En consonancia con la información que venía recibiendo la comunidad sobre acciones legales represivas que emprendería Juan Manuel Fernández De Castro, recientemente conocimos de la denuncia penal presentada contra: Varios campesinos, entre ellos la profesora Esther Carmen Martínez; el abogado del Equipo Jurídico Pueblos y voluntario de la FCSPP, Rommel Durán Castellanos, y la secretaria general de la FCSPP, Gloria Amparo Silva; contra el Movice sin especificar y varias organizaciones y acompañantes internacionales, entre otros, el Observatorio Internacional de Paz (IPO) y la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia.
Paradójicamente Fernández De Castro Del Castillo inicia esta acción penal por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y otros, delitos por los cuales los campesinos despojados lo denunciaron tres años atrás, sin que hasta la fecha el ente acusador haya dado pasos certeros hacia el esclarecimiento de los hechos y responsables.
La mayoría de la información usada en la denuncia penal le ha sido suministrada a Fernández De Castro por contados funcionarios civiles y militares de la zona, quienes la conocieron única y exclusivamente en razón a sus funciones, lo que constituye un nuevo campanazo de alerta respecto a cuáles son los intereses que defienden y protegen estas autoridades.
De otra parte, sabemos que sigue el palmicultor difundiendo información falsa y tendenciosa con la que pretende señalar a la comunidad y sus acompañantes como miembros de la guerrilla, buscando de esta manera deslegitimar el retorno; situación que a la vez pone en riesgo la vida, integridad personal y libertad de todas estas personas.
También hemos conocido del desistimiento presentado por el personero municipal de Curumaní (Cesar), Mauricio Ríos, al trámite iniciado ante el Incoder para la protección de los predios de la población desplazada. De esta manera, se casa con el argumento defensivo de Fernandez De Castro Del Castillo en el sentido que compró de forma legal las tierras de las familias retornadas y hace a un lado las múltiples tipologías del despojo que han sido identificadas tanto por entidades gubernamentales como por organizaciones no gubernamentales.
Las acciones emprendidas por Juan Manuel Fernández De Castro Del Castillo, secundadas o facilitadas por algunas autoridades locales, no sorprenden ni son imprevistas, por el contrario, se corresponden con las usadas en procesos de reclamación de tierras similares. En este caso, como en muchos otros, será la fortaleza organizativa y la solidaridad de otros sectores sociales y populares, lo mismo que el acompañamiento nacional e internacional el que mantendrá en pie la esperanza de estas 17 familias de vivir con garantías en su territorio.
Bogotá D.C. Julio 02 de 2013
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Equipo Jurídico Pueblos
Movimiento de Campesinos y Trabajadores del Cesar
