Los argumentos de la campaña del “no” carecen de sustento moral por quienes defienden seguir el camino de la guerra.
Veamos: el expresidente Álvaro Uribe dice que con la firma del fin del conflicto con la insurgencia que no pudo derrotar habrá paz sin impunidad, pero olvida, al hablar de impunidad, que sus principales aliados son delincuentes encarcelados o prófugos de la Justicia.
El auténtico temor de Uribe es que la reforma rural integral que establece el acuerdo ponga al descubierto el origen ilegal de muchas propiedades de sus aliados políticos. Y que ellos tengan que acudir al tribunal de paz para responder por las víctimas provocadas con la creación de grupos paramilitares.
Everth Bustamante, un senador del Centro Democrático, es un ex guerrillero del M-19 que fue amnistiado y no pagó un sólo día de cárcel, y menos dijo la verdad sobre lo sucedido en medio de la confrontación.
Replantear la negociación, dicen los del no. No hay ninguna garantía de que el acuerdo se pueda replantear en los términos que expone el Centro Democrático y, en todo caso, se requerirían por lo menos cuatro años para llegar a su firma.
Ante el argumento de “ser pillo paga”, hay que recordarle al expresidente que los reincorporados de las FARC recibirán 90% de salario mínimo. Pero bajo el gobierno de Uribe, tanto guerrilleros como paramilitares desmovilizados recibían dos salarios mínimos. “En la administración de Uribe había guerrilleros –desmovilizados- que recibían hasta dos millones de pesos al mes”.
