Editorial 3274
Después del debate legislativo sobre Reforma laboral y Consulta Popular – CP y el paro desarrollado en todo el país, han surgido dos dinámicas que merecen atención. La primera es la acción jurídica y legal, que enfrasca en un debate al Gobierno, el Congreso, las Cortes y a connotados juristas. La segunda se refiere a las acciones y decisiones que están impulsando las organizaciones del movimiento sindical, social y étnico popular.
En cuanto a la primera, el debate está encendido. No se trata de voces inexpertas, sino de juristas con profundo conocimiento del tema, divididos entre los que sostienen que el presidente Gustavo Petro tiene la facultad para convocar por decreto la Consulta Popular y quienes advierten que sería un verdadero suicidio jurídico.
Entre los juristas que defienden el “no puede” o “no debe”, se encuentra Rodrigo Uprimy. Él ha planteado que la tesis de Benedetti ─el Congreso no tomó una decisión─ es falsa. A su juicio, aunque puedan existir vicios, sí hubo una decisión y habría que esperar, en caso de que se presente la demanda correspondiente, a que la Corte competente defina si adolece de nulidad. Además, advierte que esa decisión del Senado no está sometida a control automático ni por parte de la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado. Por lo tanto, el presidente no podría convocar la CP por decreto.
Esta es también la posición del excontralor de Bogotá y jurista Óscar González. Aunque apoya al Gobierno, recomienda que “el presidente no debe firmar un decreto convocando a la Consulta Popular, ignorando la presunción de legalidad de los actos del Senado de la República”. Reconoce que hubo vicios en el procedimiento, pero añade una apreciación política: “El riesgo es volver derrota lo que ya es una victoria”.
Del lado de quienes sostienen que el presidente sí puede y debe convocar por decreto la CP, está el exfiscal Eduardo Montealegre. Cercano al Gobierno en algunos debates jurídicos y testigo en el juicio contra el expresidente Uribe. En un artículo en la revista Raya, el exfiscal concluye: “Ante el bloqueo institucional del Senado (…) no queda otra salida que ‘El Decretazo’. (…) Es una salida legítima y constitucional. (…) En la postmodernidad, los grandes cambios sociales son producidos por los movimientos de ciudadanos y las herejías constitucionales. Aplique, presidente, la ‘excepción de inconstitucionalidad’ de lo actuado por el Congreso y convoque al pueblo para que decida ¡Es su deber!”. Esta es una apuesta muy arriesgada.
Lo cierto es que el terreno jurídico es sumamente delicado. El presidente Petro puede terminar dando pie a que, por fin, se concrete el anhelo de la oposición de tumbarlo por una “vía legal”, si de ese conflicto jurídico llega a salir gananciosa. Sin embargo, si Petro gana, su decisión puede impulsar más la lucha popular.
Más allá de los intríngulis de la legalidad burguesa, las reformas y logros alcanzados por el Gobierno del presidente Petro son producto de la lucha persistente del pueblo colombiano. Lo verdaderamente real es que hay un pueblo que ha despertado y ha comenzado a andar.
La gran lección de las movilizaciones en este ciclo de ascenso de la lucha social y popular que empezó en el paro agrario del 2013, pasando por la firma de la paz en 2016 y llegó a su punto máximo con el estallido social de 2021, es clara: el pueblo puede y debe superar la legalidad burguesa neoliberal y obligar a los poderes tradicionales a respetar sus derechos.
El objetivo fundamental de la Asamblea Nacional Popular nucleada en el Comando Nacional Unitario y la Coordinadora Nacional Para el Cambio, sigue siendo lograr las reformas, profundizar la democracia y lograr la paz con justicia social. La acción decidida y comprometida de la lucha social se seguirá expresando en las calles y en Cabildos Populares.
El Comando Nacional Unitario y la Coordinadora aprobaron un nuevo Paro Nacional de 24 horas el próximo 11 de junio, además la realización de cuatro grandes caravanas hacia Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. Paralelamente, continuarán conformándose los Comités de Impulso por el Sí a la Consulta Popular.
Las Reformas sociales son una necesidad de todo el pueblo Colombiano. Negarlas significa cercenar los derechos de todos los Colombianos, principalmente de las clases media y baja.