La Jurisdicción Especial para la Paz, contiene de manera expresa las penas para los culpables de los delitos en caso de no cumplir con el principio fundamental para la paz, que han reclamado las víctimas, la verdad.
“Ser pillo paga” ha sido la consigna con la cual los comités del “no” han venido descalificando el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación pactado entre las delegaciones de paz del Gobierno nacional y las FARC-EP.
Ante semejante argumento es válido recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz, contiene de manera expresa las penas para los culpables de los delitos en caso de no cumplir con el principio fundamental para la paz, que han reclamado las víctimas, la verdad. A mayor verdad, mayores son los beneficios que se otorguen y menor la posibilidad de que los combatientes o no combatientes queden sancionados con privación de la libertad.
Es de aclarar que la verdad es de doble vía. Es decir, tanto los agentes del Estado como los combatientes insurgentes y los terceros no combatientes tienen que comparecer a los tribunales de paz y decir la verdad de hasta donde participaron en las hostilidades, quienes no lo hagan se verán expuestos a condenas que van desde ocho hasta veinte años.
El Ser Pillo Paga debería recaer mejor en aquellos funcionarios del círculo de Álvaro Uribe que hoy se encuentran prófugos de la justicia por delitos como las interceptaciones ilegales, por concierto para delinquir contratando a espías e intentando intervenir las comunicaciones de los delegados de paz del Gobierno nacional, el escándalo de Agro Ingreso Seguro que tiene al borde de la extradición desde los Estados Unidos al exministro Andrés Arias o las falsas desmovilizaciones, además de los cuestionamientos de corrupción en gremios privados como Fedegán.
Sin contar con que la justicia para los paramilitares traducida en la ley de Justicia y Paz hoy tiene el 95% de impunidad a pesar de que algún sector de la tropa paramilitar se encuentra en la cárcel y las víctimas esperando justicia, verdad y reparación.
