La nueva legislación introduce medidas que buscan cerrar las brechas de género. Flexibilidad para cuidadoras, licencias menstruales, subsidios a la contratación y alivios pensionales marcan un giro hacia la inclusión y la dignificación del trabajo femenino
Anna Margoliner
@marxoliner
La aprobación de la reforma laboral en Colombia (Ley 2466 de 2025) abrió un debate intenso sobre sus impactos en el mercado de trabajo. Más allá de las discusiones sobre los costos para las empresas o los ajustes en recargos y contratos, uno de los puntos más significativos es el conjunto de medidas con enfoque de género.
La norma reconoce las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres trabajadoras y busca ofrecer condiciones más justas, estables y seguras. En un país donde la informalidad y la falta de protección social marcan la vida laboral de millones de mujeres, esta reforma representa una apuesta por avanzar hacia la equidad.
Un punto de partida
Durante décadas, las mujeres han enfrentado mayores dificultades para acceder a empleos dignos y estables. Cerca del 50 % de las trabajadoras se encuentran en la informalidad, lo que implica ausencia de seguridad social, pensión y garantías de estabilidad. La mayoría se concentra en sectores feminizados como el servicio doméstico, el cuidado comunitario o la docencia inicial, caracterizados por bajos salarios y escasa protección.
“Las mujeres han cargado con la mayor parte del trabajo no remunerado del país y eso limita sus posibilidades de progresar laboralmente”, recuerda la economista Juliana Álvarez, investigadora de la Universidad Nacional. A esto se suma la doble jornada: las mujeres dedican, en promedio, más del doble de horas que los hombres a labores de cuidado en el hogar.
Sus trayectorias laborales suelen verse interrumpidas por la maternidad o por responsabilidades familiares, lo que disminuye sus posibilidades de alcanzar una pensión. Este panorama explica la necesidad de una intervención legal que reconozca y atienda esas desigualdades estructurales.
Una apuesta con enfoque de género
La reforma laboral incorpora de manera explícita el principio de equidad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Su apuesta central es avanzar hacia una “sociedad del cuidado”, en la que el Estado y los empleadores compartan responsabilidades que antes recaían exclusivamente en las mujeres. “Por primera vez una reforma laboral reconoce que la equidad de género no es un tema accesorio, sino un eje central para garantizar derechos”, señaló la ex ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, durante la sanción de la ley.
Beneficios directos para las mujeres
Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de que las trabajadoras con responsabilidades de cuidado accedan a esquemas de jornada flexible, lo que facilita equilibrar el tiempo entre la familia y el empleo, sin renunciar a sus derechos. “Esto permitirá que muchas mujeres no tengan que escoger entre trabajar o cuidar a sus hijos”, explicó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en un comunicado.
La protección durante el embarazo también se fortalece: la ley prohíbe asignar labores riesgosas o físicamente demandantes a mujeres gestantes, garantizando un entorno laboral seguro, evitando que el embarazo sea usado como excusa para limitar oportunidades.
Otro punto clave es la formalización de sectores feminizados. Trabajadoras domésticas, madres comunitarias y aprendices del SENA acceden ahora a contratos laborales con prestaciones sociales, mientras que los estudiantes de medicina en internado recibirán un salario mínimo. “Es un reconocimiento histórico a sectores invisibilizados”, opinó Yolanda Perea, lideresa de trabajadoras del cuidado.
Para incentivar la creación de empleo formal, la reforma incluye subsidios estatales, para empresas que contraten mujeres en situación de desempleo. Las compañías podrán acceder a un apoyo económico de hasta el 25 % de un salario mínimo por cada mujer vinculada, un estímulo que, según Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial, “puede marcar la diferencia en sectores donde la participación femenina sigue siendo baja”.
La protección contra la discriminación se refuerza con nuevas garantías frente a despidos injustos por razones de embarazo, género u orientación sexual. “La estabilidad laboral reforzada ya no es solo una figura retórica, ahora está respaldada por sanciones más claras”, sostuvo la abogada laboralista Carolina Garzón.
Finalmente, se introducen licencias menstruales para mujeres que sufran ciclos incapacitantes o enfermedades asociadas. Para la médica Lina Vargas, “es un avance en salud pública laboral: reconocer que estas condiciones afectan el rendimiento y merecen respaldo institucional”.
Beneficios complementarios desde la reforma pensional
La reforma pensional (Ley 2381 de 2024) se articula con la laboral para reforzar la protección de las mujeres. El requisito de semanas para pensionarse se reducirá progresivamente de 1.300 a 1.000 entre 2026 y 2036, y además se reconoce el efecto de la maternidad: cada hijo descontará 50 semanas del requisito, hasta un máximo de tres, con lo cual las mujeres podrán pensionarse con 850 semanas cotizadas.
Adicionalmente, aquellas que hayan alcanzado solo entre 300 y 999 semanas y tengan más de 60 años, podrán acceder a una renta vitalicia subsidiada, que les garantiza un ingreso mensual equivalente al 30 % de sus aportes. Para las trabajadoras independientes o con ingresos bajos, la posibilidad de cotizar pensión de manera simplificada —sin la carga de cotizar simultáneamente a salud— representa una opción real de protección en la vejez. “Con estas medidas se reconoce que las mujeres han tenido trayectorias laborales más cortas e interrumpidas. Se les da la posibilidad real de acceder a una pensión”, señaló Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional.
La equidad nos fortalece
Más allá de los ajustes técnicos, la reforma laboral y pensional representan un paso decisivo hacia la justicia social con perspectiva de género. Al reconocer el valor del trabajo de cuidado, proteger la salud reproductiva y promover la formalización en sectores históricamente relegados, se avanza en cerrar brechas que han limitado la participación plena de las mujeres en el mercado laboral.
“Un país donde las mujeres trabajan en igualdad de condiciones es un país más productivo, más innovador y con mayor bienestar colectivo”, afirmó la socióloga Patricia Muñoz, experta en género y trabajo. De hecho, estudios del Banco Mundial han demostrado que reducir las brechas de género en el empleo puede incrementar hasta en un 20 % el crecimiento económico a largo plazo.
