Es necesario afirmar el más contundente rechazo a las maniobras para la desestabilización económica y política y al golpe que la derecha gesta.
Pietro Lora Alarcón
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad de Sao Paulo.
Comisión Internacional del Partido Comunista Colombiano
1. La acción contra Lula
La desesperada tentativa de la derecha brasileña, de manera coordinada y alevosamente preparada, de agudizar el clima de inestabilidad económica y política en el país a partir de la arbitraria conducción de Lula a una comisaría de la Policía Federal para aclarar el uso de un apartamento de veraneo, comprueba el pánico que les suscita la posibilidad de una nueva candidatura del expresidente en la contienda electoral del 2018.
Lula ya había hecho aclaraciones en tres oportunidades anteriores a la Fiscalía y a la propia Policía, sin ningún tipo de dificultades. Hoy la presión opositora encabezada por el PSDB – Partido Social Demócrata, del candidato derrotado en las últimas elecciones, Aecio Neves – y sus aliados para generar un espectáculo circense con la cobertura cómplice de los grandes medios de comunicación, es otro eslabón en la cadena de búsqueda de legitimidad para el golpe blanco que los conduzca al gobierno.
Las conquistas alcanzadas durante el gobierno Lula y que se mantuvieron en parte del primer gobierno actual de Dilma, son una sombra para la derecha. Lula es un símbolo de la clases más desfavorecidas, un metalúrgico que llegó a la presidencia, y tamaña afrenta nunca fue digerida por una clase dominante de coroneles de vieja estirpe y de fuertes nexos con el capital financiero.
2. La posibilidad de la impugnación
Un análisis sobre la situación interna del Brasil, así como la repercusión de este escenario de contradicciones y luchas en campo internacional y especialmente en el latinoamericano, es fundamental para verificar alternativas posibilidades y rumbos para la izquierda y los intereses de los trabajadores y de los pueblos.
Inicialmente, hay que recordar que el gobierno de Dilma Roussef sufrió, desde el instante en que se declaró su triunfo electoral en el 2014, la ofensiva de los sectores ligados al agronegocio y el capital financiero internacional, los grandes medios de comunicación y las fuerzas derrotadas en las urnas.
La clarísima intención de esos sectores es que el gobierno no llegue al final de su mandato y que se restaure el dominio de las fuerzas políticas y económicas ligadas a los sectores más atrasados de la derecha nacional e internacional. Y para ese fin, la última carta lanzada es la propuesta de la impugnación, la salida obligatoria de la Presidente a través de un juicio político aprobado por la Cámara de Diputados y después conducido por el Senado.
El proceso, conforme la Constitución Federal, requiere de una aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado por dos tercios de los miembros de cada una. En la Cámara el gobierno no tiene mayoría, pero juega a su favor que el gran aliado de la derecha es el presidente de esa Casa legislativa, que es reo en un proceso en el Supremo Tribunal Federal por lavado de dólares y evasión fiscal.
Sin embargo, el espectáculo de gansterismo, presiones, manipulaciones y amenazas contra congresistas, encabezadas por el presidente de la Cámara y los diputados pro impugnación, para que sus pares voten a favor de la abertura del proceso, ha sido de tal proporción que hasta hace poco algunos comenzaron a sentir que de continuar por esa vía la impugnación puede no dar resultado porque corren el riesgo de generar tamaña cantidad de vicios y violaciones a la Constitución que la Corte Constitucional puede anular por completo el proceso.
En todo caso por ahora son intentos jurídicamente sin lastre. Dilma es acusada de utilizar, sin autorización del Legislativo, recursos provenientes de impuestos para atender programas sociales. O sea, no se le acusa de haber desviado dinero para su patrimonio personal, sino de haber aprovechado brechas en la legislación tributaria para realizar algo que prácticamente todos los gobiernos desde 1988 hicieron, que ciertamente constituye una infracción administrativa y que es comúnmente llamada “pedal fiscal”. Se trata de usar recursos para atender fines diferentes de los pautados y aprobados en la ley del presupuesto para luego ser cubiertos en el mismo ejercicio financiero. O sea, un ejercicio de autofinanciación interno.
