La detención y desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural en la región de Iguala, recuerda al mundo las constantes masacres en un país donde el poder mafioso corrompe las estructuras del estado. Nadie da explicaciones y el crimen parece quedar en el olvido
Alberto Acevedo
Ya se cumplió un mes de la desaparición física de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural San Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, al sur de México, capturados por la Policía y entregados a una estructura mafiosa de un cartel del narcotráfico que actúa en la región, y ninguna autoridad da una respuesta convincente del paradero de los estudiantes.
El episodio ha estremecido a la opinión pública del país azteca y de otras naciones del hemisferio por la brutalidad con que se cometió y la espantosa complicidad de las autoridades locales con las estructuras mafiosas.
Por relatos de sobrevivientes, se sabe que unos 120 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa llegaron a la municipalidad de Iguala el 26 de septiembre pasado para protestar contra las aspiraciones políticas de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de esa ruralidad y que pretendía postularse a ese cargo en las próximas elecciones.
Cuando llegaron a Iguala, los estudiantes fueron recibidos por una lluvia de balas, disparadas desde unas diez patrullas policiales. El ataque produjo seis muertos, 25 estudiantes heridos y 43 que fueron retenidos por la Policía y trasladados a una instalación oficial. De allí fueron traslados a otra localidad y entregados al cartel del narcotráfico conocido como ‘Guerreros Unidos’.
Fosas por doquier
A la esposa del alcalde de Iguala le molestó que los estudiantes vinieran a criticar su programa electoral. Se sabe que María de los Ángeles Pineda tiene al menos tres hermanos vinculados al narcotráfico, y ella misma tiene relaciones con ‘Guerreros Unidos’. Su esposo, José Luis Abarca, alcalde de Iguala, en mayo del año pasado estuvo vinculado al asesinato de tres líderes de una organización denominada la Unión Popular.
Con 118 mil habitantes, Iguala es punto de tránsito de droga de varios carteles del narcotráfico, entre los que se cuentan las bandas de Los Rojos y los Hermanos Leyva. El poder de estas bandas es tal, que ha penetrado la policía, las alcaldías y otras instancias del poder local y de los partidos tradicionales. Incluso al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo han acusado de estar permeado por el poder de estos carteles.
Lo insólito de la desaparición del grupo de 43 estudiantes es que ante los rumores de que habrían sido ejecutados y sepultados en una fosa común, las autoridades iniciaron su búsqueda, y encontraron una fosa con varios cadáveres, que resultaron ser otras víctimas diferentes. Hace apenas cuatro meses, se encontró otra fosa común, con 28 cadáveres.
En los alrededores de Iguala abundan las fosas comunes y esto al parecer no es noticia en México. Desde el año 2007 a hoy, han muerto 70 mil personas por hechos violentos, buena parte de ellos a manos del narcotráfico. En ese saldo deben contabilizarse 27 periodistas asesinados en los últimos tres años. El Consejo Regulador de la Industria de México asegura que en el país se presentan diez ejecuciones cada día. La Fiscalía General tiene además un registro de 25 mil desaparecidos.
Sin rastro
Recogiendo versiones de prensa independientes, el sacerdote Alejandro Solalinde, activista de derechos humanos, dice que los estudiantes de Ayotzinapa probablemente fueron quemados vivos, para no dejar rastros y, por lo tanto, siempre quedarán como desaparecidos. Solalinde dice que las autoridades en México “no tienen un desempeño ético y se han corrompido muchísimo. Solo van tras el poder y el dinero”.
El caso de los desaparecidos de Iguala no es el primero en que los estudiantes son víctimas de ataques de las autoridades. En México existen 16 escuelas rurales a donde llegan los hijos de campesinos pobres que no tienen otra opción de estudio. Estas escuelas son blanco de la represión oficial, debido a su tradición de lucha social. Pero además, en 1968, el gobierno de turno provocó la matanza de la plaza de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes fueron acribillados.
Desde entonces, en ninguno de estos crímenes han aparecido responsables, jamás se ha hecho un juicio de responsabilidades que resulte consistente. Y en el caso reciente de Iguala tampoco va a haber un juicio justo. Los criminales, que han penetrado las altas esferas del poder, no se van a juzgar ellos mismos. Por eso, el pasado domingo, miles de personas, en una manifestación pública, demandaron la constitución de una Comisión de la Verdad, que aclare el trasfondo de los hechos.
