto aceptó la realización del debate pero le impuso talanqueras: no permitirle al senador Cepeda nombrar a Álvaro Uribe. El debate al innombrable fue calificado por Cepeda como inaudito y señaló que es como hablar de fútbol sin mencionar el balón. “Aún faltan días para ese debate y es posible que surjan otros obstáculos, no sabemos”, subrayó Cepeda.
El debate consistirá en una descripción de los hechos criminales que se relacionan con la vida política de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos las declaraciones de los paramilitares, según las cuales son testigos presenciales de la fundación, organización y mando de un grupo paramilitar gestados desde las propiedades de la familia Uribe Vélez.
Pero también se cuestionará la ausencia de respuestas judiciales ante las acusaciones de la cúpula paramilitar en torno al confeso apoyo de esa organización criminal a la campaña presidencial de 2010. Y la permisividad de la clase política elegida para esas mismas elecciones en donde se conformó una considerable bancada paramilitar. “La parapolítica no es una ficción, es un hecho probado judicialmente con 60 parlamentarios por la relación con el paramilitarismo. Esta es una cuestión vigente y este debate tiene sentido en ese contexto político”, explica Cepeda.
Lo que se pretende es entregar nuevos elementos de juicio a la Justicia colombiana, además de los que ya reposan en la Fiscalía General de la Nación pero no arrojan resultados sobre el esclarecimiento de hechos y circunstancias producto de las afirmaciones de desmovilizados que señalan al ex mandatario como autor de un concierto para delinquir y la organización de grupos paramilitares desde su calidad de hacendado, gobernador, senador y presidente de Colombia.
