Las Zidres: ¿en contravía de la paz?

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Foto: quintopoder.com.co

El Gobierno de un lado promete una Reforma Rural Integral en La Habana y del otro continúa promoviendo normas en beneficio de la agroindustria, pero ante las necesidades agrarias de los campesinos permanece inmóvil.

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María Camila Luna
@mariacamilalun6

«El que persevera alcanza», dice un viejo proverbio, y después de tres años escuchando al Gobierno hablar de la Ley de Zidres y los seis intentos que hizo por sacarla adelante, ver el proyecto hoy hecho ley lo confirma. Las Zonas de interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, conocidas como Zidres, se hicieron realidad el 29 de enero, día en que Juan Manuel Santos sancionó la ley 1776 de 2016, que se conoció popularmente como la «Ley de Zidres».

¿De qué se trata? Sencillo, de modificar el sistema de propiedad y uso de la tierra, de manera que ya no solo sean los campesinos los únicos puedan acceder a los terrenos baldíos (grandes extensiones de tierra no tituladas), como lo sostiene el artículo 64 de la Constitución y la ley 160 de 1994, sino que también lo puedan hacer los grandes inversionistas. Esto porque, según el Gobierno, a la agricultura en Colombia le urge el aporte de la agroindustria para que pueda crecer, para que haya empleo para los campesinos y para que, de una vez por todas, se mejore la difícil situación en la que ha permanecido el agro.

Para camuflar lo que realmente se pretende con las Zidres: «darle acceso a tierras baldías a grandes inversionistas en grandes unidades de producción», como dice el exasesor del de los diálogos de La Habana en materia de agro, Alejandro Reyes Posada, la Ley propuso un modelo en el que el campesino se asocia con un gran empresario para desarrollar un proyecto productivo.

Aunque Santos dijo que en esas alianzas «todos ganaban», visto a futuro, su resultado es tan nefasto que los opositores las apodaron como asociaciones de zorras y gallinas. «Es un modelo desigual en el que el campesino pasa de ser dueño de su tierra a ser siervo del inversionista, perdiendo la autonomía para manejarla», dice el senador Alberto Castilla, y una simulación práctica de la realidad lo confirma: imagínese a un campesino refutándole a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Aurelio Iragorri, o a cualquier otro magnate terrateniente que sea su nuevo socio que no está de acuerdo con lo que se cultiva o con la forma como que se hace… Absurdo.

«Que se le facilitará el acceso y la producción de la tierra a los campesinos, que los empresarios jalonarán el progreso de esas familias, que ahora los pequeños tendrán la oportunidad de ser socios de un proyecto grande», han dicho Santos, Jorge Enrique Vélez, Luis Emilio Sierra y los demás promotores de la Ley el Congreso; empero, para los opositores eso es pura demagogia. Según el investigador Alfredo Molano, uno de ellos, «Esa es una ley hecha para los grandes, un mico para aumentar la concentración de tierras. En el mejor de los casos, el beneficio del campesino será que lo empleen como peón».

El contexto

En Colombia el debate por la concentración se remonta al escándalo que estalló cuando se supo que Cargill, la multinacional agrícola más grande del mundo, acumuló 52.575 hectáreas de origen baldío en la Altillanura. Gracias a la asesoría de la firma de abogados Brigard & Urrutia, Cargill creó 36 sociedades de papel para evadir la restricción que la Ley contempla para la tenencia de esas tierras. Según un estudio de la Oxfam, la argucia le permitió a la empresa «superar en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario».

Después de la noticia de Cargill, Riopaila, Mónica Semillas y las demás empresas acaparadoras cayeron en efecto de dominó. Sin embargo, para justificar la ilegalidad sus abogados argumentaron que la restricción de asignación de baldíos en grandes extensiones que establece la Ley 160 no podía cubrir a las tierras que fueron adjudicadas antes de 1994, cuando se promulgó la Ley. Además, haciendo uso de la premisa “lo que no está prohibido está permitido”, dijeron que si en el certificado de Libertad y Tradición de los baldíos no se especificaba que no se podían adjudicar, entonces esas tierras se podían acumular.

Las Zidres y la paz

Con la coyuntura de paz, el inconformismo que dejaron las Zidres ha aumentado. Múltiples personajes de la oposición y la academia han coincidido en afirmar que «las Zidres van en contravía de lo que se pactó en La Habana», entre ellos el senador Iván Cépeda, el representante Alirio Uribe y el mismo ‘Pablo Catatumbo’, guerrillero de las Farc. Sin embargo, Jorge Enrique Robledo, el más acérrimo opositor de las Zidres en el Congreso, discrepa.

Lo que se acordó en La Habana sobre agricultura quedó consignado en la Reforma Rural Integral, el primer punto de la agenda. Según reza el documento, la reforma pretende lograr «la transformación estructural del campo, erradicar la pobreza rural, democratizar el acceso a la tierra y regular la concentración de la misma». Para lograrlo, el Gobierno y las FARC-EP plantearon varias medidas, entre ellas, crear un Fondo de Tierras de distribución gratuita para las comunidades vulnerables o azotadas por el conflicto. Sin embargo, de acuerdo al senador Alberto Castilla «la Ley podría representar ser un obstáculo para ese Fondo de Tierras para la Paz, porque los terrenos baldíos se priorizarán para las Zidres y no para el fondo «.

