Prevé el 34% para la operación de medios comunitarios
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El pasado viernes 14 de junio, se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Comunicación, una ley que lleva 46 meses en debate. Esta ley ha generado diversas opiniones a favor como en contra. Desde el oficialismo se destaca que esta nueva ley protegerá los derechos de los ciudadanos para que éste pueda defenderse de los abusos de cierta prensa, así lo manifestó el Presidente Rafael Correa en el enlace sabatino.
Esta ley contiene 129 artículos, 17 disposiciones transitorias, tres reformatorias y una derogatoria, con el fin de desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente.
La ley tiene además aspectos relacionados con los derechos a la libertad de expresión y opinión, la prohibición de la censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a recibir la información de relevancia pública veraz, el derecho a la rectificación, por tanto, todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas.
Asegura la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a la igualdad e interculturalidad, el derecho al acceso a frecuencias, en igualdad de condiciones; al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley.
Además, consagra los derechos de las y los trabajadores de la comunicación, así como de la institucionalidad para la regulación y control, por lo que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación estará integrado por cinco representantes: de la Función Ejecutiva, de los Consejos Nacionales de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de los gobiernos autónomos descentralizados; y del Defensor del Pueblo, a la vez que se establecen sus atribuciones.
Asimismo, prevé la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico: 33% para los medios públicos, 33% para la operación de medios privados y el 34% para la operación de medios comunitarios. También define la modalidad para la adjudicación de concesiones, entre otros aspectos.
Se determina, además, que está prohibido que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión.
Desde la oposición las críticas son diversas, sobre todo en el artículo 26 del linchamiento mediático, ya que consideran que va a instaurar la censura previa, va a acabar con con el periodismo de investigación que se hace en los medios privados y con el seguimiento periodístico de los temas más noticiosos de interés nacional.
Otro tema que causa fuertes críticas es el de la creación del Consejo de Regulación y la Superintendencia de Información. En la oposición creen que el principal problema de este organismo es la falta de delimitación de las funciones, consideran que este vacío puede derivar en una suerte de autocensura para los medios de comunicación, por la subjetividad con la que podría actuar al analizar un caso e imponer castigos. Además se cree que va a someter a los medios de comunicación y a los periodista independientes a un control gubernamental asfixiante.
A pesar de todos los esfuerzos de la oposición por frenar la aprobación de esta ley, en las calles el pueblo se siente contento, ya que es la primera ley con la que cuenta el Ecuador en materia de comunicación. Como medios comunitarios, alternativos y populares debemos estar atentos en las maneras de aplicación de esta ley, no permitir que por ambigüedades se de paso a un mal manejo y se creen organismos de control desde el Gobierno. Esta ley debe ser por y para el pueblo ecuatoriano.
El centro de Comunicación Popular Nuestroamericano con sus reporteros populares, estuvo presente en este evento, para asegurar una información objetiva, libre y alternativa.
