Con el aporte de las víctimas, Gobierno, juristas y ONGs se construye una normativa que permita el diálogo y sometimiento de las diversas estructuras armadas ilegales, que actúan en campos y ciudades
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Las diferentes violencias que enfrenta el país, varias de ellas derivadas del narcotráfico, el paramilitarismo y el incumplimiento estatal al Acuerdo de La Habana han producido un panorama complejo, que dificulta las negociaciones y el sometimiento judicial de las diferentes estructuras armadas, en pro de una paz total, como lo ha propuesto el Gobierno nacional.
Para facilidad en los procesos de diálogos sociojurídicos, negociación o sometimiento desde el Ministerio de Justicia se ha clasificado a las estructuras armadas en diversas categorías: Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, GAOML, con fines políticos, control territorial y estructuras armadas; asimismo, están los Grupos Armados Organizados, GAO, que no tienen fines políticos claros y están dedicados principalmente al crimen organizado; y, las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, EAOCAI, que son bandas o combos urbanos y sin fines políticos.
Ahora bien, en la Comisión primera de la Cámara de Representantes se ha presentado un proyecto de ley, que busca establecer un marco jurídico para avanzar en los procesos de sometimiento y desmantelamiento de estas estructuras.
Autoría y propósitos
Inicialmente, se han realizado audiencias de recolección de propuestas y de socialización del proyecto de autoría del ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre; el ministro del Interior, Armando Benedetti y el representante a la Cámara, Ermes Evelio Pete Vivas, como la realizada el 28 de agosto en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Se han escuchado víctimas y expertos juristas.
En su intervención, la senadora Isabel Zuleta, quien ha participado en acercamientos con estructuras armadas de esa ciudad, justificó la necesidad de esta ley argumentando que se ha comprobado que no funciona el sometimiento individual, ya que ha llevado a la cárcel a los principales actores de violencia, sin embargo, esta continúa: “Eso quiere decir que la política criminal ha sido un fracaso, porque si no, no tendríamos las cárceles hacinadas”.
Agregó que los centros de reclusión del país son el foco de mayor generación de violencia: “Las cárceles no resuelven el problema de las violencias urbanas”.
La senadora Zuleta explicó que la paz urbana, como apuesta del Gobierno nacional, es la salida por medio del diálogo a las violencias que se viven en las ciudades.
Soluciones simultáneas
Rubiel Vargas, director ejecutivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, al ser consultado por VOZ comentó que el proyecto responde a demandas de sectores sociales y étnicos que exigen reparación territorial y justicia restaurativa, e intenta dar solución simultánea a conflictos armados rurales y violencias urbanas: “Es decir, estructuras criminales y bandas. También incluye procesados por protesta social, lo que introduce un debate sobre criminalización de la protesta y garantías democráticas”.
Sobre este último ítem, la presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, Yessika Hoyos Morales dijo a VOZ que debe haber un mayor énfasis en la diferenciación entre quienes participaron en disturbios públicos, en ejercicio del derecho a la protesta social porque en los últimos artículos del proyecto hay un tratamiento penal especial para ellos: “Sin embargo, creemos que hay que motivar y aclarar que el hecho de que allí se incorporen estos artículos, no quiere decir que se está comparando a las personas que participaron en disturbios con grupos armados”.
Por otra parte, el representante a la Cámara, Jorge Alejandro Ocampo, en la audiencia de Medellín indicó que las muertes en ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, entre otras, superan las muertes del conflicto armado, entendido este como la confrontación con grupos ilegales en las zonas rurales; lo que demuestra la necesidad de una normatividad que permita avanzar en los diálogos urbanos.
Inversión social
Ocampo adujo que quienes dirigen actualmente las organizaciones violentas de los centros urbanos, son jóvenes reclutados cuando tenían 13 o 14 años de edad, lo que demuestra que es un conflicto histórico con causas económicas y por la ausencia del Estado.
En consecuencia, los procesos serán exitosos en la medida que los grupos cumplan, abandonen el microtráfico y no incidan con violencia en las comunidades, asimismo, que el Estado también cumpla con inversión social.
Ocampo manifestó que el proyecto busca para grupos armados como el ELN unas políticas de negociación; para grupos urbanos como los de Medellín, Cali, Buenaventura o Barranquilla una ley de sometimiento a la justicia; y una salida a muchos jóvenes que en el estallido social protestaron por sus derechos y los de muchos colombianos y que actualmente tienen problemas jurídicos.
“Si esto no viene acompañado de educación, empleo, cultura, generación de ingresos y recreación estamos diciendo mentiras porque donde no llega el Estado llega el delito”, concluyó.
A su vez, en la audiencia Alirio Uribe, coordinador ponente del proyecto, reveló que este no crea una nueva jurisdicción, sino que habrá capacitaciones a jueces, procuradores y fiscales para que desde la justicia ordinaria se pueda implementar: “Ese marco jurídico es exitoso si logramos balancear los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, con mecanismos jurídicos que estimulen la dejación de armas, la entrega de bienes y la desaparición de las estructuras ilegales”.
Uso legal, venta ilegal
Asimismo, Uribe calificó de absurda la contradicción sobre la legalidad del cannabis de uso individual, la dosis familiar, la dosis de aprovisionamiento, porque la misma ley le dice a la gente que compre el cannabis a la mafia o a los grupos armados ilegales.
Yessika Hoyos reconoce el propósito del proyecto, pero comenta que hay que darles una mayor relevancia a las víctimas para garantizar su participación e interponer recursos en caso de ser necesario: “En materia de investigación y esclarecimiento de la verdad, es necesario que detalle la responsabilidad de servidores públicos e instituciones que hayan facilitado la comisión de delitos. Y, una mayor definición sobre los particulares con roles decisivos y determinantes, porque si no, se corre el riesgo de reproducir antecedentes de impunidad”.
Finalmente, Alirio Uribe, concluye: “El proyecto recoge buenas prácticas de procesos anteriores en materia de verdad y justicia, con el propósito de desmantelar economías ilícitas, garantizar la centralidad de las víctimas y abrir caminos de reconciliación en territorios donde hoy persisten grupos armados y bandas criminales”.
