Tan extendido se encuentra el vínculo de las empresas transnacionales con el paramilitarismo que bien podría afirmarse que si el presidente Santos expulsara a las multinacionales que han financiado el paramilitarismo, en Colombia no quedaría capitalista alguno vinculado a la guerra sucia.
Bernardo Peñalosa*
Lamentablemente en nuestro país, sigue vigente la historia infame de la relación del paramilitarismo con distintos empresarios y gobiernos, que por acción u omisión no solo facilitan su creación y promoción sino, a su vez, con distintas empresas transnacionales, actúan con exclusividad en la industria del petróleo, y también en otras ramas de la economía. Entre las más identificadas, al respecto, tenemos la minería, la agroindustria y, fundamentalmente, en aquellas con presencia de capitales extranjeros y cuyas inversiones provienen de conocidos paraísos fiscales usados por las transnacionales para evadir impuestos, saquear nuestros recursos naturales; pero de cuyas ganancias solo nos queda una miseria de regalías como contraprestación económica, que conduce a pensar, que resultan más bajas la regalías, que el impuesto que pagan los ciudadanos.
Sin embargo, con qué cinismo el presidente Santos, en un Consejo de Seguridad que se realizaba en Arauca, en alguna ocasión, anduvo muy absorto, porque un contratista de una de las petroleras “le había hecho un pago por extorsión a las FARC-EP”. De ser cierta tal acción, anunciaba el mandatario, esa empresa la vamos a retirar del país. ¡Y nada pasó! Como todos sabemos, según el decreto 002 de las FARC-EP, le cobran a todas las empresas, nacionales o extranjeras, que operen en el territorio que ellas controlan o donde tienen influencia, el diez por ciento de las ganancias, si son superiores a un millón de dólares anuales.
Frente a esos hechos, Santos no ha dicho nada, ni cuando fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe, ni ahora que es presidente, de aquellas multinacionales que, sin necesidad de ser “extorsionadas”, han financiado directamente y de buena gana el paramilitarismo, a pesar de tantas denuncias y demandas existentes.
Veamos algunos ejemplos: “…la condena de un juez estadounidense a la empresa Chiquita Brands, sucesora de la odiada United Fruit Company, responsable de las masacres de las bananeras en Ciénaga (Magdalena) en 1928. La cual confesó y ha sacado a la luz revelaciones sobre la forma como financió, por varios años, las masacres perpetradas por las bandas de los hermanos Castaño en Urabá. Además, la participación de Chiquita en la traída de más de 3.000 fusiles AK-47 y cinco millones de municiones para estos paras, hasta el año 2001. En esta forma, Chiquita no solo mantenía un ejército privado en sus límites territoriales, sino que criminalizó las relaciones laborales y silenció a decenas de activistas sindicales para impedir las exigencias de los trabajadores bananeros”.
Son bien conocidos los lazos de Coca-Cola con Nestlé; y de ellas con paramilitares y sectores de la fuerza pública para amenazar o asesinar dirigentes sindicales de Sintrainal, como denunciara en reiteradas ocasiones el sindicato de estas empresas.
Existen nutridas denuncias, además, contra otras empresas multinacionales por su apoyo al paramilitarismo y por el “presunto” uso de sicarios para asesinar sindicalistas; como el caso de Dole Food, aunque una corte de los Ángeles en Estados Unidos, desestimó el caso. Sin embargo, el proceso no está cerrado y se espera que las víctimas sigan presionando.
Sobre los intereses económicos del paramilitarismo y su tejido de relaciones con las bananeras de Urabá, lideradas por Chiquita Brands y Banadex, tenemos el caso Del Monte en la agroindustria. Igualmente, se conocen las denuncias que han llegado hasta el parlamento inglés contra la petrolera British Petroleum Co, por la presunta utilización que hacen de bandas paramilitares que siembran el terror en sus zonas de explotación.
Otro tanto, han hecho las empresas petroleras Standard Oil, Oxy (petrolera en Arauca) o Petrobras (Multinacional brasileña); de quienes se dice contratan matones y sicarios para intimidar o asesinar a los sindicalistas y trabajadores, sobre todo cuando se busca por ellos, discutir con las empresas petitorios que contienen mejoras laborales.
Las inversiones de las transnacionales en la gran industria minera, como las carboníferas de El Cerrejón, implantadas en el territorio a punta de paramilitarismo, violencia y desplazamiento; son explotadas por Bhp Billiton, Angloamerican y Xstrata.
“Un tribunal de EE.UU. ha aceptado la viabilidad del testimonio de Rafael García, antiguo funcionario del DAS, quien ha revelado la asociación criminal entre la empresa Drummond, que explota por concesión el carbón de la Guajira y la tenebrosa banda de “Jorge 40”; García fue testigo presencial de la entrega de una alta suma de dinero a este grupo, para que asesinaran a tres dirigentes de Sintraminenergética”, sindicato que agrupa a los obreros del carbón. Por su parte, la empresa automotriz Hyundai suministraba la vinculación entre las empresas transnacionales y los grupos armados paramilitares, que no es siempre evidente. Un primer dato, que no es casual, es la considerable coincidencia entre el mapa de los recursos naturales valiosos de Colombia, el mapa de implementación de las grandes empresas multinacionales y el mapa de las zonas controladas por los grupos paramilitares” indican las investigaciones.
Tan extendido se encuentra el vínculo de las empresas transnacionales con el paramilitarismo que bien podría afirmarse que si el presidente Santos expulsara a las multinacionales que han financiado el paramilitarismo, en Colombia no quedaría capitalista alguno vinculado a la guerra sucia, la cual es en Colombia un mecanismo de acumulación de capital, donde la violencia es parte normal de los negocios, la riqueza regada por sangre campesina y popular prolifera. Tal y como ocurrió con los cerca de 5.000 asesinatos de los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (1985 a 1996), o, las 62 masacres, los asesinatos de 3.000 personas y el desplazamiento de 60.000 personas más entre 1997 y 2007.
* Economista e investigador del CEIS.