Aun así, como se sabe, este es un tema que comienza jurídico, pero que tiene un contenido político relacionado a la posibilidad real del gobierno de hacer valer su voz y su posicionamiento delante del Congreso. Por eso la derecha continúa sus esfuerzos para encontrar nexos entre empresarios detenidos por corrupción en la Petrobras, la mayor estatal brasileña, y el Partido de los Trabajadores.
La estrategia de las “confesiones premiadas”, que consisten en largos testimonios a la Fiscalía y a la Policía Federal por funcionarios corruptos del sector público y privado no sirven, según la ley penal, para llevar a nadie a la cárcel, pero si son efectivas para sembrar dudas, generar incertidumbres y negociaciones a cambio de favores y posicionamientos que la gran prensa reproduce todos los días. Las confesiones son selectivamente divulgadas y amplificadas por la oposición.
3. Un balance urgente y necesario del gobierno
Hay que reconocer, por otro lado, que la derecha cabalga encima de la carencia de soluciones a problemas de estructura del Estado brasileño. Problemas que no fueron resueltos durante los gobiernos del PT porque, aunque se reconozca en la lectura objetiva de la realidad que la clase dominante estaba incrustada en el engranaje nuclear de la economía, faltó empuje y osadía para avanzar en la construcción de un amplio movimiento social y político por las reformas en el terreno de la gran propiedad urbana y rural y por los derechos sociales.
Así, no se enfrentó decisivamente el capital internacional ni, sobre todo, se avanzó en un programa que tuviera como aliados al espectro generoso de organizaciones capaces de ir a las calles y propiciar transformaciones de contenido revolucionario. Con eso, partidos de izquierda que, aunque pequeños, serían los naturales aliados tácticos y estratégicos, pasaron a una oposición crítica que hoy hace falta para resistir, generar opinión y avanzar en el terreno de la lucha política e ideológica principal contra el gran capital.
Particularmente en los últimos dos años, frente a la crisis internacional, la respuesta para mantener la gobernabilidad estuvo más ligada a pactos con grandes partidos, fisiológicos y poco confiables, que en un apoyo efectivo de los movimientos sociales. Por eso el cuadro de fuerzas en el Legislativo demuestra que los aliados del gobierno son vulnerables, con la honrosa excepción de los aguerridos miembros del PCdoB, que con convicción y lucidez en el marco de las contradicciones intentan generar iniciativas delante del cataclismo de denuncias y de la timidez de otros.
La propuesta del gobierno de crear a través de los consejos populares las condiciones de profundizar la democracia participativa fue bombardeada por las fuerzas más retrógradas desde su presentación, calificada de bolivarianista y prontamente olvidada. No hubo la generación de un debate nacional sobre el punto, favoreciendo propuestas de retroceso y perdiéndose una histórica oportunidad de afirmar el debate democrático.
La gran prensa, oligopolizada y con nexos con las grandes transnacionales de la comunicación, actúa como un auténtico factor real de poder, manteniendo un lenguaje agresivo, que ya fue usado cuando el gobierno hizo el acuerdo con Cuba para la implementación de programas como el Más-Médicos y que llega a ser patético cuando se refieren a la política externa brasileña, especialmente cuando se habla de Venezuela y del proceso de paz de Colombia.
La derecha envalentonada ha construido una agenda profundamente reaccionaria, que aprovecha su mayoría en el Congreso para proponer y aprobar proyectos de ley que retiran derechos de los trabajadores a través de la flexibilización laboral y de una ley aprobada bajo el título de Ley Antiterrorista, un franco retroceso dentro de la regeneración democrática iniciada con la caída de la dictadura militar en el 88. También en esa pauta se inscriben las propuestas de reducir la mayor edad penal, la consideración del aborto como un delito por el cual la mujer debe ser penalizada y la estigmatización de las comunidades afrodescendientes y minorías sexuales.
