Masacre de Mondoñedo

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La lucha de las organizaciones de derechos humanos en el país es contra la impunidad. Foto Brigada Jurídica Eduardo Umaña.

A pesar de que ya hay condenas por este caso, las familias de las víctimas piden que los altos mandos también respondan penalmente

La lucha de las organizaciones de derechos humanos en el país es contra la impunidad. Foto Brigada Jurídica Eduardo Umaña.
La lucha de las organizaciones de derechos humanos en el país es contra la impunidad. Foto Brigada Jurídica Eduardo Umaña.

Kikyō

El seis de septiembre de 1996 los jóvenes Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora y Juan Carlos Palacio Gómez salieron de sus casas en la ciudad de Bogotá y nunca más regresaron. El siete de septiembre del mismo año los universitarios fueron encontrados en el basurero del municipio de Mondoñedo ubicado en la hacienda Fute cerca de la carretera que conduce de Mosquera a Soacha. En hechos relacionados, fueron asesinados los jóvenes Martín Alonso Valdivieso y Federico Quesada, en el barrio Fontibón y Argelia de Kennedy, respectivamente, estos eran amigos de los encontrados en Mondoñedo.

Semanas antes estos jóvenes universitarios habían sido señalados de ser miembros de las FARC por un hombre que respondía al nombre de Julio Chaparro Nieto, quien supuestamente integraba la Red Urbana del grupo armado.

Para investigar estos crímenes, catalogados como de Lesa Humanidad se facultó a una Fiscal Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, quien consideró los hechos como secuestro, tortura y homicidio agravado. Además dictó medida de aseguramiento con detención preventiva contra el capitán José Humberto Rubio Conde, comandante del Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN para la época de los hechos, y contra los policías José Albeiro Carrillo, José Ignacio Pérez Díaz, Ferley Alfonso Pineda, William Nicolás Chitiva, Rodrigo Cobos Saldarriaga y Onasis Bastidas. Así mismo se vinculó a la investigación al teniente Héctor Edison Castro Corredor. Sin embargo la investigación contra este precluyó.

La Fiscalía Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución de acusación contra los miembros del mencionado grupo de la DIJIN, sin haber vinculado al proceso al capitán de la Policía Carlos Alberto Niño, oficial quien estaba al mando del Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN en reemplazo del Comandante titular capitán José Humberto Rubio durante su ausencia, en la fecha en que se cometieron los delitos. Precluyó la investigación favoreciéndolo y al teniente, quien realizaba labores de inteligencia a las víctimas. Pese a la acusación contra los miembros de la DIJIN, estos gozaban del beneficio de libertad provisional por vencimiento de términos.

La Fiscal Delegada que inició la investigación y vinculó a los miembros de la DIJIN tuvo que salir del país con su familia por amenazas. Ocurrió lo mismo con un familiar de una de las víctimas.

El mayor Castro fue señalado por el suboficial William Chitiva de participar en la masacre por presuntamente pertenecer al frente urbano de las FARC. La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación en contra del oficial, quien realizó los seguimientos. Desafortunadamente el suboficial William Chitiva fue asesinado en 2007 en la ciudad de Cúcuta, poco después de ampliar su acusación contra otros miembros de la DIJIN.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de marzo de 2009 invalidó la preclusión frente a Héctor Castro Corredor y ordenó la reposición del trámite investigativo, lo que correspondió por reparto a la Fiscalía Séptima de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que dictó resolución de acusación contra el ahora Mayor de la Policía y calificó los hechos como secuestro y homicidio agravado sin tener en cuenta los delitos de concierto para delinquir y tortura catalogados como Crímenes de Lesa Humanidad.

En 2003 el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 40 años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años a los agentes por los delitos de secuestro, tortura y homicidio agravado y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para abrir investigación por los mismos delitos contra los capitanes de la Policía Nacional Carlos Alberto Niño, y al mayor Héctor Edison Castro. Sin embargo, la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, quien lleva el caso, viene denunciando las muchas dilaciones, lo que apunta de alguna manera a proteger a los altos oficiales implicados en la masacre.