Tras la expedición del decreto 870 del 8 de mayo de 2014 por el que se conforma la Mesa Única de Participación y Concertación, hasta el momento no se ha abordado ninguno de los puntos
Contagio Radio
Estos son los acuerdos que se han pactado en las diferentes mesas de negociación entre el gobierno y la Cumbre Agraria, y que hasta el momento no se han cumplido:
1. Tras la expedición del decreto 870 del 8 de mayo de 2014 por el que se conforma la Mesa Única de Participación y Concertación, hasta el momento no se ha abordado ninguno de los puntos: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. Economía propia contra el modelo de despojo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo-ciudad; 8. Paz, justicia social y solución política.
2. En ese mismo escenario se generaron cinco mesas de trabajo. Una de ellas tendría como tema el Incoder y la restitución de tierras. No solo no se ha avanzado en esta discusión sino que se generó la ley Zidres que “despoja de tierras a los campesinos para otorgarlas a los grandes empresarios y multinacionales”. Esta ley ha sido criticada y afronta una demanda radicada por el senador Alberto Castilla y respaldada por la Cumbre Agraria.
3. Otra mesa debatiría el tema de garantías y derechos humanos, al igual que las judicializaciones a miembros del movimiento social. Las respuestas por parte del Gobierno han sido nulas y por el contrario aprueba leyes como la de Seguridad Ciudadana que crea sanciones más fuertes y criminaliza la protesta social. También propone reformas al Código de Policía que daría más libertades a la Fuerza Pública.
4. Durante los paros del 2013 y 2014 se acordó generar otra mesa de interlocución que trataría el tema del agro y que escucharía las propuestas de los voceros de la Cumbre Agraria frente al tema de tierras. Ninguna de las propuestas ha sido escuchada por parte del Gobierno, por ende expresan que se oponen al Plan Nacional de Desarrollo que pone en venta los recursos estratégicos de la Nación, da cabida a la privatización de derechos fundamentales y privilegia a las multinacionales y empresarios.
5. De igual forma se habría acordado una participación más directa de las comunidades sobre los planes de desarrollo locales o las decisiones sobre su territorio como los títulos mineros. Sin embargo, la desviación de ríos o la explotación minera en diferentes regiones del país sin la aprobación ni consulta previa a las comunidades ratifica no solo el incumplimiento sino la falta de voluntad del Gobierno.
6. Frente al acuerdo de generar un financiamiento de proyectos productivos por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las diferentes vocerías han señalado que no existe voluntad por parte del Gobierno, ya que se han venido dilatando todas las reuniones y no se ha entregado ninguna respuesta. Estos hechos generan que se haya postergado por más de un año el acuerdo de apoyo a la economía propia, evitando que se pueda cultivar tan siquiera una hectárea de alimentos y que genera que se amplíen los cultivos ilícitos, a lo que el Gobierno ha respondido con políticas de erradicación forzada.