El gobierno tiene que retomar el rumbo de los programas sociales que sufrieron un serio recorte con la recesión económica y crear una política de empleo de mayor expresión. Colocar freno al agronegocio y democratizar la propiedad de la tierra. Eso no se puede hacer sin un soporte popular y por eso la urgencia de generar los caminos para la creación de un movimiento amplio que encabece esa lucha.
4. El impacto de la situación en los procesos de América Latina
Brasil es la novena economía del Planeta y representa una tercera parte del producto interno bruto de América Latina. Solo de este dato se puede comenzar a desprender la repercusión que tiene lo que acontece en el país, tanto en el amplio escenario internacional como en el regional.
Los grandes estados periféricos, reunidos en los llamados Brics, mantienen una política de inserción económica que contribuye a airear el clima de las incertidumbres del mercado, sus inversiones en proyectos económicos en Brasil, así como los del Brasil, Rusia y China, en otros estados de la región crean posibilidades de equilibrio delante del avance del G7 encabezado por EEUU y Alemania. Son contradicciones en el terreno económico con las cuales los gobiernos progresistas y democráticos han tenido y tienen que lidiar en los últimos años.
Por eso, en el marco de procesos de intensidad variable sobre su potencial transformador, en virtud de las contradicciones internas de cada uno, el Brasil constituye todavía un referente importante. Especialmente por su capacidad para generar condiciones para una integración infraestructural y más allá de la retórica, pautada por programas de desarrollo que atiendan necesidades concretas de la población latinoamericana.
Sin duda la perdida de una interlocución oriunda de un gobierno que no sigue rigurosa y ciegamente las orientaciones económicas y geopolíticas de las grandes potencias será una perdida inestimable para los procesos democráticos en otros pueblos de la región.
Eso porque, muy a pesar de situaciones a criticar, como la discutible fuerza de paz brasileña en Haiti, el apoyo a la paz y a un clima de seguridad regional pueden ser seriamente afectados en virtud de un realineamiento de la política externa a bloques militares como la OTAN y un respaldo a la creación de un clima contrario a las luchas populares, incorporando el país, con mayor énfasis y de manera oficial, a los programas actualmente en curso para el monitoreo y vigilancia de los sectores comprometidos con la lucha social y democrática.
Para nosotros los colombianos, envueltos en un proceso tan complejo y de tamaña envergadura como la necesidad de resistir, avanzar y profundizar la lucha de masas en las condiciones y contradicciones del pos-acuerdo, no hay duda de que un retroceso en Brasil es algo muy negativo y preocupante.
5. A manera de conclusión
El proceso brasileño es de conquistas importantes, especialmente durante los gobiernos encabezados por Lula, mas también de errores y limites que necesitan ser analizados con especial atención por las lecciones que los comunistas podemos y debemos extraer de ellos.
En la actual coyuntura, es necesario afirmar el más contundente rechazo a las maniobras para la desestabilización económica y política y al golpe que la derecha gesta.
Simultáneamente el apoyo al pueblo brasileño y las lucha sociales por la manutención de las conquistas y la profundización de las reformas iniciadas e luego paralizadas.
Queda el ejemplo de que es necesaria una política de alianzas flexible en los procesos de transformación social democráticos, pero también entender que la gobernabilidad no puede superar la construcción de un frente con amplia participación popular, de orientación y sustentación de las decisiones políticas fundamentales en las cuales reside la fuerza de los cambios. De lo contrario se genera una ambivalencia y vacilaciones que inhiben las transformaciones y se proyecta a repercusiones serias y negativas en el proceso de unidad.
Es necesario llamar a la solidaridad internacional para la creación de un frente por la democracia brasileña y la unidad de América Latina, por la paz, la vida y la felicidad de los pueblos.
São Paulo, Brasil, 6 de marzo de 2016