Pero el debate de las tierras para el Fondo se agrava al revisar cuáles son los terrenos que podrían constituirlo. Según el acuerdo de La Habana, se nutriría de los baldíos apropiados ilegalmente y las zonas inexplotadas con vocación agrícola, sin embargo, hay dos razones por las cuales definir las tierras que alimentarán ese fondo será una labor titánica.

Primero, el Gobierno hace años está en mora de hacer un catastro para saber con certeza cuántos baldíos tiene y de cuántos dispone para el Fondo de Tierras para la Paz; sin embargo, un informe de Verdad Abierta asegura que no de muchos «Hay muchos terrenos que ya están comprometidos para reparar y restituir a las víctimas del conflicto, y otros embolatados por procesos administrativos o judiciales. Si se suman la disponibilidad de tierras, por ahora el Gobierno sólo tiene 525 mil hectáreas que están en el Fondo Nacional Agrario. Si el Incoder llega a recuperar los predios de origen baldío habría otras 378 mil hectáreas. Y si la Sociedad de Activos Especiales logra disponer de 209 mil hectáreas de los inmuebles rurales que hay bajo su administración, entonces el Estado sólo tendría un millón 100 mil hectáreas para alimentar el Fondo de Tierras para la Paz»; una cifra insuficiente.

A ese panorama se le añade algo peor: la concentración de la tierra, que en Colombia es abrumadora. Según Daniel Libreros, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, «el 1% de las familias ricas en el campo concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir». En síntesis: las posibilidades de nutrir el fondo se reducen, y por la poca diligencia del Gobierno para seguirle el paso a concentradores y la gran cantidad de ‘abogados sofisticados’ que los asesoran, como la firma Brigard & Urrutia, es posible que ese Fondo de Tierras quede en veremos.

Pero a pesar de las críticas del impacto negativo de las Zidres para la Reforma Rural Integral de La Habana, Alejandro Reyes Posada, asesor de ese acuerdo, ha argumentado que la ley, en vez de representar una contradicción, va en dirección al enfoque territorial que planteó en ese punto.

¿De qué se trata el enfoque? de reconocer que cada territorio tiene condiciones geográficas, económicas y sociales distintas, y que las medidas para combatir los problemas agrarios de cada zona deben plantearse pensando en esas características específicas. En ese sentido, si se piensa en políticas agrarias para la Altillanura, no se pueden soslayar las condiciones difíciles que caracterizan su suelo. Según Reyes Posada, «para que un campesino pueda desarrollar esa tierra necesitaría invertir al menos 10 millones de pesos por hectárea», o sea, le es casi imposible.

Pero desde 1994, con la Ley 160, se estipuló que los baldíos se repartirían por Unidades Agrícolas Familiares y no por hectáreas simples, esto para que el número de hectáreas que constituyan una UAF le garantice al campesino un ingreso que le permita subsistir. Como ya dijo Reyes, las condiciones de los suelos en algunas regiones son más complicadas que en otras, de manera que la extensión de las UAF es mayor en esos suelos improductivos. Para la Altillanura, las UAF son de 36 a 1.700 hectáreas. Por ende, asegura Reyes, «el campesino necesitaría al menos 36 millones de pesos para desarrollarla, y lo más seguro es que Luis Carlos Sarmiento Angulo no se los preste».

El argumento de la inversión excesiva en suelos difíciles lo repitieron hasta el cansancio los promotores las Zidres en el Congreso, y a su paso la oposición citaba los estudios de Jaime Forero, que demostraron que sí se podían producir esas zonas con los casos exitosos de 10 familias que lograron desarrollar sus proyectos productivos en Puerto López, Meta. Empero, para los defensores de las Zidres los estudios quedaban cortos, teniendo en cuenta que la extensión de la que hablaban los estudios era mucho menor a la que contemplan las UAF.

Durante los debates la Ley de Zidres terminó por conocerse como una Ley para la Altillanura. Sin embargo, faltando pocos meses para promulgarse, el gobierno le añadió una bobadita «las Zidres no solo serán en la Altillanura sino en cualquier zona del país alejada de los centros urbanos, sin infraestructura, con baja población y con condiciones agrológicas y climáticas adversas».

El mayor problema de la Ley no es que le permita a los grandes acceder a las tierras, sino que históricamente las políticas se han diseñado pensando en ellos y cada vez queda menos tierra para los campesinos. «Las zonas fértiles del país ya están concentradas en manos de los grandes, por eso cuando se habla de tierras para el campesinado de piensa en la periferia improductiva, como la Altillanura» dice Alberto Castilla, y con eso toca el punto clave del debate.

El Gobierno, a pesar de que conoce esa realidad, de un lado promete una Reforma Rural Integral en La Habana y del otro continúa promoviendo normas en beneficio de la agroindustria, pero ante las necesidades agrarias de los campesinos permanece inmóvil. Sin embargo, no hay lugar a esa queja porque, como argumentan los leguleyos, nada está acordado hasta que todo esté acordado.

El Ecléctico